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El fiscal regional Gerardo Suárez Fuentes presentó ayer una acusación “tibia” y confusa ante el juzgado de audiencias de Bluefields, contra los policías José Miguel Romero Corea y Feliciano Jesús Rodríguez Chavarría, lo mismo que el soldado del Ejército, Wilfredo Adrián Reyes.

Ellos son señalados de haber participado en la masacre de tres campesinos el 21 de mayo pasado en la finca “El Encanto”, ubicada en la comunidad de El Pavón, municipio de Laguna de Perlas, Región Autónoma Atlántico Sur.

Los policías Romero y Rodríguez fueron acusados como coautores el delito de homicidio en perjuicio del mandador de “El Encanto”, Wilfredo o José Miguel Salazar. Mientras que el soldado Reyes fue acusado por el mismo delito en perjuicio del campesino Santos Reyes.

“El Ministerio Público decidió no acusar al soldado Rodolfo Eleuterio Sandoval por la muerte de Marvin Reyes porque actuó en defensa propia”, argumentó el fiscal Suárez. Además, se alega que del grupo de seis, tres policías y tres militares, dos no estaban armados, algo que se contradice con el testimonio de los sobrevivientes.

Nueva versión de oficiales

Según el libelo acusatorio, la patrulla combinada de la policía y el ejército llegó a “El Encanto” a investigar una denuncia de amenazas y tanto el mandador y como los trabajadores de la finca los apuntó con sus armas de cacería, mientras exigían que les enseñaran la respectiva orden de allanamiento a lo que respondieron los policías procesados, disparando más de 20 proyectiles a José Miguel Salazar, quien murió en el acto.

Tal versión contradice totalmente a la presentada oficialmente por el ejército al día siguiente de los hechos, en que se hablaba del choque armado con una banda delincuencial.

Con relación al soldado Wilfredo Adrián Reyes, relata que siguió a Santos Reyes y, a pesar de que él levantó las manos, le disparó a matar. Sin embargo, en el caso del militar Rodolfo Salazar, explica que éste cayó al suelo tras recibir un machetazo de Marvin Reyes y cuando vio que el agresor se preparaba para asestarle otra herida le disparó y mató en supuesta defensa propia.

Lavan la cara a los jefes

Ante las exigencias de familiares de las víctimas y activistas de derechos humanos de investigar a los mandos de los soldados y policías, para deslindar responsabilidades en la masacre, el fiscal Suárez explicó que los elementos probatorios “no indican que hubo participación u órdenes de altos jefes para actuar de esa manera”.

Para algunos juristas costeños la acusación es indulgente porque tiene todas las características de asesinato atroz y no de homicidio, como lo tipificó el Ministerio Público.

Trataron de ocultar matanza

La acusación del Ministerio Público contra dos oficiales de la Policía Nacional y uno del Ejército, implicados en la muerte de tres civiles en la finca “El Encanto”, demuestran que hay suficientes elementos para señalar que los oficiales de las instituciones mencionadas intentaron ocultar la extrema violencia con la que actuaron.

“La acusación es una reafirmación de que nuevamente el Estado, representado por las instituciones aludidas, violentaron el derecho humano a la vida. Por lo tanto esperamos que se haga justicia”, expresó Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, que ha dado seguimiento al caso.

Indicó que algo imperdonable es que oficialmente las instituciones primeramente mintieran sobre los hechos y no fue hasta que los afectados hicieron pública la matanza que la verdad dio a luz. Esto lo consideró un intento de burla del Estado contra la población y las víctimas de la violencia.

Por otra parte, el abogado dijo que en la acusación no hubo referencias de qué sucederá con quienes contaminaron la escena del crimen y la manipulación del juez suplente que intentó convalidar la acción de los oficiales armados en un intento por justificar la matanza, entre otras situaciones ante, durante y después de la matanza.

Asimismo, indicó que quedó consternado al conocer que al soldado herido de un machetazo y que mató a Marvin Reyes cuando huía, fue absuelto de cargos. Esto a pesar que los testigos señalan que antes de ser herido también disparó contra José Miguel Salazar.

“Considero que la decisión de decidir si fue o no la actuación del militar una acción en defensa propia debió ser dejada a un juez y no a la fiscalía. Esto por que los testigos lo vieron disparar contra Salazar, y después de ser herido disparó a matar contra alguien que trataba de salir de la casa”, indicó el jurista.

Interrogantes siguen en el aire

Mientras tanto, José Tránsito Ríos, uno de los tres copropietarios de la finca “El Encanto”, expresó que lo poco que conoce de la acusación lo supo por los medios de comunicación.

“Yo no conozco de leyes. Que se hagan esas acusaciones es algo positivo, pero nos gustaría que se fuera a fondo sobre el porqué el jefe policial envió a su gente sin orden de allanamiento. Sería bueno que se haga justicia, aunque también queremos saber cuál fue la verdadera motivación de la policía de la zona para enviar a nuestra finca a gente armada, esto a pesar que el denunciante contra nosotros tenía orden de captura y ahí lo sabían”.

Además, Ríos dijo tener la inquietud de qué pasará con los oficiales que llegaron a la finca y trataron de evitar que revelaran los hechos.

“Hay varias cosas que no entendemos. Desconocemos si esto se verá en el proceso del juicio o si simplemente lo dejarán en el olvido”.

A pesar de que en la acusación se dijo de que sólo cuatro oficiales estaban armados, Ríos recuerda que las personas sobrevivientes de la matanza, trabajadores de su finca, identificaron que todos los oficiales portaban armas y estaban dentro de la casa, elementos que le causaron extrañeza y que la fiscalía decidió dar mayor credibilidad a los agresores y no a las víctimas.