Eloisa Ibarra
  • |
  • |
  • END

La Procuraduría General de la República (PGR) proveerá un terreno donde se ejerzan medidas regulatorias que permitan el desarrollo de la actividad a los chatarreros para efectos de un adecuado proceso de seguimiento, monitoreo, vigilancia, control y educación, informaron las autoridades de esa institución.

Desde hace un año, el Ministerio de Salud (Minsa) y las autoridades de la Alcaldía de Managua (ALMA) han manifestado la necesidad de reubicar fuera del casco urbano todos los centros de acopio de desechos sólidos destinados a la exportación para su posterior reciclaje.

Según la PGR, apoyan legalmente las acciones del Minsa y de la Alcaldía, e inclusive ya cuentan con el antecedente de sentencia de culpabilidad por delito ambiental, en perjuicio del Estado.

Entre los principales argumentos de la PGR para donar el terreno, se encuentra la vulnerabilidad epidemiológica que presentan esos sitios y las malas prácticas de manejo de los materiales que son acopiados, en los que muchas veces se manipulan sustancias de alta toxicidad.

Actualmente son miles de toneladas anuales de desechos, como plástico, latas de bebidas y de alimentos, que son tirados como basura doméstica, los que debido al mal manejo de la basura encuentran como destino final los lechos de los ríos, lagos o lagunas, y en el mejor de los casos, los vertederos legales o ilegales que existen en el país.

El sector denominado “chatarreros” abarca toda una cadena que va desde el ciudadano que se dedica en las calles a la recolección de latas y envases, hasta el exportador, atravesando toda una serie de procesos e involucrados que se dedican a la actividad de recolectar, transformar, transportar y exportar el producto final.

Desde el punto de vista ambiental, según la PGR, los beneficios de la recolección de desechos sólidos (chatarra) de cualquier tipo son incalculables, pues además de prevenir la contaminación, se contribuye a evitar el agotamiento de los yacimientos minerales de los que se extrae la materia prima para la fabricación de los envases o productos.

Desde el punto de vista económico, la recolección y acopio de chatarra permite a un sector poblacional contar con una fuente de ingresos que les permita subsistir.

Las autoridades de gobierno mencionadas trabajan en un plan de manejo para encontrar el punto de equilibrio entre los beneficios ambientales, sociales y económicos que genera la actividad, frente a la necesidad de preservar la salud de la población, que podría verse afectada por la realización de dicha actividad.

“Ese es nuestro papel como Estado y como gobierno, servir como facilitadores y reguladores de las actividades que realizan los administrados, a efectos de permitir la generación de fuentes de empleo y un ambiente saludable, indican en la PGR.