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El fiscal específico Armando Juárez afirmó ayer después de presentar la acusación en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), que quienes concibieron el plan para quebrar bancos y quedarse con ellos en colusión con otras personas, fueron altos funcionarios de la Administración del ex presidente Arnoldo Alemán.

Juárez dijo que entre ellos están el ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez; el ex superintendente de Bancos, Noel Sacasa, y el ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duquestrada.

La ideación y ejecución del diseño y la elaboración de las bases se le atribuye al ex superintendente de Bancos, Noel Sacasa; al Consejo Directivo del BCN, integrado por Ramírez, Gilberto Cuadra, Esteban Duquestrada, Silvio Conrado y Benjamín Lanzas.

A ellos atribuye la Fiscalía la ideación, maquinación y ejecución de una compleja operación de la que siempre estuvieron claros en alcanzar el propósito de que al desincorporar los bancos, significaba ganancias para grupos financieros, y la circulación de una masa de bienes de valor incalculable, que por los privilegios del sistema financiero y el acceso a la información privilegiada, de forma directa y anticipada iba a beneficiar a grupos financieros y particulares.

¿Y los hermanos Centeno?

“Los relacionados tuvieron información directa anticipada, oportuna para modelar, idear, diseñar y ejecutar el proceso de desincorporación de los bancos Interbank, Bancafé, Bamer y Banic, y beneficiar a grupos y personas, desde las intervenciones hasta la subasta. Con la participación de particulares, sentaron las bases para favorecer económicamente a entidades financieras, en perjuicio del erario de la nación, sin riesgo alguno ni inversión de capital”, dice el fiscal, quien inexplicablemente no menciona a los hermanos Centeno.

“La Fiscalía actúa en representación de los intereses del Estado y la sociedad, como víctima en la acusación por los delitos de fraude, enriquecimiento sin causa y delito contra la economía, la industria y el comercio por un daño de más de 500 millones de dólares al Estado”, sigue diciendo la acusación.

La acusación quedó radicada en el Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencias, cuyo titular es el juez Julio César Arias, quien estuvo a cargo de las acciones prejudiciales, lo que Juárez calificó como mera “casualidad”.

Juárez reiteró que la Fiscalía tiene pruebas para sostener los cargos contra cada uno de los 39 acusados, y aseguró que no han sacado a nadie de ninguna lista. Sin embargo, fuentes cercanas al caso, confirmaron que sacaron a varios que tienen enlistados, a través de arreglos no conocidos hasta el momento.

Montealegre en la mira

La fiscal general adjunta, Ana Julia Guido, resaltó que aunque las resoluciones de otras instituciones no son vinculantes para la Fiscalía, el Informe de la Asamblea Nacional coincide en varios aspectos, entre ellos lo relacionado a la participación de Montealegre en los hechos.

Refirió que la investigación comenzó hace 26 meses, a raíz de que EL NUEVO DIARIO publicara una investigación sobre lo relacionado con todo el proceso de liquidación de bancos, y después por una petición de la Coordinadora Civil y la Asamblea Nacional de investigar el caso.

Guido dijo que la lista de acusados podría ampliarse en el proceso, y explicó que el ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, tiene prohibido comunicarse con Roberto Argüello Osorio, quien será testigo en el caso, y brindó meses atrás una declaración anticipada.

Los acusados son los ex presidentes del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez, (Administración Alemán); Mario Alonso Icabalceta (Administración Bolaños); los ex ministros de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duquestrada, Eduardo Montealegre y Mario Flores, los dos últimos de la Administración Bolaños.

El ex superintendente de Bancos, Noel Sacasa Cruz, quien decretó la intervención del Interbank el 7 de agosto de 2000; del Banco del Café, el 17 de noviembre de 2000; del Banco Mercantil (Bamer) el 3 de marzo de 2001, y del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) el 4 de agosto de 2001, y en 2003 huyó del país. El ex vicesuperintendente de Bancos, Alfonso Llanes.

