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Pasando por encima de sus atribuciones constitucionales y usando una facultad que ninguna ley les concede, cinco diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, dictaminaron favorablemente un anteproyecto de ley que le daría la libertad inmediata al ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, así como a miles de reos acusados de asesinato, violación y hasta de delitos vinculados a la narcoactividad.

El anteproyecto se denomina: Ley de Fijación de Plazo Razonable en Causas Pendientes del Código de Instrucción Criminal. Según el artículo 2 de la propuesta, una vez entrada en vigencia la ley, “el juez o tribunal competente, cuando la pena aplicada o que correspondiera aplicar sea menor a cinco años, declararán extinta la acción penal en un plazo de diez días” a favor del reo en cuestión.

30 días para cualquier delito atroz

Además, señala el anteproyecto, “cuando la pena aplicada o que corresponda aplicar sea igual o mayor de cinco años, los jueces y tribunales deberán dictar sentencia en un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley”.

Según esa disposición, en el caso de Arnoldo Alemán, procesado y condenado a 20 años de prisión por seis delitos, entre ellos, fraude, peculado, malversación de caudales públicos y lavado de dinero, la Corte Suprema deberá resolver su casación en 30 días.

¿Cree que Asamblea puede hacer cualquier ley?

El presidente de la Comisión de Justicia, José Bernard Pallais Arana, dijo que no hay ninguna discriminación en torno a los reos a beneficiar, por lo que la ley será aplicada por igual a violadores, asesinos, narcotraficantes o cualquier otro delito vinculado a la narcoactividad.

Según Pallais, la propuesta tomó en consideración la disposición constitucional de que “todos los ciudadanos nicaragüenses son iguales ante la ley”. Incluso, Pallais fue más allá, y calificó de inconstitucional la disposición contenida en el artículo 69 de la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y otras Sustancias Controladas, la cual señala que los procesados por delitos vinculado al narcotráfico, no tienen derecho al indulto o amnistía, así como a otras prerrogativas como el arresto domiciliar.

Sandinistas se lavan las manos

De los 11 diputados que integran la Comisión de Justicia, sólo los cinco liberales del PLC firmaron el dictamen. Los sandinistas, entre ellos, Edwin Castro Rivera, no apoyaron el dictamen, sin embargo, tampoco emitieron un dictamen de minoría, mientras que el diputado conservador, ahora de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Alejandro Ruiz Jirón, tampoco firmó.

El dictamen incluye las observaciones de los consultados, entre ellos, del Procurador General de la República, Hernán Estrada, quien propuso establecer un plazo máximo de seis meses para que los jueces y tribunales resuelvan los casos bajo su jurisdicción.

El artículo 138 de la Constitución Política establece las atribuciones de la Asamblea Nacional, y ninguna estipula que el Parlamento nicaragüense está facultado para ordenar a los jueces y tribunales extinguir penas de ningún tipo, lo que representa una injerencia del Poder Legislativo en las atribuciones del Poder Judicial.

Según Pallais, más de nueve mil reos que tiene causas pendientes desde hace más de seis años serían beneficiados con la legislación, pero una vez más reiteró que no existe discriminación alguna respecto al tipo de delito.

La Asamblea puede reformar los Códigos, pero el de Instrucción Criminal ya no está vigente; puede indultar mediando sentencia firme; puede amnistiar; puede revisar la lista de esos miles de casos y resolverlos mediante esas facultades.

Lo que no puede es aprobar leyes que no están en sus facultades del 138 Cn, ya que entonces podría hacer una ley para que se abran todas las cárceles o que todos los ciudadanos cambien de nombre.