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La Procuraduría General de la República recurrirá de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra la sentencia de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, en un caso de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) porque deja en indefensión al Estado y en la impunidad un delito cometido.

En dicha sentencia se da lugar al Recurso de Apelación interpuesto por las defensas técnicas y revoca la resolución apelada, pronunciada por el Juez Cuarto de Distrito Penal de Audiencias, y se sobresee definitivamente a los acusados por extinción de la acción penal (prescripción).

Asimismo, ordena el cese inmediato de las medidas cautelares aplicadas en el caso en el que se acusó a ex funcionarios de ENEL por fraude de más de un millón de córdobas en perjuicio del estado.

La PGR presentó acusación el 17 de junio de este año, en la cual el Ministerio Público también ya había acusado en el mes de abril del 2008, por ser presuntos coautores del delito de fraude en perjuicio del Estado de Nicaragua, en particular ENEL.

Los acusados en calidad de coautores son: Mario José Montenegro Castillo, Juan Carlos Izaga Khun, Aaron Benicio Guerrero Palma, ex funcionarios de ENEL, así como Rosaura del Socorro Jerez Grillo y Álvaro José González Pérez, en calidad de cooperadores del delito de fraude.

Los hechos consisten en que el 15 de mayo del año 2003 se firmó una escritura pública elaborada ante el Notario Yader Merlo Serran, en la cual ENEL suscribe un contrato con una compañía de nombre Explasa, la que estaba representada por Rosaura del Socorro Jerez, quien a la vez era empleada de Aarón Guerrero Palma, entonces Asistente Ejecutivo del anterior Presidente de ENEL, Mario Montenegro Castillo.


El fraude y la estafa
“Este contrato consiste en el arrendamiento de dos unidades electrógenas para las plantas de ENEL en Siuna, una Detroit y otra Cummins. El período de arrendamiento era del 15 de mayo del 2003 al 14 de mayo del 2004. Estas plantas nunca llegaron a Siuna. Para lo cual se emitieron varios cheques, siendo el último acto conocido delito en el mes de enero del 2004.

Resulta que cuando se comenzó a investigar el dueño de estas plantas era el mismo Aarón Benicio Guerrero, quien se estaba auto contratando y alquilándole las plantas a ENEL.


Alto costo de la bandidencia
El monto pagado por ENEL por el supuesto arrendamiento de las plantas fue de C$968,533.44 córdobas por la actividad ilícita de los acusados que simulaban arrendar dos plantas electrógenas par la Planta de ENEL en Siuna.

Por otro lado, Juan Carlos Izaga, en febrero del 2003, sin estar facultado, ordenó a Julio César suscribir otro contrato en nombre de ENEL con la empresa Importaciones Eléctricas INPELCO, representada por el acusado Álvaro José González, quien simulaba que vendía energía para las plantas en Siuna y San Juan del Norte con un canon de USA $ 2, 500 dólares al mes.

Ambas plantas no pertenecían a INPELCO, sino al acusado Aarón Benicio Guerrero, en claro detrimento de los intereses del Estado, por un monto de C$386,735 córdobas por las actividades ilícitas, lo que para la PGR constituye un tipo Penal de fraude.

El Procurador Específico Penal, Iván Lara Palacios, afirmó que “es bueno que los jueces tomen en consideración y hagan un estudio de las acusaciones, ya que en algunos casos por falta de beligerancia de un juez al no programar en tiempo la audiencia correspondiente, puede ocasionar un perjuicio al Estado y den lugar a alegato de prescripción que puedan dejar en impunidad los delitos cometidos en perjuicio del Estado”.

Aunque la juez de Audiencia remitió el caso para juicio oral y público, después de interpuesta la acusación, y los acusados que presentaron un recurso de Apelación alegaron la prescripción aduciendo que firmaron el contrato respectivo el 15 de mayo del 2003 y como la audiencia se desarrolló en junio del 2008, ya habían transcurrido más de cinco años.

Obviaron que el plazo de vigencia era por el término de un año contado del 15 de mayo del 2003 al 15 de mayo del 2004, y en ese período de tiempo al amparo de ese contrato se libró una serie de cheques que confirman los desembolsos hechos por ENEL en concepto de pago por la supuesta compra de energía eléctrica.


Una rara lectura del TAM
El TAM hizo un análisis muy sui géneris de lo que dice el arto. 116 y el 117 del Código Penal: “establece que la prescripción se interrumpe perdiéndose el tiempo transcurrido siempre que el reo cometa nuevo delito o faltas, y se suspende desde que el procedimiento se dirige contra él”, argumentó Lara.

“Por tanto, el criterio de la PGR es que la prescripción se suspende desde que la Fiscalía o la PGR ejercen la acción penal (acusan) y el juez, mediante auto o citación, dirige el procedimiento contra los acusados (llama a audiencias sean preliminares e iniciales) criterio apoyado en la doctrina y en la jurisprudencia española, que tiene un Código Penal exactamente con los mismos disposiciones legales sobre la suspensión e interrupción de la Prescripción de la acción penal en Nicaragua.

“Por otra parte, los Magistrados aplican la Ley de una manera distinta y no valoraron que la fecha de la prescripción de manera correcta, ya que el último acto ejecutado del delito fue en enero del 2004 (que fue la fecha en la cual se libró el último cheque que soporta pagos hechos por ENEL a Explasa e Impelco) por lo que realmente la prescripción operaría en enero del dos mil nueve.

Es decir estamos ante un delito continuado en el presente caso. No valoraron eso y se hace una interpretación errónea de la figura de la prescripción”, alegó el Procurador Lara.