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La serenidad con la que habla y actúa el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, hace pensar que nada extraordinario estuviese ocurriendo en Nicaragua.

Renegoció la deuda interna con dos bancos tenedores de títulos valores, sólo unos días antes de que la Fiscalía acusara a 39 personas ante los juzgados por el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), y aunque a simple vista se trata de una operación similar a la que se hizo durante la Administración de Enrique Bolaños y por la cual podría también ser procesado, Rosales dice que no teme que también lo vayan a enjuiciar, ya que todo lo que ha hecho está amparado por la Constitución.

Nos saluda cordialmente en la antesala de su despacho en el BCN después de despedir a una persona que le visitaba, y nos invita a pasar. Mientras camina, nos recomienda con voz que se asemeja a la de un niño: “No vayas a decir que me encontraste de casualidad en algún lugar que no sea en el Banco Central, como me pasó con uno de tus colegas”.

Ingresa a la Sala de Conferencias en donde el aire acondicionado provoca un ambiente glacial, se sienta de frente, adornado por un cuadro de Rubén Darío sobre su cabeza; acomoda la corbata amarillo oscuro con rayas negras y puntos verdes que descansa sobre su camisa blanca e invita retador: “Pregunta de lo que querrás”.

El banco y los acusados

¿En qué situación se encuentra el Banco Central, tomando en cuenta que hay varios funcionarios a cargo de direcciones importantes que fueron acusados por la Fiscalía?
Normal. Hay que decir que las instituciones, en su esencia, existen en tanto que cumplen las misiones, las atribuciones, funciones y desarrollan la competencia que se les ha determinado por ley, y en ese sentido el Banco Central como institución, sigue funcionando en su misión de velar por la estabilidad de los precios, por el normal desenvolvimiento de los pagos, realizando los estudios económicos que son necesarios, ejerciendo la consejería económica con el Gobierno, realizando nuestras operaciones de mercado abierto, atendiendo la deuda externa de Nicaragua como República, pero también la deuda del BCN realizando sus operaciones financieras emitiendo títulos, es decir, el Banco está funcionando y seguirá funcionando.

Banco los defenderá

¿Estos funcionarios se defenderán por su cuenta o el Banco los va a respaldar, sobre todo porque el director jurídico, Juan José Rodríguez, está en la lista?

El Director Jurídico ejerce las funciones de gerente legal del Banco Central para los asuntos propios del Banco, de todo tipo. En este caso particular, el Banco va a contratar especialistas penales que puedan llevar el caso, porque no somos ni tenemos en el Banco Central especialidad como penalistas, y éste como es un proceso de naturaleza penal, pues el Banco tendrá que contratar a personal que pueda defender a los funcionarios.

Lo que pasa es que el Banco Central no puede determinar si hay o no responsabilidad de estos funcionarios o culpabilidad en su caso, o inocencia, lo que está claro es que son funcionarios del Banco y que lo que debemos hacer es garantizar la estabilidad a ellos y al resto del personal.

Nuestra función es garantizar la estabilidad de los funcionarios, que se sientan seguros en sus labores y por supuesto, encima de todo, ayudar a la aplicación de la justicia.

¿Se ha reunido con los acusados para conversar sobre el actuar del Banco Central y el respaldo jurídico que pueden tener en lo que fue la actuación de cada quien en cada una de las etapas de este caso?

Ya hemos tomado todas las medidas tendentes a garantizarles el curso normal (hemos hablado) de las acciones de la Presidencia que estarán encaminadas a buscar cómo nombrarles un abogado, y por supuesto que las acciones que realice esta práctica legal, fortalezcan la institución, porque aquí, yo pienso que debemos estar claros de que el BCN no requiere ni mucho menos de condiciones subjetivas que deslegitimen su quehacer, y creo que la justicia se encargará de determinar qué estuvo bien hecho o algo que estuvo mal hecho.

Posición institucional

¿Cuál es su perspectiva del caso?, porque hay quienes han afirmado que más que un proceso judicial para castigar a quienes cometieron delitos, es una persecución política con nombre y apellido.

Nosotros tenemos aquí una posición de continuidad, tenemos una posición institucional, como funcionarios del Banco a recibir lo que la misma naturaleza del Banco obliga, y es que alguien que represente al Banco, en este caso a esos funcionarios, vaya a los tribunales y lleve la defensa de cada uno de los individuos que forman parte del Banco.

No soy quién para decir si es o no es político, hay un proceso que involucra a funcionarios del Banco Central y estamos enfocados en brindar apoyo a quienes están siendo acusados desde el punto de vista institucional.

¿Cuál es la visión que usted tiene sobre esos funcionarios? ¿Cree que actuaron conforme las leyes?

No me toca a mí ver eso, no es mi competencia juzgar si cada uno de ellos cumplió con lo que tenía que cumplir, lo que yo debo preservar es la estabilidad institucional, el normal desenvolvimiento de las acciones y operaciones del Banco; y serán ellos los que haciendo uso de los argumentos, fundamentos, la documentación y las pruebas, demuestren su actuar, que entiendo tuvo que haber sido apegado a la ley.

El vicepresidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, calificó de “incongruente” la acción de la Fiscalía de acusar penalmente a los involucrados en el caso de los Cenis y a la vez seguirlos pagando. ¿Cuál es su apreciación?

