•  |
  •  |

El abogado José Manuel Urbina Lara exigió a la Policía que le entregue una copia del vídeo donde, según el litigante, está filmado el momento en que un “comando” integrado por cuatro hombres con los rostros encapuchados, ingresó al Hotel Yolaina a asesinar a su hermano Pablo José.

La solicitud la hizo Urbina Lara al juez Décimo Distrito Penal de Audiencia de la capital, Carlos Solís, pero el judicial rechazó la petición, señalando que él solo tiene funciones jurisdiccionales.

De manera extraoficial se informó que el vídeo que reclama Urbina Lara ya está en poder del Ministerio Público, pero que será ofrecido como  prueba en la audiencia inicial programada para el próximo viernes 21 de octubre.

En la misma audiencia, el judicial dictó la prisión preventiva para María Magdalena Zeas Taylor, Jerónimo Gómez Salinas, Mateo Hernández Hurtado y Néstor Parrales Aragón. Además, ordenó la captura  de Norman Mejía Moreno.

En la acusación, el Ministerio Público imputa a los cinco acusados, la presunta coautoría del robo agravado de siete televisores y la camioneta de la víctima.

Por el asesinato de Pablo José Urbina Lara, la Fiscalía solo incrimina en calidad de coautores a Jerónimo Gómez Salinas, Néstor Parrales y Norman Mejía Moreno.

Todos contra la Policía
Durante la audiencia preliminar, no sólo Manuel Urbina Lara criticó la  actuación policial, sino que también lo hicieron los abogados defensores, quienes denunciaron que sus representados fueron torturados en la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ.

El abogado Juan Miranda, defensor de Mateo Hernández, aseguró ante el judicial que su representado fue torturado con chuzos eléctricos durante los interrogatorios policiales.

Por su parte, Cristóbal Cruz, defensor de Néstor Parrales, también afirmó que su cliente fue golpeado por la Policía, a pesar de que tiene una bolsa de colostomía, como consecuencia de una operación por una herida con arma de fuego.

Mientras tanto, Vilma Ampié Silva, quien ejerce la defensa de María Magdalena Zeas, acusó a la Policía de esconder pruebas desde el inicio del proceso.

Ante la denuncia de los abogados Miranda y Cruz, el juez Solís ordenó que Hernández y  Parrales sean examinados por un médico forense.