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Un reo que llega a las cárceles de las regiones autónomas del país, en la Costa Atlántica nicaragüense, debe esperar un promedio de 212 días en prisión preventiva y siete meses para su condena definitiva, mientras en el Pacífico sólo tardan 33 días para resolver el caso. Pero no es todo, cuando eso ocurre, deberá guardar prisión con más de 100 reos más en una celda diseñada para 55, con pocas posibilidades de atención médica y con 10.80 córdobas para alimentarse los tres tiempos que dure su pena

PUERTO CABEZAS
Una evidente violación a los derechos humanos contra las personas privadas de libertad en los centros de detención en las regiones autónomas, refleja un diagnóstico elaborado y presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

El estudio, realizado entre los meses de mayo a julio del año pasado, refleja que hay hacinamiento extremo, retardación de justicia, insalubridad, falta de atención médica a los privados de libertad y hasta desarraigo y marginación en el caso de 453 indígenas que purgan penas en centros penitenciarios del Pacifico.

Según Anielka Pacheco, del equipo consultor contratado por el PNUD, cuando fueron a la Región Autónoma del Atlántico Norte para elaborar el diagnóstico, de entrada se dieron cuenta de que en Bilwi, las cárceles con capacidad para albergar a 65 reclusos tenían 86, reflejando un hacinamiento arriba del 30 por ciento. Esta cifra es baja, considerando que en determinados momentos las mismas celdas han llegado a albergar hasta 126 personas, confirmó una fuente policial.

Empaquetan reos como sardinas
En el caso de la RAAS, donde existen cárceles de la Policía y del Sistema Penitenciario, el informe refleja que en la primera se encontraban 104 reos arpillados en una celda cuya capacidad es de 55, y en el otro había 95 reos alojados en celdas para 60 personas.

De la misma manera, los investigadores encontraron que además de la falta de espacio, tampoco se les brinda atención médica adecuada, sobre todo en las celdas policiales, sumado esto a una alimentación insuficiente en cantidad y calidad, lo que se acentúa más en las celdas policiales, donde además hay condiciones higiénico-sanitarias deficientes y falta de agua.

El presupuesto que recibe la Policía Nacional para alimentar a cada reo es de once córdobas por los tres tiempos de comida al día, es decir, tres córdobas con sesenta centavos por tiempo de comida, cifra superada por los sistemas penitenciarios que reciben quince córdobas por día.

Mingob indolente
Agrega el diagnóstico que en las celdas policiales, los y las procesadas o sentenciadas, no cuentan con beneficios relativos al cumplimiento de la pena, y en el caso de los que cumplen condena en penales del Pacífico sufren de desarraigo familiar y cultural por traslados.

Muchos no vuelven a ver a sus hijos y demás familiares hasta que regresan después de cumplir su castigo, en caso de que logren sobrevivir, ya que ha habido casos donde el reo muere y ni el Sistema Penitenciario ni el Ministerio de Gobernación se quieren hacer cargo del traslado del cuerpo a su lugar de origen, manifestó el pastor Amílcar Padilla, de la Iglesia Morava.

No importa que hablen otra lengua
En los penales del Pacífico se encontró que hace falta atención especializada con base en criterios de lenguas, cultura y origen, y los miskitos, sumos, ramas y creoles se sienten marginados y son maltratados.

Otra garantía mínima reglamentaria que no es respetada en las celdas de la Policía Nacional, es la falta de información a privados de libertad sobre sus derechos, obligaciones, reglas disciplinarias y procedimientos para interposición de quejas, sumado a la casi ausente visita o inspecciones por parte de las instituciones que deben velar por los derechos humanos, como la Procuraduría.

El documento calificó como el colapso del círculo de los que imparten justicia, lo que dificulta el cumplimiento de plazos y términos legales para comparecencias y juicios.

