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La Procuraduría General de la Republica, a través de la Procuraduría del Ambiente, inició una investigación para determinar quiénes fueron los antiguos dueños de las tierras del cerro Mokorón, y cómo el Ejército de Nicaragua (EN) obtuvo la posesión de esta elevación natural ubicada al sur de Managua. Pero además, José Luis García, titular de esa entidad, fue categórico: “Hay que conservar ese cerro en el estado en que se encuentra, a toda costa y a cualquier precio”.

Este pronunciamiento surge luego de que el diputado Carlos García, Presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, afirmara que existen supuestas presiones de parte de las Fuerzas Armadas, para declarar el cerro como reserva privada, y no como parque nacional.

Según indagaciones de ambientalistas del Centro Humboldt, el Ejército donó las tierras del Mokorón al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), entidad reconocida por sus importantes inversiones en proyectos de urbanización. Vecinos del lugar han denunciado trabajos de lotificación en manos de privados.

Propiedad del Estado y punto
“Lo que pasa es que el Ejército está ubicado allí porque hay una base militar desde 1979. Ellos han expresado últimamente que en su momento se les donó el sitio. Entonces nosotros estamos haciendo una investigación registral para determinar a ciencia cierta si realmente se les donó y quiénes eran los antiguos dueños”, afirmó el procurador ambiental.

El funcionario aseveró que “si no hay un asiento registral a nombre del Ejército, Mokorón es del Estado de la República de Nicaragua, y tendría que ser la Procuraduría General de la República la que determine el destino que se le va a dar”.

José Luis García advirtió que el Estado de Nicaragua se verá obligado a intervenir si en la investigación se confirma la posesión de terrenos de manera irregular. Según él, la Procuraduría General de la República garantizará que Mokorón sea declarado parque nacional.

Cumple con requisitos para parque nacional
El pasado 21 de marzo de 2007 se presentó ante la Primera Secretaría del Parlamento el proyecto de ley denominado “Ley de Declaración de Parque Nacional del Cerro Mokorón”.

En la exposición de motivos del proyecto legislativo, se señala que el cerro constituye una de las áreas naturales remanentes más importantes del municipio de Managua, y además de ser escenario de una rica historia precolombina y moderna, contiene una valiosa muestra de bosque tropical seco”.

También se indica que brinda servicios ecosistémicos de “mucha importancia”, como la provisión de oxígeno, captura de carbono, regulación del microclima, recarga hídrica, amortiguamiento de las aguas pluviales que atraviesan la ciudad de Managua, y hábitat natural de varias especies, “entre las que destaca el guardabarranco, ave nacional”.

Ejército obligado a considerar
El Procurador del Ambiente también señaló que de confirmarse la legítima posesión del Ejército sobre el cerro, éste no podrá hacer lo que quiera con las tierras.

“Recordá que en Nicaragua la propiedad cumple una función social ambiental. Eso está establecido en la Constitución, y en la sentencia número 31 de la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

“Esto significa que aunque yo sea un dueño, no puedo hacer con ella (la propiedad) lo que quiera. Entonces, si ese sitio tiene vocación de área protegida, pues la ley tendría que venir a regular al Ejército, asumiendo que es el dueño, y establecerle restricciones en cuanto al uso de esa propiedad”, puntualizó.

“El hecho de que el Ejército sea el dueño no significa que esté legitimado para hacer lo que quiera con la propiedad”, sentenció.

El general Adolfo Zepeda, jefe de Relaciones Públicas del Ejército, aseguró que esta institución no tiene competencia en el debate que gira sobre este tema. En cambio, señaló que quienes deben pronunciarse son las personas que han comprado tierras “de buena fe”.

El Procurador del Ambiente indicó que otro objetivo de la investigación es confirmar si los movimientos de tierra denunciados por los lugareños --principalmente de la colonia “Miguel Bonilla”-- fueron debidamente autorizados.

Pero sostuvo que “aunque se haya otorgado el permiso correctamente, vamos a revaluar nosotros, y vamos a pedir la revocación del mismo”.