Eloisa Ibarra
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El Procurador General de la República, Hernán Estrada, afirmó que la acusación de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) no puede suspenderse con un Recurso de Amparo, porque contra los actos jurisdiccionales no cabe, de acuerdo a la Ley.

El Amparo es para los actos administrativos, no para los actos jurisdiccionales de los jueces, aunque “ha habido casos en que la CSJ ha mandado a parar de forma totalmente irregular y anómala actos jurisdiccionales, tal es el caso de Silvio Argüello, contra quien teníamos un juicio y ordenaron suspenderlo”, dijo Estrada.

Técnicamente, afirmó Estrada, la CSJ ya no puede hacer nada, porque el acto administrativo, la investigación, ya paso, y el caso está en sede judicial, y por consiguiente el criterio que expresa Manuel Martínez, presidente de la Corte, no se puede aplicar, porque ya se presentó y radicó la acusación en el órgano jurisdiccional, y como el mismo Martínez reconoce, los Amparos no caben contra los actos jurisdiccionales.

“El juez ya goza de una opinión del Presidente de la CSJ, que se adelantó a decir que contra los actos jurisdiccionales no cabe el amparo”, afirmó Estrada.

La Fiscalía presentó acusación por delito contra la economía, la industria y el comercio, fraude y tráfico de influencias contra de 39 personas, entre ex funcionarios, funcionarios y particulares que provocaron un perjuicio de más de 500 millones de dólares al Estado y la sociedad.

El caso se encuentra en las manos del juez quinto penal de audiencias, Julio César Arias, quien de acuerdo al Código Procesal Penal (CPP), deberá citar a los acusados a audiencia inicial con carácter de preliminar.

Martínez afirmó un día antes, que el Amparo no cabe contra las resoluciones judiciales, y en el caso de los Cenis el juez puede seguir, nada lo detiene, salvo un amparo que obligue a la Fiscalía a detenerse, porque aunque ya se presentó la acusación, al ser actos de tracto sucesivo, puede mandar a decir que no ejecute el siguiente acto.

Estrada indicó que Martínez quiso decir que los actos de la Fiscalía son administrativos, lo cual tampoco es cierto, porque los cuerpos investigativos no pueden ser objeto de recurso de amparo, así lo establece el CPP.

Sin embargo, afirmó, escuché decir que está creando opiniones jurídicas y un ambiente alrededor del tema, lo cual es absolutamente peligroso, puesto que el criterio que está expresando veladamente Martínez, dejaría en impunidad actos de investigación que se están realizando. Quedaríamos totalmente atados de mano, porque sentaría una jurisprudencia peligrosa.

Estrada informó que la Procuraduría se personó en el caso, a través del procurador penal, Hernaldo Chamorro.


Opina magistrado Rosales
En tanto, el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, dijo que antes de pronunciarse en torno a los Recursos de Amparo contra la resolución de la Contraloría, debería conocer el acuerdo suscrito entre los banqueros y el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Tenemos que llamar a los banqueros: Banpro, Bancentro, para saber cuál fue la negociación que hicieron con el BCN, que presenten la documentación y la anexen al expediente, porque desde que existen el Código de Napoleón y el Código nuestro, la transacción es una forma de ponerle fin a los juicios, dijo Rosales.

Recordó que, en este caso, la Contraloría estableció responsabilidades penales, civiles y administrativas, por lo que tienen que conocer el contenido y alcance de la negociación, para con ello resolver.

Informó que la Sala Constitucional convocará para el 23 ó el 24 de julio a los banqueros y al Presidente del BCN, para conocer cuál fue el acuerdo.

La cuestión penal, indicó, si hubo fraude, eso lo verán los tribunales en su momento. Nosotros lo que vemos es si hubo violaciones a la Constitución Política.