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VI Y ÚLTIMA ENTREGA

El Ejército de Nicaragua se ha convertido desde 1990, al finalizar la guerra civil de los años ochenta, quizás en la más sólida profesional institución estatal del país. Innumerables encuestas de opinión pública colocan a las institutción en una respetable posición de credibilidad dentro de la sociedad nicaragüense.

Por ello cabe preguntar: ¿Qué profundo interés motivó a una institución tan sólida a involucrarse en un acto de dudosa legalidad como es la adquisición irregular de una propiedad a una humilde familia de campesinos?

EL NUEVO DIARIO reveló la participación de familiares y funcionarios de altos grados militares dentro del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), brazo financiero del Ejército de Nicaragua, en un oscuro proceso para adquirir mediante terceras sociedades una propiedad que pertenecía a la familia de campesinos Urbina Rivas, de Esquipulas, Managua.

50 millones de razones

La respuesta a la interrogante se encuentra en las inversiones del IPSM: el órgano financiero del Ejército administra una cartera multimillonaria en varias entidades mercantiles, incluyendo notoriamente el crecimiento en los últimos años de las inversiones de esa institución en el negocio de las urbanizaciones en todo el país.

Según el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, el IPSM tiene bajo su cargo la administración y asistencia social de los miembros del Ejército y de sus familias, mediante la participación en operaciones bursátiles y sociedades económicas, operación de planes de ahorro y pensiones complementarias; préstamos hipotecarios para viviendas y “cualquier otro plan de asistencia y mejoramiento social que autorice la administración”.

“Las empresas que pertenecen al IPSM, conforme la ley, están autorizadas a llevar este tipo de contratos para desarrollar urbanizaciones, como es el caso de Obrinsa, y como es el caso de Innicsa, que es una desarrolladora de bienes”, dijo el teniente coronel Félix Palacios Bragg, Director Jurídico del Instituto, envuelto en el conflicto por las tierras de los hermanos Urbina Rivas.

En el terreno, literalmente, los militares tienen participación activa en proyectos comerciales de banca y servicios, zonas francas, seguros, servicios de seguridad y acciones en proyectos de vivienda, empresas de la construcción, ferretería y distribución de materiales de edificaciones, entre otros proyectos, como un hotel de playa en San Juan del Sur.

En una entrevista cedida al Semanario Confidencial en diciembre de 2004 por el general Adolfo Chamorro Téfel, entonces y hasta hace algunos meses director ejecutivo del citado Instituto, el alto militar ahora en retiro confirmó la participación del órgano financiero en estos negocios, y reveló que la cartera de inversiones manejada por el Ejército supera los 50 millones de dólares.

Inversiones han crecido

Según un alto ex funcionario del Ministerio de Defensa y otrora miembro de la Junta Directiva del IPSM, la cifra de inversión del IPSM en el sector podría haber aumentado hasta en un 20 por ciento en los últimos dos años, debido a la proliferación de proyectos de construcción en los que el Ejército ha invertido.

La fuente explicó que el IPSM se involucra en los proyectos mediante la participación accionaria en sociedades y entidades comerciales constituidas, y que en algunos casos el Instituto administra ciertos proyectos porque son entidades exoneradas y no puede, por tanto, figurar como dueño por estar prohibido.

De acuerdo con el Código Militar, la ejecución y administración de la previsión social militar estará a cargo del IPSM, cuya personalidad jurídica se otorga por el mismo Código y opera sin fines de lucro. Tiene una duración indefinida, patrimonio propio, y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Según la versión que Chamorro Téfel dio en entrevista al citado semanario, el rubro de la construcción del IPSM se encuentra agrupado en la llamada Unidad de Producción.

Desde un clavo…

En esa unidad, el IPSM posee inversiones en las siguientes empresas: Ferretería Técnica Sociedad (Fetesa), Obras de Ingeniería Sociedad Anónima (Obrinsa), Promesa (metalurgia), Constructores Nicaragüenses Asociados (Coniasa), Industrias Toros S.A. (Intosa, tenería y fábrica de botas para el Ejército), Industrias de Clavos y Alambres (Incasa), Materiales y Construcciones (Mayco S.A.), Compañía Metropolitana de Seguros S.A., y cementos Holcim.

