Jorge Eduardo Arellano
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LEÓN

Los magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial sancionaron a cuatro jueces de León con multas, y dejaron a un lado el caso del juez Civil de Distrito de Granada, Róger Pérez Vega, y del juez penal de Tipitapa, Guillermo García, denunciado por acoso sexual.

Los cuatro magistrados del Consejo: Manuel Martínez, Edgard Navas, Alba Luz Ramos y Marvin Aguilar, firmaron las sanciones a los cuatro jueces, por una queja. Pero mantienen el caso de Vega y García, guardados pese a que las denuncias contra ambos son graves.

En el caso de Vega, existen quejas de diversos ciudadanos, de la Procuraduría General de la República (PGR) y de los propios magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada, que han planteado las irregularidades. El juez de Tipitapa tiene queja de cuatro mujeres por acoso sexual.

En el caso de los jueces de León, el Consejo impuso un mes de suspensión en el ejercicio de su carrera como juez y un mes de salario como multa, al juez Penal de Adolescentes, Hildebrando Antonio Reyes Herrera, por su actuación irregular como abogado y por haber abusado de su condición de juez.

Asimismo, fueron amonestados a través de una cédula judicial, rubricada por Enrique Molina Barahona, oficial mayor y notificador de la CSJ, Noelia María Espinales Chiong, Juez Primero Civil de Distrito; Ligia Dominga Hernández Lezama, Juez de Distrito del Trabajo, y José Galán Ruiz, Juez Segundo de Distrito Civil, quienes fueron sancionados con multas económicas por su implicancia en el caso de Reyes Herrera.


Actuaron unidos
De acuerdo con Alberto Sarria González, representante legal de la señora Fátima Eveling Sarria Núñez, los cuatro jueces actuaron de manera conjunta e irresponsable; utilizaron un acta para sustraer de la vivienda de Sarria Núñez, a su hijo de 13 años y entregarlo a su progenitor, el juez Reyes Herrera.

“Han pasado casi dos años y el menor todavía se encuentra bajo el resguardo del juez Reyes Herrera, quien bajo amenazas y chantajes prohíbe al hijo acercarse a su madre”, dijo.

También señaló que la judicial Hernández Lezama fue quien ejecutó la solicitud de depósito de persona, cual si se tratase de un embargo preventivo, lo cual era visiblemente ilegal, por lo que debió de haber rechazado tal solicitud o en todo caso abstenerse de realizar tal actuación. Además, agregó que actualmente el juez Galán Ruiz se niega a dar lugar a que Sarria Núñez se reencuentre con su hijo.

Los cuatro jueces sancionados tendrán que pagar los montos de las multas con base en el ingreso salarial bruto de cada uno, dinero que deberá ser depositado en la cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia después de tres días de recibida la notificación.

El juez Hildebrando Antonio Reyes Herrera rehusó brindar declaraciones a los medios de comunicación, y a través de la vocería del Complejo Judicial se limitó a decir que la cédula judicial no se haría efectiva. La jueza Ligia Dominga Hernández Lezama también se escondió de los medios con la excusa de que se encontraba ocupada con una audiencia.