No ha sido costumbre de esta Presidencia comentar las opiniones de otros funcionarios o de otras personas, lo nuestro es seguir funcionando como Banco Central y seguir cumpliendo la misión constitucional y legal que se nos ha encomendado.

¿Por qué no hacer una pausa o una especie de compás de espera en el pago de esos títulos, para mientras se da un fallo definitivo para ver cuánto de lo que se debe es legal y cuánto es ilegal?

Porque el Banco Central es una institución que se rige por su Ley Orgánica y por el ordenamiento jurídico nacional, y ahí por ningún lado aparece que tengamos que hacer una pausa.

Lo que hemos hecho es buscar unas condiciones que sean de mayor posibilidad para que Nicaragua pueda --con estos recursos que iba a pagar en los próximos años-- pagarlos a un plazo más largo y en mejores condiciones, no veo yo entonces porqué establecer una pausa para una decisión de esa naturaleza.

Lo rige la Constitución

Usted acaba de firmar una nueva renegociación con Banpro y Bancentro, dos tenedores de Cenis. ¿no tenía que ser aprobada por el Consejo Directivo o usted tenía plena facultad por sí y ante sí de hacerlo?

Por sí y ante mí no, la facultad me está dada por la Constitución que me obliga. La Constitución dice que todo funcionario debe sostener sus funciones en estricto apego a la ley y en correspondencia con los intereses de la nación, es decir, mi respaldo es de naturaleza constitucional, porque la Constitución me obliga a tomar medidas en interés del Gobierno, en interés de la sociedad y en interés de la nación, y renegociar la deuda era una cosa de interés nacional.

¿Tenía que hacerlo o no con el aprobado del Consejo Directivo, como señala la Ley Orgánica del Banco Central?

Es que la Constitución establece qué es lo que tengo que cumplir, cómo debe actuar un funcionario, y yo soy un funcionario y me limito a cumplir lo que dice la Constitución, que está por encima de cualquier otra ley o norma.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la renegociación de la deuda que acaba de realizar usted y la que se hizo en el año 2003, durante la Administración de Enrique Bolaños?

Yo no quiero meterme a opinar sobre situaciones anteriores, aquí lo que estamos mostrando es el interés del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, de establecer un vínculo con los tenedores de títulos de forma transparente, de forma clara, en la que el interés nacional esté por encima del interés particular.

Lo que pasa es que una de las razones por las que la Contraloría estableció presunción de responsabilidad penal al anterior Consejo Directivo, es por haber renegociado esa deuda, ¿qué le hace pensar que usted no correrá la misma suerte, tomando en cuenta que ha hecho lo mismo?

No te he dicho que he hecho cosas iguales o distintas, lo que te he dicho es que yo cumplí con lo que ordena la Constitución y las leyes, que es velar por los intereses nacionales y no he tratado de comparar estas decisiones con anteriores, en absoluto.

Viéndolo desde una óptica general, uno observa que se trata de lo mismo. ¿Se hizo lo mismo o no?

Bueno, primero habría que ver si los plazos son los mismos, si la tasa de interés es la misma, si hay un alivio de la deuda, si efectivamente se dio en ésta, es decir, yo no podría hablar de lo anterior, sólo podría hablarte sobre la actuación de esta administración.

El fiscal del caso de los Cenis, Armando Juárez, no descartó la posibilidad de citarlo para que explique esta nueva renegociación. ¿Qué piensa de eso?

Ya te dije que no es costumbre de la Presidencia del Banco Central opinar sobre comentarios de otros funcionarios.

Según lo que ha dicho el fiscal Juárez, la inquietud podría ser ¿por qué usted renegoció una deuda que desde el inicio no tiene razón de ser, en base a la resolución de la Contraloría que denunció de nulidad la emisión de los Cenis?

Sin comentarios.

Una deuda que había que pagar

¿No teme usted que pueda repercutir sobre su persona un futuro proceso penal por esta nueva renegociación?

Es que no me gusta responder sobre situaciones hipotéticas, me gusta hablar sobre realidades, había una deuda que estamos obligados a pagarla, no podíamos seguirla pagando a ese precio ni a ese interés, ni a ese plazo y tomamos la decisión de renegociarla y ya el Presidente de la República ha manifestado públicamente (su aprobación), incluso creo que el sábado (en el Repliegue) volvió a mencionar que existía una renegociación en mejores términos (de los) que anteriormente tenían, y eso es lo más importante.

El ex presidente Bolaños también respaldó la “reingeniería financiera”, como se le llamó a la renegociación de la deuda en su gobierno, y ahora vemos lo que está pasando.

Reitero que no hablo de lo que hicieron los otros.

¿No tiene miedo que lo encarcelen por haber renegociado la deuda interna?

Pero si esa palabra (miedo) no existe en mi diccionario. No tengo por qué (temer) si las cosas que hago están apegadas a la Constitución; además, no es una cosa que queda a mi arbitrio, a mi discrecionalidad, porque me ordena la Constitución que debo cumplir la función pública en interés de la nación, cualquier persona sabe que esta deuda es de interés nacional.

Si se diera alguna situación más adelante (un juicio) utilizaré la Constitución como mi fundamento, y el contrato para demostrar si Nicaragua está mejor antes o después de esa negociación.