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OCOTAL, NUEVA SEGOVIA

Una comisión gubernamental que llegó el martes supuestamente para investigar los hechos violentos escenificados entre policías y deudores, en que resultaron varios heridos, uno de ellos policía, y un reclamante con lesiones graves, se constituyó en interlocutora de los “alzados” ante las financieras. En esta misión se incluye al comisionado general Horacio Rocha, segundo jefe de la Policía.

En las reuniones celebradas entre la dirigencia del Movimiento de Productores y Comerciantes de Las Segovias (MPCS) y la comitiva oficial, y entre ésta y los directivos de la Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia (Fundenuse), fue vedada la presencia de periodistas, y el hermetismo fue total, pues nadie salió a brindar declaraciones que explicaran a la población qué es lo que está pasando.

Por la parte oficial también participan el diputado sandinista César Castellanos y Edward Centeno Gadea, ex alcalde ocotaleano y titular del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom).

Los líderes de las protestas, Omar González Vílchez y José Andrés Castillo, durante la primera reunión que finalizó a la una de la madrugada de este miércoles, lograron liberar a los tres detenidos en el escenario de la trifulca, donde también ellos fueron protagonistas.

No obstante, una fuente policial aclaró que el dejarlos libres no significaba que el caso quedara en la impunidad, ya que se continúa con el proceso investigativo, y esperaban que los representantes legales de Fundenuse interpusieran la denuncia.

Según la fuente, en los violentos hechos hubo un concurso de delitos como “daños agravados, desobediencia a la autoridad y terrorismo”, porque el conato de incendio infundió zozobra entre el vecindario.


Negociaciones trabadas
Los pequeños productores endeudados esperaban ayer --en una hacienda ganadera propiedad de Castillo, localizada entre Mozonte y San Fernando-- el llamado de la parte gubernamental para reanudar las negociaciones de las tasas de interés sobre los saldos morosos y una reestructuración de largo plazo en el marco de los acuerdos que los deudores lograron con la Asociación de Microfinanzas (Asomif), el 5 de julio pasado.

Además, exigen se les exima de los presuntos delitos que los Fundenuse y la Policía pretenden achacarles por los daños ocasionados en el edificio bancario, el que continúa cerrado con la cinta amarilla de “escena del crimen”. Se trata de un edificio con paredes de cristal, de fachada moderna, que perteneció al otrora Banco Nicaragüense (Banic), y que fue adquirido por la asociación “sin fines de lucro” en las cuestionadas subastas de los bancos quebrados, durante el período del gobierno de Arnoldo Alemán.

“Aquí estamos esperando el llamado de cualquiera del gobierno que está en la comisión, para sentarnos a negociar con los Fundenuse”, dijo Omar González Vílchez, principal dirigente de los deudores.

Advirtió que mantienen la misma posición, respecto al máximo de interés a aplicarse en la reestructuración, que es del 8%. “Estamos aquí porque queremos pagar, pero bajo condiciones justas”, señaló, a la vez que ratificó la disposición de continuar bloqueando el trabajo de las financieras.

Fundenuse ofrece una reestructuración con la tasa ponderada que publica el Banco Central de Nicaragua (BCN) que en julio es del 21.78%, y que de acuerdo con la Ley Reguladora de Préstamos entre Particulares, es la base legal por la que deben regirse las microfinancieras, sean de sociedad mercantil o sin fines de lucro.

Esta microfinanciera señala en un comunicado publicado por los medios de comunicación local, que del listado de morosos que les entregó Asomif, del movimiento rebelde figuran sólo 54 clientes.


Versión del Cenidh
Alberto Rosales, coordinador de la filial del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh de Estelí, dijo que el proceso investigativo que realizan de los hechos, se han entrevistados con todas las partes en conflicto.

“Los productores denunciaron a la Policía por abuso de autoridad, porque habían excedido la fuerza en el uso de sus funciones, y el comisionado (Héctor) Zelaya manifestó que ellos cumplieron con los que les mandan la Constitución y la Ley 228”, relató.

Rosales concluyó que la Policía tiene potestad de restituir el orden y la paz social en cualquier lugar, “sin embargo, ese tema hay que manejarlo con mucho cuidado para evitar que se generen situaciones como la ocurrida en Ocotal”, especificó.

Lamentó que por los sucesos hayan salido lesionados, y algunos hasta graves, como el campesino que perdió su ojo izquierdo por el disparo de la técnica de la policía antidisturbios. “Nosotros, como organismo de derechos humanos, hemos criticado el uso de balas de gomas, porque eso representa un mecanismo de represión para cualquier ciudadano”, señaló. De la misma manera, reprochó el uso de un machete con el cual se le produjo una herida muy peligrosa para uno de los policías.