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La determinación de la Fiscalía de no acusar al soldado Rodolfo Salazar, que asesinó a Marvin Reyes, trabajador de la finca “El Encanto”, y declarar la acción en defensa propia, además de no responsabilizar a los jefes policiales y militares, fue muy criticada por organismos de derechos humanos que consideran están haciendo “de Pilatos” lavándoles las manos a las instituciones implicadas.

Indicaron que todo el operativo de “El Encanto” fue un ilícito desde el momento mismo en que un grupo conjunto de policías y soldados del Ejército fueron enviados por su superior a una misión, sin orden de captura ni de allanamiento, y terminaron invadiendo propiedad privada y matando a tres civiles que laboraban en la finca.

Lo anterior es la perspectiva legal del doctor Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, quien recuerda que la convalidación del acto fue a destiempo, haciendo de todo lo actuado un acto delictivo, y por tanto no cabía en la Fiscalía declarar un homicidio en defensa propia, en el caso del soldado Rodolfo Salazar, que fue absuelto de responsabilidades penales.

Instituciones tienen su cuota de responsabilidad
“Ser una autoridad es tener mayor cuidado en el cumplimiento de la ley, y el operativo conjunto Policía-Ejército, requiere una coordinación especial. No fue espontáneo de los agentes caminar kilómetros durante horas hasta ‘El Encanto’. Ellos representan a su institución y fueron mandados por un jefe superior”, analizó Carrión, señalando que el bajo perfil de la acusación contrasta con la búsqueda por no incomodar a los altos jefes de la Policía Nacional y del Ejército.

“A pesar de ser una acusación con muchas debilidades, ni siquiera eso existiría de no ser por el valor de las víctimas, de los propietarios de ‘El Encanto’ y de los medios de comunicación. De no ser así, esos tres trabajadores muertos habrían quedado como simples delincuentes, a como inicialmente el Ejército los tildó en un comunicado sin sentido”.

Carrión por otra parte le recordó a la Fiscalía que en cualquier lugar del mundo se recetan sanciones y hasta cárcel por obstruir la justicia, “pero en Nicaragua no representa nada el sospechoso apremio de los altos jefes militares de la región por enterrar los cadáveres de los civiles muertos, cuyos cuerpos, si se les hubiera practicado un análisis forense, eran el único recurso para decirnos la verdad de los hechos, tal como si en sus manos había pólvora o no, si los impactos de bala, su dirección y la cantidad de proyectiles concordaban con las testificaciones. A pesar de que el fiscal general, Julio Centeno Gómez aseguró que exhumarían los cadáveres, al final la Fiscalía nunca lo hizo”, aseguró.

Por su parte, Marcos Carmona, director de Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, consideró que la justicia debe prevalecer.

“Si hay involucrados, ya sean miembros del Ejército y la Policía deben ser juzgados, y recordemos que cada uno representa a sus instituciones. Aquí la jefatura de la Policía debe tener su cuota de responsabilidad y debe responder por los asesinatos cometidos por sus funcionarios, realizando actividades como oficiales”, indicó.

Por su parte, Omar Cabezas, procurador de Derechos Humanos, no quiso pronunciarse y a través de relaciones públicas mandó a decir que estaba en una importante reunión y hasta la próxima semana hará un pronunciamiento sobre el caso.

Ejército a la expectativa
Igual que las organizaciones de derechos humanos, a pesar de que las acusaciones son de carácter público, relaciones públicas del Ejército de Nicaragua dijo que no han recibido la acusación.

Indicaron que por el momento no había ningún pronunciamiento al respecto, más que sostener que se mantendrán en expectativa sobre la decisión de las autoridades respectivas que llevan el proceso.

Aseguraron que dependiendo de los resultados finales, así posteriormente los altos mandos analizarán la situación para considerar si se toman o no medidas contra los implicados.