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En la incertidumbre ha dejado a muchas familias nicaragüenses la propuesta de Ley de Fijación de Plazo Razonable en Causas Pendientes del Código de Instrucción Criminal, pues su artículo 2 plantea la posibilidad de que una manada de delincuentes quede en libertad.

Una de las personas preocupadas por esta situación es Sonia Aguirre, hermana de Silvia de los Ángeles Aguirre, quien fue prácticamente desmembrada por su cónyuge Pedro Antonio Jiménez Cantarero, hace unos cuatro años.

“Me preocupa que esta nueva ley deje en libertad a una persona de gran peligrosidad como es Pedro Jiménez, quien dice haber aceptado a Cristo, pero si en realidad eso es así, que comience por declarar dónde tiró la cabeza y la pierna izquierda de mi hermana, que nunca se encontraron”, dijo Sonia, entre lágrimas de amargura, al revivir la violenta muerte de su hermana y la injusticia que podría ocurrir.

Según Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, que da seguimiento al caso, averiguaron que el procesado en cuestión solicitó apelación, pero desconocen con exactitud si éste será cubierto de ser aprobada y entrar en vigencia lo que todavía hoy es propuesta de ley.

No reparan en víctimas

“Definitivamente, esta ley no tutela el derecho de las víctimas, de los familiares ni de la ciudadanía en general, que podría quedar expuesta a delincuentes de gran peligrosidad al mandarlos a las calles. Más bien su intencionalidad, evidentemente, busca favorecer el caso de delincuentes de cuello blanco, como el de Arnoldo Alemán, condenado a 20 años de prisión. Su caso fue apelado con reafirmación de sentencia, pero también recurrieron a casación y está pendiente su resolución”, dijo Izabá.

El director del Cenidh dijo que si esta propuesta de ley se aplicara, prácticamente sería imposible que los jueces sean capaces de cubrir la cantidad de casos a revisar, y abre las puertas a que de no revisarse ese caso específico, se revocaría la sentencia de Alemán.

“Un ejemplo es el juzgado del juez David Rojas, quien tiene 3 mil casos pendientes, y él mismo nos dijo que tendría que dictar 100 resoluciones diarias para poder cumplir, lo cual consideró imposible”, dijo Izabá, agregando que los diputados de la Asamblea Nacional se atribuyen facultades que no les corresponden. “Esta ley en ese punto es inconstitucional, ya que asume facultades que sólo le corresponden al Poder Judicial”, expresó.