La parte de las inmobiliarias, otro rubro que ha desarrollado el IPSM dentro de bienes raíces, está agrupada en la sociedad Inmuebles Nicaragüenses S.A. (Innicsa), pero igual tiene acciones en otras sociedades de desarrollos urbanísticos, como Inversiones Guardabarranco, Desarrollos Monte Verde, Desarrollos 123, y otros inscritos en la Cámara de la Construcción Nicaragüense.

Entre los proyectos de vivienda que han sido manejados y administrados bajo la figura de Innicsa, figuran residenciales para diversos sectores sociales como Altos de Nejapa; Altos de Santo Domingo; Altos de Motastepe, y antes Villa Tiscapa.

Actualmente, Innicsa desarrolla proyectos urbanísticos que van desde los 15 mil hasta los 200 mil dólares en todo el país. Entre los proyectos ofrecidos por esta industria figura un edificio de lujo frente al mar, en las costas de San Juan del Sur, conocido como Condominio La Talenguera, donde los departamentos se cotizan hasta en 200 mil dólares o más, según las extras que pida el cliente.

Otra proyecto de lujo es Le Papillon, ubicado frente al kilómetro 8 Carretera a Masaya. El proyecto se ofrece como una torre de siete pisos más sótano de estacionamiento y azotea, casa club, piscina, área de recreación y gimnasios. Los precios ahí superan los 70 mil dólares por apartamentos de entre 140 y 169 metros de construcción.

Plata hasta en el mar

Otros proyectos de menor cuantía son Las Delicias, un proyecto de 871 viviendas de entre 60 y 70 metros de construcción, ubicado en Carretera Norte, con precios arriba de los 30 mil dólares.

Además, poseen acciones en las sociedades que desarrolla Residencial Vista Verde, prevista a desplegarse en la propiedad de 31 manzanas que otrora perteneció a la familia Urbina Rivas.

También están Residencial Las Veraneras, en Managua, con ofertas de viviendas desde 45 mil dólares a más, en la reserva boscosa donde fue la antigua base militar Mokorón, en la Colonia “Miguel Bonilla”, propiedad bajo custodia del IPSM.

Igualmente, poseen la administración de proyectos de viviendas sociales en Altos de Motastepe, Praderas de Xiloá, y otros similares fuera de Managua como Dirianés y La Esperanza, en Chichigalpa, y otros en Metapa y Masatepe.

Otra inversión de los militares es un proyecto ubicado en la zona costera de San Martín, Tola, donde se ofrecen casas de playa para vacacionar, al igual que el proyecto Bella Vista, en Guasacate, Tola.

El IPSM también creó la sociedad Delfinsa, para remodelar casas antiguas con fines turísticos en San Juan del Sur, y convertirlas en hoteles de playa.

Varios conflictos por tierras

La participación del IPSM en sociedades que desarrollan actividades relacionadas con la construcción de repartos y urbanizaciones, los ha llevado a disputar tierras no sólo en casos como el de la familia de los hermanos Urbina Rivas.

Según diversas publicaciones, el Ejército ha entrado en conflicto y ha sido demandado por privados y entidades estatales.

Al lado de Occidente, la institución castrense tiene problemas de propiedad con la familia Abohasen, en una disputa por unas 30 manzanas enfrente del mar en Puerto Sandino, y también mantiene un litigio por unas 40 manzanas ubicadas en el municipio de Ciudad Sandino, de acuerdo con campos pagados publicados por la señora Celia Alvarado.

Al sur de Nicaragua en las bellas y polémicas playas del municipio de Tola, Rivas, han sido sometidos a proceso de revisión por parte de las autoridades locales por la construcción en zonas protegidas, lo que podría causar posibles daños ambientales en Playa San Martín. Estas tierras habían sida arrendadas irregularmente al ex director Ejecutivo del IPSM, general Adolfo Chamorro Téfel, pero esos contratos fueron denunciados de nulidad por la Contraloría General de la República.

