Jorge Eduardo Arellano
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Colombia podría hacer muy poco jurídicamente contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, mientras esté en el poder, de acuerdo al análisis de dos analistas de temas internacionales.

Según el ex canciller nicaragüense Emilio Álvarez Montalván, la denuncia de Colombia contra el presidente Ortega ante la Sesión Ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado jueves 24 de julio, tiene muy poca incidencia en la actuación del presidente nicaragüense ante el motivo de queja de los colombianos, a como es el supuesto apoyo a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Colombia, por medio de su embajador residente ante la OEA, Camilo Ospina, acusó a Ortega de apoyar y proteger a las guerrillas, consideradas organización terrorista por ese país, más Estados Unidos y la Unión Europea; el país sudamericano además pidió a la presidencia de la OEA, la intervención mediante la Carta Democrática de ese foro ante el comportamiento de Ortega en relación a las FARC.


Ni facultades ni peso jurídico
Según Álvarez, la OEA no podría hacer nada contra Ortega por dos motivos: Colombia no ha hecho formal petición más que quejas oficiales, y el mismo foro no tiene facultades ni peso jurídico para solventar las crisis entre naciones.

“La OEA no sirve para ese tipo de situaciones. No tiene relevancia, ni capacidad, ni incidencia, ni determinación jurídica ni política para resolver problemas entre dos países, eso siempre se ha demostrado”, expresó el ex canciller nicaragüense.

Según Álvarez, sólo Colombia podría responder qué acciones podría determinar contra Ortega por el supuesto apoyo a las FARC, pero que si llegara a decidir acciones por medio de la OEA, no lograría nada.

“La OEA lo único que sabe hacer es mediar, poner el aceite encima del agua. Nada más”, opinó el ex jefe de la diplomacia de Nicaragua y analista de asuntos internacionales.

Colombia, en su exposición del pasado jueves ante el foro continental americano, personalizó sus denuncias contra Ortega y separó a la población general del país centroamericano de posibles acciones por el presunto apoyo a las FARC por parte del mandatario.

El embajador Ospina expresó dos frases fuertes contra Ortega que en Nicaragua, de acuerdo a círculos diplomáticos y analistas, implican amenazas de posibles medidas contra el mandatario.

Primero dijo que “Colombia distingue muy bien entre un pueblo honesto y trabajador y un gobernante que protege terroristas”. Luego agregó que “Colombia no hará nada que perjudique al pueblo de Nicaragua, actuará contra el señor Ortega en la oportunidad correcta” y antes de concluir advirtió: “Presidente Ortega ayúdenos a sepultar el cadáver de las FARC, no se sepulte con ellos”.


Mensajes políticos
Aunque las expresiones del embajador colombiano fueron desestimadas como amenazas por el canciller nicaragüense Samuel Santos, para el analista Javier Meléndez, director ejecutivo del Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas (IEEPP), las expresiones de Colombia “son más mensajes políticos, pero no deberían ser tomadas a la ligera”.

“Colombia, basada en el derecho internacional, a lo inmediato no puede hacer nada contra Ortega más que denunciar su política de ingerencia en asuntos propios de ese país, pero a largo plazo podría denunciarlo ante la Corte Penal Internacional, bajo el argumento de ser auxiliador de grupos terroristas”, señaló Meléndez.

De acuerdo al observador, para llegar a ese punto el país del sur tendría que iniciar un proceso ante el tribunal internacional, una vez que Ortega deje el poder, porque de acuerdo a derechos internacionales, ninguna corte o autoridad mundial puede detener o procesar a un presidente en funciones, a menos que sea acusado con pruebas de crímenes de lesa humanidad, situación en la que no encaja la acusación de Colombia contra Ortega.

“Con Ortega podrían hacer lo que hicieron con Pinochet en Chile: esperaron a que dejara el poder para procesarlo. Si Colombia hiciera eso, debería mostrar pruebas y proceder legalmente, pero aun así tendría problemas”, dijo Meléndez.

Ese problema sería, según el analista, el hecho de que Nicaragua se niega a firmar su adhesión a la Corte Penal Internacional, tal y como lo planteó en la mesa de negociaciones de integración comercial con la Unión Europea.

“Podríamos decir que al negarse a firmar la adhesión a la Corte Penal Internacional, cualquier presidente, incluyendo Ortega, se cuidan las espaldas de ser acusados en determinado momento de crímenes de lesa humanidad”, observó Meléndez.