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Ante las acusaciones de sesgo y parcialidad a favor de los intereses del partido de gobierno, que algunos sectores realizan contra la Policía Nacional, un exjefe policial señaló que son dos casos de carácter político los que más inciden en el desgaste de la relación de confianza entre la institución y la ciudadanía.

El ex subdirector general de la Policía Nacional, comisionado general en retiro, Francisco Bautista Lara, expresó que la confianza, base fundamental que sustenta la percepción de seguridad, se afecta cuando los casos delictivos adquieren ribetes políticos.

Señaló que la Policía Nacional enfrenta, desde lo externo, tres tipos de problemas: los propiamente delictivos, los que tienen expresiones de carácter social y los que son directa o indirectamente de naturaleza política.

Precisó que durante los últimos 20 años son los casos de carácter social y los de naturaleza política, principalmente, los que han provocado mayor desgaste en la actuación policial y en las relaciones de confianza con sectores de la sociedad.

Dos acontecimientos
En el contexto actual, señaló que hay dos acontecimientos delictivos que desde los medios causan desconfianza: la muerte del padre Marlon Pupiro en agosto pasado a manos del mesero de un centro de diversiones, y el exilio de la periodista Silvia González, corresponsal de EL NUEVO DIARIO.

La comunicadora acusó a la Policía de falta de apoyo y se fue del país aduciendo falta de seguridad ante amenazas de personas vinculadas al partido de gobierno FSLN.

La Iglesia Católica es uno de los sectores sociales más críticos contra la institución policial, al igual que organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y grupos económicos.

Sectores del Clero Arzobispal señalan a la Policía de ocultar “algo” o “a alguien” en la muerte del padre Pupiro, de forzar al joven Alberto Alberto Conde Torres, hermano del sacerdote Bismark Conde, a confesar amenazas a varios miembros del grupo religioso.

De igual modo, el abogado Manuel Urbina Lara, con gran presencia mediática, acusa a la Policía de ocultar a los “verdaderos culpables” del crimen de su hermano Pablo, e incluso, acusa a la institución de estar involucrada directamente en el crimen ocurrido el pasado 5 de octubre.

Otros elementos negativos
Otros sectores de Derechos Humanos, como la Comisión Permanente de Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, además de partidos políticos en contienda electoral, acusan a la policía de abusos de autoridad, negligencia en la seguridad de los grupos opositores y hasta complicidad en los ataques de grupos de choque afines al gobierno de Ortega.

Para el secretario de la Jefatura de la Policía Nacional, comisionado general Juan Ramón Grádiz, las manifestaciones de desconfianza hacia la institución no son generales, pero de igual modo, para ellos “son importantes”.

“No veo que todo mundo desconfíe de la Policía. Valoramos lo que se dice. La gente tiene derecho de opinar, hacer ver su percepción sobre nuestro trabajo, respetamos las opiniones y las tomamos en cuenta para revisar nuestro trabajo. Para nosotros la opinión de la gente es muy importante, independientemente de qué sector o persona lo diga”, expresó.

Para Bautista Lara, en estos dos casos “puede ser que la insuficiente credibilidad sobre la respuesta y explicaciones policiales y judiciales se derivó de información incompleta e inoportuna, transmitida en el contexto político actual”.

“Una vez que surge de la espinita de la duda, puede ser manipulada; cuando en el tiempo prudente no se actuó o informó, se reproduce la especulación. Lo que se diga oficialmente después es “reactivo” y más que “reparar”, podría ahondar la incredulidad, aun cuando sea verdad. Las actuaciones y explicaciones tardías son adversas, dejan dudas. La desconfianza afecta la percepción de seguridad de las personas, por lo que es necesario evitar que se profundice”.