Jorge Eduardo Arellano
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Guatemala

Director general y director de Sistemas son los cargos que, respectivamente, ocupan Ori Zoller y Uzi Kissilevich en la empresa Internacional Proyectos y Representaciones, S.A., la cual presta el servicio de pruebas de estrés de voz a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Este procedimiento sirve como un filtro anticorrupción para quienes aspiran a un cargo o pertenecen al personal de la SAT.

Zoller y Kissilevich son dos israelíes nacionalizados guatemaltecos, y sus nombres han figurado en escándalos por tráfico de armas en Centroamérica, cuyo destino final habría sido grupos armados terroristas en Colombia. La OEA intervino en el caso, y aunque no tuvo pruebas suficientes para declararlos culpables, sí los señaló de negligencia. En Guatemala se llegó a ordenar sus capturas y estuvieron bajo arraigo, aunque ambas acciones quedaron sin efecto.

Hace 6 años fueron señalados como responsables del desvío ilegal de armamento desde Nicaragua hacia un grupo paramilitar de Colombia, para lo que habrían utilizado la empresa Grupo Internacional de Representaciones, S.A. (Girsa), inscrita en el país. Ante esto, Zoller se defiende y asegura que nunca hubo un caso en tribunales. “Si hubiera sido cierto, estaría en la cárcel. Una persona es inocente hasta que no es declarada culpable. No hay evidencias de que estuvimos involucrados”, advierte.

El grupo en mención era de extrema derecha, y según reporte de la OEA de 2003: “En octubre de 1999 comenzaron a darse una serie de eventos los cuales resultaron en el desvío ilegal de 3,000 AK47 y 2.5 millones de municiones de los arsenales del gobierno de Nicaragua a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización terrorista en Colombia. El desvío fue posible debido a actos negligentes por parte de varios funcionarios gubernamentales y compañías privadas, y por los actos deliberados y criminales de varios vendedores de armas privados”.

Girsa ocupaba el mismo local que ahora tiene Internacional Proyectos y Representaciones, S.A. (IPR), a la que la SAT le adjudicó el año pasado un contrato por Q780 mil por la ejecución de 4 mil pruebas de análisis de voz (lea: Cambian requerimiento).

Los israelíes encabezan la nómina profesional de IPR, según consta en los documentos que conoció la SAT en marzo de 2007, durante el proceso de licitación; Zoller, sin embargo, niega ser director, sino asesor, y asegura que la empresa no es suya.

El gerente general de Recursos Humanos de la SAT, Alejandro Campos, y Vernon Ayala, asesor de la Gerencia Administrativa Financiera de esa entidad, dicen desconocer que estos nombres figuraban en el perfil de la empresa, así como las actividades con las que se les ha vinculado. “Se le adjudica a la empresa. Nosotros no entramos en detalle de quiénes están detrás de la empresa”, señala Campos.

Sin embargo, indicó que solicitarán explicaciones sobre el caso a IPR y revisarán la información proporcionada por la firma. “No nos constan los señalamientos”, advierte Campos.


La prueba
IPR presta a la Administración Tributaria el servicio Layered Voice Analysis (Análisis Multinivel de Voz).

Los resultados de la prueba tienen una ponderación de 25% en la escala de calificación para ingresar a la institución, según Campos, gerente general de Recursos Humanos de la SAT.

Al ser consultado sobre el impacto que los señalamientos hacia Zoller y Kissilevich podrían tener en los resultados de la prueba, Campos especifica que el análisis de voz es “una de las herramientas” y uno de los siete escaños que deben pasar los aspirantes.

“La idea es detectar riesgos con base en cómo la voz de la persona se comporta al responder diferentes tipos de preguntas”, explica Campos.

La tecnología permite determinar si el candidato muestra una tendencia a participar en actos de corrupción, soborno o vinculación a grupos delictivos, entre otras variables.

Para los trabajadores o interesados en laborar en Aduanas y Fiscalización, así como en áreas operativas, se utilizan los protocolos de preguntas más exigentes. Toda la información se traslada a Nemesysco, la casa matriz en Israel, ya que IPR envía una copia para que se valide por la firma extranjera.


Cambian requerimiento
El 15 de marzo de 2007, la SAT sacó a cotización pública la contratación del servicio de pruebas de veracidad con análisis de estrés de voz o estratos de la voz para la selección y ascensos del personal.

Inicialmente el proceso sólo convocaba a pruebas de estrés de voz, pero se amplió el requerimiento a “estrés de voz o estratos de voz”. En 2006 había lanzado tres invitaciones a ofertar, en las que solicitó exclusivamente el servicio de análisis de estrés de voz, lo cual concluyó con la adjudicación por 980 pruebas a Expertos VSA.

La ampliación, a decir de Vernon Ayala, asesor de la Gerencia Administrativa Financiera de la SAT, se debió a la necesidad de ampliar las posibilidades de participación de empresas, ante las “tecnologías especiales y poco conocidas” que se buscaba adjudicar. Asimismo, para “buscar los mejores precios”.

En el evento de 2007, con la nueva especificación, participaron dos compañías: Internacional Proyectos y Representaciones S.A. (IPR), que ofreció la prueba de estratos de voz, y Expertos VSA, S.A., con análisis de estrés de voz.

El contrató se adjudicó el 18 de abril a IPR por un monto de Q780 mil por 4 mil pruebas. En el acta de calificación de ofertas y adjudicación consta que ambas firmas propusieron exactamente el mismo precio, y empataron en las calificaciones de especificaciones técnicas y experiencia. Ante el empate, la decisión quedó en manos de la Junta de Cotización: Juan Carlos Alegría Sáenz, Ericka Siomara Castillo Palencia y Kellyn Maritza Pérez Contreras. Se otorgó el negocio “tomando en consideración (...) que no interviene el criterio humano (...) este sistema es más conveniente para los intereses de la SAT”, razonó la Junta.