Eloisa Ibarra
  • |
  • |
  • END

Las mujeres rurales ejercerán un voto castigo contra todos los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional si antes de las próximas elecciones municipales no han aprobado el anteproyecto de ley “Creadora del Fondo para Compra de Tierra con Equidad de Género”.

La iniciativa fue presentada el seis de noviembre de 2007 a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional por la diputada Alba Palacios, y actualmente se encuentra en la Comisión Económica.

María Teresa Fernández Ampié, de la Coordinadora de Mujeres Rurales por el Derecho a la Propiedad de la tierra, integrada por 12 organizaciones de mujeres y mixtas como UNAG, ATC, ANAP, Arning, Unión de Cooperativas de las Brumas, cooperativas de base de occidente y asociaciones de mujeres rurales, dijo que la aprobación de la ley es urgente para las mujeres rurales.

Afirmó que las mujeres organizadas han expresado que no ejercerán su derecho al voto si los partidos políticos, con representación en el Parlamento, no aprueban la ley que esperan sea una realidad antes del Día Mundial de la Mujer Rural, el próximo 15 de octubre.

De una muestra de 900 mujeres de las organizaciones que integran la Coordinadora de Mujeres por el Derecho a la Propiedad de la Tierra, el 64 por ciento dice no tener tierra propia, aunque tiene acceso a ella, ya sea porque es del marido, algún familiar, la alquila o mediante la figura de mediería, en la que tienen que pagar con el 50 por ciento de sus cosechas, explicó Fernández.


Impera modelo patriarcal
El acceso de las mujeres campesinas, solas y jefas de hogar o esposas o compañeras, a medios de producción o a recursos esenciales como la tierra, el crédito, la asistencia técnica, los insumos y otros, es marginal. Es por ello, dijo Fernández, que están en situación de mayor pobreza.

Expresó que aunque las mujeres participan de igual manera que los hombres en las actividades relacionadas con la tierra, el hombre es por tradición el propietario de la misma y de los bienes de la unidad de producción familiar, producto de que persisten patrones culturales patriarcales que no permiten el avance en la tenencia mancomunada de la propiedad.

La tenencia de la tierra es un indicador de la brecha de género, se ha demostrado que ésta ha estado en manos de los hombres, entre el 61% y el 76% del titulado en el período 1998 a 2006.

Está confirmado que las mujeres son más responsables con los créditos, no sólo en el cumplimiento de los pagos, sino en la utilización del dinero, tienen menor acceso a préstamos, precisamente porque la tierra no está a nombre de ellas, expresó.

Los datos demuestran que las mujeres, al igual que los hombres, producen riqueza y demandan recursos, sin embargo, a pesar de la fuerte inserción al mercado laboral, continúan siendo grandes las asimetrías en lo relacionado con la entrega de recursos como tierra, crédito, capacitación y asistencia técnica, precisó.


La propuesta
El anteproyecto de ley propone la compra de tierras con un capital inicial determinado en el Presupuesto General de la República que podrá incrementarse con recursos provenientes de la cooperación, donaciones privadas, agencias de cooperación y organismos multilaterales, avalados por el Estado.

Para la implementación de la ley sugieren la creación del Fondo para la Compra de Tierras con Equidad de Género. Éste funcionaría con un principio de “doble ventanilla”, una social y otra comercial; las beneficiarias exclusivas de la primera serán las mujeres jefas de hogar.

Las mujeres, según el anteproyecto, adquirirían las tierras a través de crédito a un plazo de diez a 15 años, a una tasa de interés que no exceda el cinco por ciento anual y con el primer año de gracia. Las mujeres podrán comprar de una a cinco manzanas, de acuerdo a su capacidad de pago.

La titulación de la tierra se hará a nombre de la mujer cuando sea la solicitante, y de forma conjunta a las parejas unidas en matrimonio o en relación de hecho establece, cuando el solicitante sea el cónyuge.

Las mujeres rurales, jefas de familia, gozarán de un subsidio especial de un dos por ciento del monto total de lo aprobado en el acceso al crédito para compra de tierra, a fin de iniciar una actividad agropecuaria que les permita generar recursos en menor tiempo.