Los ex miembros del Consejo Directivo del BCN (2000- 20005) Ricardo Parrales; Gilberto Cuadra (socio de Banpro y representante del sector privado); Silvio Conrado (representante del FSLN) y Benjamín Lanzas (sector privado y familiar de la esposa del ex presidente Arnoldo Alemán).

Así mismo, el BCN, a través de Juntas Administradoras y/o Liquidadoras nombradas por Sacasa, creó las condiciones para desarrollar una operación compleja que tuvo como escenario el proceso de desincorporación de bancos y el cálculo de beneficio a grupos económicos como Banpro, BDF y Bancentro, en perjuicio del Estado, refiere la acusación.

Los funcionarios del BCN: José de Jesús Rojas, Gerente; Carlos Cerda, Gerente Financiero; Juan José Rodríguez, Asesor Legal; Claudia Valle, ex secretaria del Consejo Directivo; Luis Rivas Anduray, Edward Zeledón, Estelina López Conde y Silvio Ronald Flores.

A los ex funcionarios de la Administración Bolaños: Alfonso Robelo, Nicolás Marín, Mariano Buitrago, Miguel Ángel Mendoza, Carlos Marín, Silvio Ronald Flores, Humberto Hernández Aguilar, Vilma Rosa León-York, ex Viceministra de Hacienda y Crédito Público.

La investigación de la Fiscalía confirmó que fue Noel Ramírez quien propuso la venta privada del Interbank a Banpro, lo cual lo beneficiaba directamente al ser su esposa accionista de dicha entidad.

Según la acusación, el 8 de octubre de 2000, Ramírez propuso a la Junta Directiva del BCN esa transacción, y ésta reproduce los términos del acuerdo privado de compra de Activos y Pasivos del 6 de octubre de 2000, entre accionistas del Interbank y Banpro.

La aceptación del acuerdo por parte del BCN sienta las bases para que una transacción financiera entre particulares pudiese posteriormente comprometer los recursos del Estado a través del BCN y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la previa participación de la Superintendencia de Bancos, representada por Ramírez, Duquestrada y Sacasa.

Al momento del nombramiento de la Junta Liquidadora de Interbank, la venta de activos y pasivos del Interbank a Banpro a propuesta de los accionistas, en una operación netamente entre particulares, ya había sido efectuada a propuesta de la Junta Administradora de mayoría, formada por Rodolfo Delgado y Mario Flores.

La Junta Administradora y los miembros del BCN que fungían como parte de la misma, específicamente Flores, Estelina López, Juan José Rodríguez y Delgado, sabían de parte de una cartera irrecuperable, ya que la habían separado previamente del total de la cartera de crédito del Interbank, y aun así, con conocimiento de causa la ofrecieron y aceptaron para ser aplicada a las recuperaciones que nunca tendrían.

La investigación señala que los funcionarios del BCN y la SIB dejaron que Banpro reclasificara la cartera a su conveniencia, pese a que los liquidadores en su mayoría eran funcionarios del BCN.

En el caso del Bancafé, fue el primer banco donde se establecieron bases de licitación para vender los activos, en este caso al Banco de Finanzas, al que le concedieron un plazo de 180 días, igual que en los otros casos, para revisar la cartera y decidir qué recibían.

En el caso del Bamer, la licitación se hizo al día siguiente de la intervención y las bases de la licitación. Según la investigación, fue diseñada por Sacasa y entregada a la Junta Administradora integrada por Edgard Pereira, Manuel Centeno y Carlos Bonilla, quienes la firmaron y las ofertaron, y son los que aparecen haciendo la solicitud de que intervenga el BCN como agente financiero del gobierno para terminar emitiendo Cenis.

Subasta de bienes

En la subasta participan, con información privilegiada, según la Fiscalía, grupos económicos como Banpro, Financo, Inversiones Zum, que significa Zamora-Urcuyo- Montealegre, y el grupo auditor Grant Thorton Cía, este último auditor de las operaciones de emisión de Cenis, y de la gestión de Junta Administradora y Liquidadora a través de KPMG, la cual han representado nacionalmente, lo que les permitió a cada grupo participar con ventaja en las subastas, dice la acusación de la Fiscalía.

