Leoncio Vanegas
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OCOTAL, NUEVA SEGOVIA

La mediación de la comitiva gubernamental entre los deudores y la microfinanciera Asociación para del Desarrollo de Nueva Segovia (Fundenuse) y Banco ProCredit, todavía no ha dado sus frutos, mientras aumentó en esta ciudad la fuerza policial con la llegada de refuerzos provenientes de Somoto, Estelí y Managua.

Por su parte, se conoció que hoy la Policía presentará ante la Fiscalía departamental el expediente con todos los elementos probatorios para acusar por varios delitos a diferentes miembros del Movimiento de Productores y Comerciantes de Las Segovias (MPCS), como presuntos responsables de la acción violenta contra las instalaciones de Fundenuse, ejecutada la mañana del último lunes.

El comisionado general Horacio Rocha, segundo jefe de la Policía, aclaró en una rápida conferencia de prensa, que su presencia en las reuniones de la comisión mediadora es únicamente de observador.

Dijo que fue delegado por la comisionada general Aminta Granadera para trabajar “en dos direcciones: por un lado, por los sucesos, hay una investigación abierta, que busca todos los elementos de convicción del caso”, informó.


En libertad, pero bajo investigación
En relación con los detenidos en el escenario de los hechos violentos que provocaron seis heridos, dos de gravedad, y que luego fueron liberados, dijo que para eso están las 48 horas, para poner en libertad a las personas, “si no se les logra individualizar una acción (…) eso no quiere decir que no vayan a pasar en las acusaciones correspondientes”, acotó.

Fueron puestos en libertad Lino Quintero Hernández, de 43 años, oriundo de Telpaneca; Luis Arturo González, de 38, del municipio de El Jícaro, y Andrés Abel Laguna Rodríguez, de 44 años, de La Trinidad, jurisdicción del departamento de Estelí.

Rocha evitó mencionar nombres de los productores que rolarían en la acusación. “Nosotros estamos investigando todo y la participación que tuvo el de la gasolina, que prendió fuego aquí, todo…”, indicó.

Justificó el aumento de fuerzas antidisturbios en la ciudad, como una medida de precaución, “porque la Policía toma todas las acciones que sean necesarias para garantizar la paz y la seguridad ciudadanas”. Además, que su presencia en esta ciudad será por el tiempo que sea necesario.

En tanto, se supo que uno de los dirigentes de los deudores se había retirado inconforme por el curso de las propuestas que se exponían ante la comitiva mediadora que coordina Edward Centeno, titular del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom). Se trata de José Andrés Castillo, señalado por las financieras, como el más “enjaranado” con ellos, con un monto de alrededor de medio millón de dólares.

Omar González Vílchez dijo que ellos habían formulado una contrapropuesta para Fundenuse, principalmente de negociar con base en un interés del 12%. Y aclaró que no son 54 clientes de su movimiento los que tienen deudas con esta financiera neosegoviana, sino más de 500.


Jalapa con economía por colapsar
En Jalapa, unos 80 representantes de sectores sociales y económicos se reunieron para analizar la grave situación generada por el conflicto entre usuarios y microfinancieras. Aquí consideraron que el municipio se encuentra al borde un colapso económico por la cesación de actividades de las financieras.

El alcalde Humberto Pérez Largaespada, que estuvo presente, propuso una comitiva que trabajara una propuesta integral para una solución estratégica al financiamiento, en este caso, que se formule una ley que venga a regular de manera definitiva las actividades de las microfinancieras en el país.

El diputado César Castellanos, que también ha participado en la mediación del conflicto, dijo que será una prioridad suya que en cuanto se active el trabajo del Poder Legislativo, en agosto, se ponga en agenda la aprobación definitiva de la ley, la que ya está aprobada en lo general.