•  |
  •  |
  • END

Economistas nicaragüenses consideran que los países centroamericanos deben poner en la mesa de negociación del acuerdo de asociación con la Unión Europea, el tema de la ley anti inmigrantes que aprobó hace unos días el Parlamento europeo, para tratar de conseguir algún trato diferenciado para los originarios del istmo.

En el caso nuestro, unos cinco mil compatriotas corren peligro inminente de ser deportados, principalmente de España.

La ley llamada Directiva de Retorno, aprobada por los europeos hace pocos días, regula la detención y expulsión de inmigrantes ilegales en los 27 países que conforman el bloque de la Unión Europea, UE.

La iniciativa permite la detención de los inmigrantes ilegales en centros especiales hasta por seis meses, ampliables a un año y medio, en caso de que éstos se nieguen a dejar el territorio europeo de forma voluntaria en un plazo de 30 días.

España es nuestro tercer destino

España se convirtió en el segundo destino de los migrantes latinoamericanos y el tercero de los nicaragüenses que buscan mejores oportunidades de empleo, según un estudio reciente de Manpower, una firma especializada en recursos humanos.

Para el economista Sergio Santamaría, Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Asesoría Socioeconómica, Cinase, la aplicación de dicha legislación probablemente no tenga mayor impacto económico en Nicaragua, ya que el envío de remesas desde ese continente no es tan alto como el que proviene de Estados Unidos y de Costa Rica, los dos primeros destinos de los nicas.

Sin embargo, consideró que Centroamérica puede aprovechar la negociación del acuerdo de asociación con la UE para lograr alguna moratoria o algo parecido al TPS (Estado de Protección Temporal) que se acordó con Estados Unidos para los ilegales que habían entrado al país norteamericano antes del huracán Mitch.

Santamaría estimó que unos 5 mil nicaragüenses han emigrado a Europa, principalmente a España, y la mayoría estarían en peligro de deportación.

Tras la deportación, a los inmigrantes se les prohibirá entrar a cualquier país del bloque europeo durante los siguientes cinco años, de acuerdo con la nueva normativa.

La Directiva de Retorno permite también la detención y repatriación de menores sin compañía, con la condición de que el país que los expulse garantice que algún familiar o institución se hará cargo de los niños en su país de origen.

Santamaría señaló que como la crisis es mundial, los países tienen mayor presión por demanda de servicios y puestos de trabajo, y eso está obligando a Europa a tomar medidas como la aprobación de la Directiva de Retorno.

Y aunque se sabe que los latinos realizan trabajos que los europeos no quieren hacer, el economista explicó que estos países tienen más tratados comunitarios con sus colonias, las cuales son favorecidas en muchos aspectos.

Acción desproporcionada

Mario Arana, Director Ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, consideró desproporcionado el trato que los europeos pretenden dar a los inmigrantes.

Coincidió con Santamaría en que a través de las negociaciones del acuerdo de asociación, uno de los temas a abordar debe ser el de la migración, para que haya algún tipo de presión sobre este punto.

Arana recordó que la embajadora de la UE ya expresó que estarían abiertos a considerar discutir este tema en las negociaciones que llevan a cabo con Centroamérica.

El economista afirmó que hay muchos nicas que están optando por irse a España, algunos por razones económicas, y, obviamente, para mucha gente es una manera de salir de la pobreza.

Consideró que el impacto que buscan los europeos es disuadir a los migrantes para que eviten viajar a esa región, “es bastante reprochable que estén buscando ese tipo de posturas”, dijo.

Agregó que muchos nicas que estaban optando por migrar a países europeos, van a pensarla dos veces antes de irse, por las consecuencias que van a enfrentar.

Se estima que la Unión Europea expulsaría a unos 8 millones de inmigrantes ilegales con la nueva ley, aunque desde hace años viene realizando numerosas deportaciones, pero la nueva legislación considerará el no tener papeles de residencia, un delito mayor al hurto y la violación.