Dicha afirmación fue ilustrada cuando los consultores encontraron que en la RAAN, un simple ciudadano debe esperar en las cárceles, bajo prisión preventiva, 212 días para poder celebrar un juicio. Para que se llegue a dictar una sentencia requiere unos siete meses. En la RAAS, un poco menos --126 días--, es decir, cuatro meses, mientras que los juzgados del Pacifico solamente se tardan 33 días en resolver un caso.

Cero condiciones para mujeres y adolescentes
Las mujeres y los adolescentes no están fuera de esta realidad, aunque sea mínima la cantidad de éstos en las cárceles visitadas, sin embargo, se encontró que no existen instalaciones especiales y condiciones sanitarias dignas para las mujeres, y los adolescentes no están recluidos en locales especiales y comparten las mismas celdas con los adultos.

Cabe señalar que el diagnóstico no precisó los abusos sexuales de parte de autoridades policiales y del Sistema Penitenciario, las que son denunciadas por medio de papelitos que salen escondidos de las cárceles, y los presos entregan cuando son llevados a los juzgados y encuentran a algún familiar o periodista.

Una luz, pero….
Ante la inminente violación de los derechos humanos contra los indígenas costeños, la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, quien estuvo presente en la presentación del diagnóstico, dijo que ya existen avances en la mejoría de la situación.

La Inspectora General del Sistema Penitenciario Nacional, subprefecta María del Carmen Salgado Herrera, dijo que ya está diseñado el proyecto de un centro penitenciario en esta ciudad, pero lo que hace falta es el dinero y el terreno, considerando que es una prioridad en estos momentos.

Mientras tanto, la síndica de la comunidad de Kamla, Flordina Francis, puso a la disposición el terreno para la construcción del penal, que tiene un valor de 22 millones de dólares y con capacidad de albergar a unos 450 reos.

Hay compromiso, pero no recursos
Anielka Pacheco, quien estuvo a cargo de la presentación del estudio del PNUD, dijo que existe un compromiso de parte de las autoridades de Gobierno para ir superando todas y cada una de las dificultades encontradas en el estudio de campo, sin embargo, en el corto plazo, no se observa ni siquiera que se vaya a construir un nuevo complejo de cárceles.

“Entiendo que existen diseños y planos del edificio en el que funcionarían las nuevas cárceles, pero lo del terreno no se ha definido de manera clara, y, además, no se sabe de dónde saldrían los fondos para financiar esa construcción”, dijo Pacheco.

Indicó que uno de los problemas más difíciles que se enfrentan es que los reos por falta de espacio en las cárceles actuales se mantienen en las celdas de la Policía Nacional, y eso les impide acceder a los beneficios que les otorga la Ley de Régimen Penitenciario.

“Esto provoca que los reos no se incorporen a las labores del penal ni que tengan sus horas de sol, y tampoco que tengan los derechos de que gozan los demás reos que sí están en celdas, como la atención médica, porque el médico del penal no llega a las celdas de la Policía”, señaló Pacheco.

Añadió que en el caso del PNUD, están dispuestos a mantener el seguimiento sobre el tratamiento que se le dará a los hallazgos del informe, “porque de lo que se trata es de que se tomen algunas decisiones reales para hacer frente a esta situación que lastima enormemente el respeto a los derechos humanos de los reos”.

“Aquí lo que han dicho las autoridades del Gobierno Central es que están claros de los problemas que existen, y que tienen disposición de hacer frente a cada una de las situaciones, pero que éste es un problema que se debe ir resolviendo con el concurso de todos los actores. En este caso, también debe haber apoyo del Gobierno Regional, porque al unir esfuerzos es más fácil saltar esos diferentes obstáculos”, explicó.

Pacheco dijo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo seguirá financiando con sus recursos este tipo de estudios y diagnósticos, porque es la mejor forma de apoyar el desarrollo de las instituciones de Gobierno en pro del mejoramiento de las condiciones de vida y derechos humanos de los nicaragüenses, sean éstos campesinos, productores, o, en este caso, reos, que han sido privados de libertad por haberse involucrado en actos delictivos.