Fue el mismo Chamorro Téfel al que el procurador ambiental de Bluefields, Wilbert Ibarra Blanco, denunció de construir en suelos no autorizados o de riesgo, poniendo en peligro el medio ambiente en el sector de Water Kay, un bello islote precioso de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Los cayos eran ofrecidos en internet por el griego Peter Tsokos.

La asociación de vecinos de la Colonia del Periodista, en Managua, también denunció y entró en disputas con las Fuerzas Armadas, por la posesión de amplios terrenos que el Ejército reclamó como suyos.

Sobre la propiedad en disputa se construyeron dos edificios: Ofiplaza, y un centro comercial en un costado de la rotonda del Periodista.

El Ejército también fue demandado por la familia Gallard Prío por una propiedad de 31 manzanas llamada San Martín de Porres, ubicada en la comarca Jocote Dulce, al sur de Managua. En la mayoría de los casos las sentencias y resultados han sido favorables al cuerpo armado.


Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas:
“Ejército debe investigar a profundidad”

Carlos Arroyo Borgen, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), señaló que el caso “Operación Esquipulas”, revelado esta semana por EL NUEVO DIARIO, dejó en evidencia la necesidad de fortalecer el control civil sobre las operaciones económicas y mercantiles del Ejército de Nicaragua.

Arroyo, coordinador del área de Seguridad y Defensa Nacional del Ieepp, aclaró que si bien las Fuerzas Armadas tienen derecho a obtener beneficios a partir de diversas actividades económicas para garantizar los fondos de pensiones de los oficiales retirados, “hay que tener cuidado de que esto no se convierta en una práctica generalizada que desvirtúe la función primaria del Ejército”.

“Este caso (Operación Esquipulas) ha evidenciado la necesidad de fortalecer el control y el liderazgo civil en la supervisión de la institución militar. Y es que es importante resaltar que no se puede seguir operando bajo el principio de la autorregulación, que el Ejército respeta la ley, que el Ejército actúa siempre apegado a la ley”, afirmó.

¿Defender la soberanía o defender sus negocios?
Recordó que la misión del Ejército desde su creación, ha sido “salvaguardar la integridad territorial y la soberanía del país”. “Y es una institución del Estado que recibe fondos públicos, y tiene que administrar de forma eficiente y transparente esos recursos, porque son recursos que vienen de nosotros, de nuestros impuestos”, enfatizó.

Según Arroyo, el Ejército tiene que ser muy cuidadoso y saber escoger entre mantenerse como una “institución totalmente apartidista”, “respetuosa de la ley” y “transparente”; o bien dedicarse cada vez más a actividades económicas “donde se mezcla con intereses ya particulares y demás”.

Indicó que el IPSM se ha ido posicionando fuertemente en diversos sectores económicos, incluyendo la construcción, por medio de empresas que inclusive cubren todos los ramos del negocio.

“Acordate que todo es un sistema. Y las piezas de ese sistema operan de forma cíclica. Es decir: Si vos tenés una ferretería allí, tenés para proveer materiales de construcción, desde clavos hasta zinc”, puntualizó.

“Tenés una empresa constructora que es la que tiene la maquinaria, la que mueve el terreno. Tenés urbanizadoras, que es la que te comercializa las viviendas. Tenés un banco, que es el BDF, que es el que te hace préstamos. En la actividad de la construcción, el Ejército ya ha incursionado, y creo que ni ellos mismos lo niegan”, afirmó.

Auditoría interna en caso Palacios Bragg

Arroyo señaló que la participación directa del teniente coronel Félix Palacios Bragg, Director Jurídico del IPSM en la contratación irregular de empresas vinculadas a dicha entidad para realizar el proyecto de urbanización en el caso de los hermanos Urbina Rivas, amerita una auditoría interna en el Ejército.

“Eso debería ser sujeto de una investigación seria y a profundidad dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Una auditoría. Porque allí es necesario aclarar hasta dónde llega la acción a nivel individual, o en asociación con uno, dos o tres funcionarios del Instituto. Y hasta dónde puede haber una dirección institucional”, explicó.

Según Arroyo, las operaciones empresariales del Ejército a través del IPSM se deben efectuar con base en la legalidad, en la transparencia, y respetando la igualdad de competencia.