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El diputado Agustín Jarquín demandó ayer al Parlamento Europeo revisar el endurecimiento de medidas migratorias aprobadas el pasado miércoles en contra de los extranjeros indocumentados en el continente europeo, porque de lo contrario la UE estará exacerbando el odio racial.

La solicitud del legislador Jarquín fue a través de una carta que ayer envió a la embajadora de la Unión Europea en Managua, Francesa Mosca, a la que le manifestó su preocupación porque ahora con las disposiciones, a los ciudadanos indocumentados se les califica como “criminales”.

Dice el legislador que la medida aprobada por sus colegas europeos “es altamente preocupantes, “pues afectará sensiblemente la dignidad humana de miles de emigrantes de países pobres tratándolos como delincuentes a pesar de que no son criminales”.

Además, las disposiciones exacerbarán los ánimos xenófobos de sectores chauvinistas de varios países de Europa, los que a pesar de ser minoritarios son peligrosos, pues usan la violencia como un recurso para ellos legítimo.

“También esta normativa contradice los postulados de referencia establecidos en el “Acuerdo de Asociación UE-CA” que en una de sus partes expresa “promover valores comunes entre ambas regiones, tales como el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales, teniendo como objetivos promover la cohesión social y la integración regional”.


Europeos están sembrando el odio
Agrega Jarquín que dicha normativa fomentará antivalores como el odio, el fanatismo y la intolerancia, y distanciará a los ciudadanos europeos de la identidad con la ansiada meta de “crear un mundo más equitativo, humano y solidario”. Como tampoco ha ocurrido en Estados Unidos de Norteamérica, este “muro xenófobo jurídico normativo” no tendrá efectos positivos en pro de la seguridad de Europa, como tampoco lo ha tenido ese otro “muro xenófobo de piedra y electrónico” que ese país norteamericano construye en su frontera sur con América Latina.

En aras de la dignidad humana, de la justicia social y de las mejores relaciones de los países europeos con América Latina y África, “pedimos por su medio a los diputados del Parlamento Europeo que se revise la citada normativa dejándola sin efecto de aplicación”.

Conservadores y liberales del Parlamento Europeo aprobaron el miércoles la directiva que permite detener a inmigrantes indocumentados hasta por 18 meses y su posterior expulsión.