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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, llevará la próxima semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, los casos de violaciones a los derechos civiles y políticos, así como los delitos ocurridos durante el proceso electoral nicaragüense.

Al mismo tiempo, presentarán el caso del concejal Luciano García, procesado y condenado por injurias y calumnias por exigir públicamente una investigación más clara sobre un desfalco contra la Alcaldía de Managua, cuyo dinero fue a parar a activistas del partido de gobierno que se mantenían en las rotondas de Managua.

La doctora Vilma Núñez, Presidenta del Cenidh, expresó que el 143 período cesiones de la CIDH inicia el 19 de octubre, hasta donde llevarán la denuncia de las anomalías e irregularidades ocurridas dentro del proceso electoral.

“El Cenidh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, solicitaron una audiencia temática para el 24 de octubre, donde se dará a conocer la situación de violación de los derechos civiles y políticos. Otra de las actividades importantes es la petición de comparecencia en el caso de García, por violaciones del Estado de Nicaragua al debido proceso, a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley, a salir libremente del país y a la protección judicial”, señaló la doctora Núñez.

Destacó que también se reunirán con la relatora para la libertad de expresión, Katalina Botero, y con José de Jesús Orozco Henríquez, Relator sobre Defensores de Derechos Humanos.

“Chanito” García expondrá sus casos
Mauro Ampié, de relaciones internacionales del Cenidh, indicó que Luciano García, acompañado por el Cenidh y por el Cejil, será recibido por el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, y se presentarán las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, en las que el Estado nicaragüense ha incurrido.

Si se admite el caso, pasará a ser evaluado para mediación, pero de no encontrar una conciliación con el Estado de Nicaragua para resarcir los derechos de García, será enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría condenar al Estado nicaragüense.

García comentó que el hostigamiento sufrido no solo fue por la demanda por injurias y calumnias que enfrentó, sino también por los episodios del montaje de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, de una conexión ilegal, donde un funcionario hasta fue despedido por emitir una resolución profesional que exoneraba a García de responsabilidad legal.

Otro hecho fue el incendio de una camioneta de García, en presencia policial, y sin que los agentes hicieran nada, algo que se presentó ante el Ministerio Público sin mayor novedad.

“Se realizó un proceso ilegal, en el cual se violaron mis derechos humanos, me levantaron restricción migratoria, más las amenazas para que desistiera de mis señalamientos y callara, en un país donde las instituciones son manipuladas por el presidente Daniel Ortega, para silenciara a quienes señalan anomalías en su gobierno”, expresó García.