Luis Galeano
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Los contralores colegiados decidieron ayer por mayoría de votos no enterarse bajo qué condiciones el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) Roberto Rivas, viaja en un avión privado a Costa Rica, pues consideraron que se trata de un asunto de orden privado.

De esta decisión discrepó el colegiado Guillermo Argüello Poessy, quien votó en contra por considerar prudente que se debía conocer a fondo el caso, porque no existe un funcionario público en Nicaragua que tenga la capacidad de comprar una aeronave y darle el debido mantenimiento.

Argüello Poessy informó que la decisión la tomaron sus cuatro colegas sin su respaldo, porque Rivas y cualquier otra persona que decide ser funcionario público debe rendir cuentas y hacer públicos sus bienes.

¿Qué clase de servidor público?
“Mi tesis es que el que opta por ser servidor público, debe tener frente a la población abiertos todos sus bienes ¿por qué ocultarlos?, pero mis compañeros decidieron que se trata de un asunto privado y así se resolvió”, dijo Argüello Poessy.

Los colegiados tomaron esa decisión después que un medio escrito solicitó que se le proporcionara la declaración de probidad del titular del CSE y conocer si entre sus bienes figura una aeronave en la que constantemente se traslada de Nicaragua hacia Costa Rica y viceversa.

Rivas viaja en una avioneta Merlin con capacidad de seis a ocho personas. Los términos por medio de los cuales utiliza la aeronave son desconocidos, es decir no se sabe si la alquila, si es de su propiedad o si alguien se lo presta.

Conocedores del tema han dicho que el alquiler de una aeronave como ésta oscila entre los 900 dólares por hora/vuelo y 200 dólares por cada hora que el aparato se encuentre en tierra. A esto hay que sumarle los costos administrativos que aplica la Terminal aérea donde esté aterrizado el avión.

Ni siquiera respondió
Argüello Poessy, dijo que el presidente del CSE ni siquiera respondió a una carta que le enviaron en la cual le informaron que los medios de comunicación querían obtener una copia de su declaración de probidad y por lo tanto cumpliendo con lo que establece la Ley de Probidad, le estaban haciendo saber para que dijera lo que tuviera a bien.

“Yo creo que los servidores públicos tenemos que informar a la gente todo lo que tenemos y lo que no tenemos, pero el dictamen de la Dirección Jurídica señala que la solicitud de los medios de conocer la declaración de probidad de don Roberto Rivas con fines periodísticos, no son suficientes ni pertinentes para acceder a la petición”, explicó el colegiado.

Ese dictamen, de acuerdo al contralor, se hizo en base a lo que establece el artículo 22 de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, que establece que “el Consejo Contralor, previa revisión de los motivos en que se funda la solicitud (de toda persona natural o jurídica) y lo argumentado por el servidor público en caso de haber hecho uso de su traslado, establecerá si ésta presta mérito o no. Si presta mérito la declarará con lugar, señalando en la resolución para lo que puede ser utilizada la declaración y la información pertinente que ésta deba contener, la que se extenderá en copia certificada al solicitante, y se comunicará de tal resolución al servidor público aludido”.

Por ninguna parte se explica si los fines periodísticos son o no suficiente razón para que los contralores aprueben una petición de esta naturaleza.

“Si compran aviones, que me den la receta”

¿No les interesa a ustedes conocer si el señor Rivas usa fondos públicos para viajar en ese avión?
“El CSE es una entidad auditable, pero obligarlo a él a que haga pública su declaración de probidad no se puede, aunque yo soy partidario de lo contrario, porque ningún salario de ningún servidor público, nos permite comprar aviones. Los salarios que tenemos nos permiten vivir cómodamente, pero no comprar aviones y si no es así que me den la receta”.

Agregó que hasta donde entiende, Rivas tiene otras actividades por medio de las cuales podría obtener más ingresos, pero que desconoce el verdadero estado de las finanzas del titular del CSE, aun cuando él sí tiene facilidad de ver la declaración de probidad, pero que no lo hace “porque el mejor secreto es el que no se conoce”.

Extraoficialmente EL NUEVO DIARIO conoció que Rivas, quien se encuentra fuera del país, llamó ayer por la mañana a uno de los contralores para conocer la decisión que tomarían sobre el caso y que le aseguraron que todo estaba “controlado” y que por lo tanto no se preocupara.

En octubre del 2002 los colegiados cambiaron la presunción penal que se había establecido en contra de Rivas, por una responsabilidad civil o administrativa por malos manejos en los caudales públicos.