La secretaria de actas del Consejo Directivo de BCN, Claudia Valle Kinloch, esposa del Sr. Alejandro Argüello Baca, accionista de Financo S.A., que participa en la compra de cartera por la cantidad de US$ 3,767,907.76, con un precio contable de US$ 98,296,673.64. Esa compra fue ventajosa, oportunista y privilegiada para apropiarse de cartera que le retornaría enormes beneficios económicos. Financo opera en el parque El Carmen y la Western Union.

Así como de la auditora Grant Thorton Internacional S. A. representada por Humberto José Hernández, en un juego de creación de sociedades como un mismo nombre comercial, estuvo tiempo manejando información privilegiada de cartera para poder contactar a los dueños de los créditos, a través de la contratación de Ronald Flores, quien se había desempeñado como asesor delegado a tiempo completo en el BCN, sigue diciendo la denuncia de la Fiscalía.

Según la acusación, contactaron a los dueños de los créditos que no podían comprar en subasta sus créditos, solicitándoles un 10% de adelanto sobre el total del crédito, más un 9% de comisión por la diferencia, dinero con el cual, sin invertir un centavo, compraron en subasta por el valor de US$ 280,780.72 cartera con el valor contable de US$ 27,767.638.60.

Banpro compró cartera de crédito por el valor de US$ 769,804.41, con el precio contable de US$ 93,774,782.68 y Financo S.A. compró cartera por US$ 3,767,907.76, con un precio contable de US$ 98,296,673.64, repite el fiscal.

Inversiones Zum adquiere en subasta el Hotel Lomas de Guadalupe, ubicado en la ciudad de Matagalpa, No. Registral 61772, Valor contable: C,991,142.92 adquirido en US$ 243,689.40, equivalentes a esa fecha a C,690,042.37 que significa el 36% de su valor contable, expresa.

Lo de Jaime Chamorro

En subasta se adjudica el edificio Banic y los dos predios adyacentes a Bancentro de Nicaragua, y tres años después, en una operación inusual, en el año 2006, rescinde la venta y se otorga nueva venta por funcionarios del BCN, facilitando la operación inusual y las ventajas económicas alcanzadas a través de la operación en la que participa de manera directa el señor Jaime Chamorro Cardenal, en su doble rol de accionista de Bancentro Nicaragua y Corporación Bancentro Panamá, dice en términos confusos la acusación.

El edificio Banic y otras propiedades fueron vendidas en 5.1 millones de dólares a Bancentro, y tres años después, Mario Alonso, presidente del BCN, acepta la rescisión de la escritura de compra-venta, lo cual se efectúa el 9 de mayo de 2006.

Según la acusación, Bancentro, mediante acta 152, cede a Corporación Bancentro persona jurídica distinta de la primera, el derecho de adquirir el edificio Lafise y los terrenos adyacentes adjudicados de manera conjunta a Bancentro.

La cesión autorizada a Corporación Bancentro, según la Fiscalía, fue por 15 millones de dólares por el edificio Lafise y 1.8 millones de dólares por el estacionamiento y el campo deportivo. En ese acto, según la acusación, comparecen, José de Jesús Rojas, en representación del BCN, y Jaime Chamorro Cardenal, en representación de Corporación Bancentro y Bancentro Panamá.

Sobre renegociación

Toda la operación, concluye la acusación, fue tan brutal, que al 20 de agosto de 2003, estaban emitiendo Cenis por C$ 6,629,379.39 valor facial del Banic en respaldo a Banpro, y ya estaban vencidos los Cenis que del 27 de abril 2002 y 29 de septiembre 2002, que fueron emitidos de Bancafé a favor de BDF, y de Interbank a favor de Banpro, que meses atrás habían emitido.

“Es decir, no habían terminado de emitir los Cenis cuando ya estaban pagando los mismos, y esa es la razón por la que se ven obligados a la recompra, no por un salvataje, sino para no poner en evidencia que habían emitido Cenis por encima de las reservas internacionales, y que técnicamente hablando, habían quebrado el país, y les urgía redimensionar el flujo de pagos”, afirma el escrito de la Fiscalía.