Eloisa Ibarra
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Los usuarios nicaragüenses cuentan con nuevos instrumentos jurídicos para defenderse de los abusos en que se incurre en el mercado y hacer valer sus derechos, pues la entrada en vigencia del nuevo Código Penal establece los delitos de usura, desabastecimiento, agiotaje y fraude en la facturación entre otros.

El artículo 263 establece que comete delito de usura, quien a cambio de préstamo u otra obligación jurídica, en cualquier forma, para sí o para otros, cobre intereses u otras ventajas pecuniarias o haga otorgar recaudos o garantías superiores a las tasas de interés establecidas en las leyes de la materia, y será penado con prisión de uno a cuatro años y de cien a mil días multa.

La misma pena será aplicada al que adquiera, transfiera o haga valer un crédito usurario y al que exija a sus deudores, en cualquier forma, un interés superior al indicado anteriormente, aun cuando los intereses se encubran o disimulen bajo otras denominaciones, y a quien capitalice intereses con el fin de cobrar intereses sobre intereses.

La pena será de quinientos a mil días multa y de dos a cinco años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo, profesión, comercio u oficio, si el autor fuera prestamista habitual.


El agiotaje
El artículo 268 establece que comete delito de agiotaje el que en perjuicio de otro, alce o baje el precio de mercaderías, valores o tarifas en el mercado, mediante negociaciones fingidas, noticias falsas, acaparamiento, destrucción de productos, materia prima, maquinaria o mediante convenios o acuerdos con otros productores, tenedores o empresarios.

La pena para quien incurra en ese delito será de uno a tres años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio. La pena de prisión será de tres a ocho años si se trata de servicios públicos, artículos básicos de primera necesidad o medicamentos.

El nuevo Código incorpora el delito de desabastecimiento, para quien con el propósito de obtener un beneficio económico, provoque el desabastecimiento total o parcial o una situación de escasez del mercado, mediante acaparamiento u ocultación, destrucción de mercadería o interrupción injustificada de servicios.

La pena será de trescientos a seiscientos días multa y prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer profesión, oficio, industria o comercio.


Freno a inescrupulosos
Se impondrá la pena de seiscientos a mil días multa y de tres a cinco años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer profesión, oficio, industria o comercio, cuando se trate de servicios públicos, productos alimenticios, medicinas o cualquier otro artículo de consumo básico de primera necesidad.

La venta ilegal de mercancías queda establecido en el artículo 270. El que, teniendo bajo su custodia, administración o distribución, bienes destinados a la distribución gratuita, los venda o enajene ilegítimamente, será sancionado con prisión de uno a dos años y de trescientos a quinientos días multa.

Si el delito se comete en época de conmoción o calamidad pública, o es realizado por autoridad, funcionario o empleado público, la pena será de tres a ocho años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo, profesión u oficio.

El artículo 271 establece el delito de fraude en la facturación. Quien en perjuicio del consumidor y por cualquier medio altere las facturas a través del establecimiento de cantidades superiores por productos o servicios, incluya en ella conceptos de cobros indebidos o altere los valores legales o contractualmente establecidos, será sancionado con prisión de seis meses a dos años y multa de trescientos a quinientos días.

La pena se incrementará en un tercio en sus límites mínimo y máximo cuando la conducta recaiga sobre artículos de primera necesidad o servicios públicos.