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El índice de riesgo climático calculado para 176 países entre 1990 y 2008, con base en fenómenos meteorológicos extremos, ubica a Nicaragua en la quinta posición.

Aun cuando Centroamérica produce menos del 0.5% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, GEI, a nivel global, es señalada como el “punto caliente” más vulnerable al cambio climático entre las regiones tropicales del mundo, según el IV Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible.

Los cultivos más sensibles al cambio climático en Centroamérica son la caña de azúcar, la yuca, el maíz, el arroz y el trigo, productos que representan la base de la pirámide alimenticia.

Cambio climático exige acciones inmediatas
Centroamérica vive un proceso de transición demográfica ante los escenarios del cambio climático. Este fenómeno provocará eventos hidrometeorológicos extremos, e importantes modificaciones en los patrones de temperatura y precipitación.

Si no se emprenden acciones, tanto para disminuir la vulnerabilidad como para aumentar la adaptación y la sostenibilidad, estarán en riesgo la infraestructura y la vida de las personas, así como la viabilidad de actividades productivas estratégicas para la región, en especial la agricultura y la generación de energía.

Entre las principales áreas de impacto que tendría el cambio climático, se identifican presiones sobre la seguridad alimentaria, la disponibilidad del agua (incluyendo su potencial uso energético), y la alteración y pérdida de biodiversidad en los ecosistemas (con énfasis en los bosques y en los recursos marino costeros).

Todo ello junto a una mayor propensión a desastres, daños a la salud humana y afectación de los medios de vida (en particular de los pueblos indígenas y las comunidades rurales).

El análisis de la situación ambiental en el istmo da pie para afirmar que el agua es uno de los recursos más sensibles a la alternación climática y a la degradación ambiental en general, tanto en su disponibilidad, distribución y calidad, como en su potencial uso como generador de energía.

El plazo con que todavía cuenta la región puede ser utilizado para integrar la gestión del riesgo como eje transversal en las políticas de desarrollo humano.

Esto supone un rediseño de las políticas de ordenamiento territorial, que redefina y respete los principales usos del suelo, así como la adopción de un modelo de aprovechamiento de la biodiversidad que establezca un balance entre el resguardo de las formas de vida y los objetivos de producción.

Esto, sin dejar de lado la posibilidad de crear un sistema de servicios ambientales ligado a la adaptación al cambio climático.

Inversión en educación
En el período 2000-2008 aumentó la inversión social en toda la región. El mayor incremento (66.7%) se dio en Nicaragua; aunque junto a Guatemala sigue siendo el país que tiene menor inversión en materia social: US$119 por persona.

La cobertura educativa aumentó en todos los niveles y en todos los países, pero aún persisten brechas considerables. Con excepción de Costa Rica y Panamá, en la región más del 50% de los niños y de las niñas no asisten a la educación preescolar. En secundaria, la cobertura es mayor, pero en Belice, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, cuatro de cada diez jóvenes todavía están fuera de las aulas.

El perfil laboral y educativo de los jóvenes centroamericanos presenta fuertes contrastes, pero es importante recalcar la situación de los comprendidos entre los 12 y los 24 años que no estudian ni trabajan, y que configuran un segmento poblacional afectado crónicamente por la exclusión social.

Desnutrición y salud: una deuda pendiente
Aunque Centroamérica ha logrado avances en indicadores de salud que incluyen un aumento en la expectativa de vida de hasta 70 años, sigue presentando un déficit crónico en lo que concierne a la desnutrición infantil, especialmente en las zonas rurales.

La tasa regional es de 34.9% del total de la niñez menor de cinco años, la más alta en comparación con otras subregiones latinoamericanas.

La desnutrición es un fenómeno que afecta entre el 40 y el 60% de las mujeres que viven en las áreas rurales de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nuestro país reporta una incidencia de desnutrición crónica  del 19.3%.

En el caso de los alimentos, los altos precios golpean con severidad a una población que en su mayoría dispone de bajos ingresos, en una región en donde la incidencia de la desnutrición infantil alcanza hasta el 50% en Guatemala.

En cuanto a la mortalidad infantil, la tasa en Nicaragua (superior a 20 por cada mil nacidos vivos) fue más del doble de la que presentó Costa Rica (9 por cada mil nacidos vivos).

Urge tomar medidas
Las políticas sociales y de fomento productivo no han logrado garantizar la disponibilidad y acceso a los alimentos para la población de menores ingresos.

Este riesgo exige esfuerzos que, si bien no modificarán las condiciones exógenas, podrán amortiguar su impacto al interior de los países. Ello implica potenciar las zonas de vocación agrícola y fortalecer a los pequeños y medianos productores, con prioridad en aquellos países donde gran parte de la Población Económicamente Activa, PEA, se desempeña en el sector primario.

También es necesario diversificar los cultivos y aumentar los rendimientos de manera ambientalmente responsable, así como superar los obstáculos que encarecen la comercialización de los alimentos.

Al mismo tiempo, la región dispone de condiciones e incentivos para aplicar políticas activas que permitan aprovechar su potencial de generación de energías limpias y socialmente sostenibles.

Algunos progresos
Aun en condiciones tan difíciles como las que se han vivido durante estos años, el Informe identifica progresos en áreas clave para el desarrollo humano sostenible, aunque ciertamente a ritmos más lentos y en magnitudes todavía insuficientes.

En 2009, la contracción del Producto Interno Bruto, PIB, fue menor a la del comercio exterior (importaciones y exportaciones), y en todos los países, excepto en Honduras, aumentó la importancia relativa del Istmo como mercado para sus exportaciones con respecto a 2000.

Los flujos de remesas familiares, aunque se redujeron durante la crisis, también contribuyeron a que no se produjera una mayor contracción en el ingreso nacional disponible. Ello resultó fundamental para evitar un mayor deterioro en los ingresos, y el empleo y la inversión social per cápita crecieron entre el 40 y el 60% en la mayoría de los países.