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La determinación de la fiscalía de no acusar al soldado Rodolfo Salazar que asesinó a Marvin Reyes, trabajador de la fina “El Encanto”, y declarar la acción en defensa propia, además de no responsabilizar a la jefes policiales y militares, fue muy criticado por organismos de derechos humanos quienes consideran que están haciendo “de Pilato” lavándoles las manos a las instituciones implicadas.

Así todo el operativo de “El Encanto” fue un ilícito desde el momento mismo en que un grupo conjunto de policías y del ejército fueron enviados por su superior a una misión y, sin orden de captura ni de allanamiento, estos terminan invadiendo propiedad privada y matando a tres civiles que legalmente laboraban en la finca.

Lo anterior es la perspectiva legal del doctor Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, quien recuerda que la convalidación del acto fue a destiempo, haciendo de todo lo actuado un acto delictivo y por tanto no cabía en la Fiscalía declarar un homicidio en defensa propia, en el caso del soldado Rodolfo Salazar que fue absuelto de responsabilidades penales.

Instituciones tienen su cuota de responsabilidad

“Ser una autoridad es tener mayor cuidado en el cumplimiento de la ley y el operativo conjunto policía-ejército, que requiere una coordinación especial. No fue espontáneo de los agentes caminar kilómetros durante horas hasta ‘El Encanto’. Ellos representan a su institución y fueron mandados por un jefe superior”, analizó Carrión, señalando que el bajo perfil de la acusación contrasta con la búsqueda por no incomodar a los altos jefes de la Policía Nacional y del Ejército.

Por su parte Marcos Carmona, director de Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, consideró que la justicia debe prevalecer.

“Si hay involucrados, ya sean miembros del ejército y la policía, deben ser juzgados y recordemos que cada uno representan a sus instituciones. Aquí la jefatura de la policía debe tener su cuota de responsabilidad y debe responder por los asesinatos cometidos por sus funcionarios, realizando actividades como oficiales”.