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El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS; el Ministerio Agroforestal, Magfor; la Dirección General de Ingresos, DGI, y Mi Familia, son las entidades gubernamentales más herméticas a la hora de brindar información pública, a diferencia de las Alcaldías, el Ejército y la Policía Nacional, las instituciones con mayor nivel de apertura.

Esto, según el segundo monitoreo realizado por la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro” para medir el grado de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

La evaluación se realizó en Jinotepe, León, Managua, Rivas, Matagalpa Diriamba, San Ramón, Matiguás y Río Blanco, donde se presentaron en total 95 solicitudes en 17 alcaldías, ocho empresas estatales, 24 entes descentralizados y 46 ministerios. De las 95 peticiones sólo 38 obtuvieron respuesta.

El nivel de cumplimiento de la Ley fue del 65% en las alcaldías, 50% en las empresas estatales, 21% en los entes descentralizados y un 39% en los ministerios.

El municipio con mayor nivel de cumplimiento fue Diriamba, con un 100%, y los de menor nivel, Matagalpa con cero, Rivas con 9% y Managua con 11%.

Temas solicitados
La información institucional solicitada abarcó temas como: cobertura de becas, programas de vivienda a nivel municipal, cobertura del Mined en educación especial, inversión en infraestructura en 2011, Plan de Inversión 2011, licitaciones de proyectos, cobertura del bono productivo, etc.

Según los datos, de las 95 solicitudes, 59 no tenían formato, tres lo tenían incompleto y 33 completo, lo que indica que la mayoría de instituciones y entes descentralizados no estaban capacitados para cumplir con la Ley.

Violentan derecho de ciudadanos
El 49% de las instituciones violentó el derecho de los ciudadanos a solicitar información con preguntas alusivas al motivo de la solicitud y/o empresa para la que laboraban, contrario a lo establecido en la Ley. Solo el 58% de las instituciones que entregaron la información cumplió con los plazos establecidos.

Cristiana Chamorro, Directora Ejecutiva de la Fundación, expresó que aunque la Ley es del conocimiento nacional, la investigación demuestra que a cuatro años de su aprobación, hay falta de voluntad política en aplicarla. La mayoría de alcaldías no cuentan con oficinas para ese fin, y muchos funcionarios tienen miedo de brindar la información.

Hizo un llamado al periodismo nacional a utilizar esta Ley y a denunciar cuando sea violada, a invitar a los abogados de los  municipios a brindar voluntariamente asesorías jurídicas y orientación en el ejercicio de esta Ley.