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El denominado grupo de Ciudadanos y Abogados Democráticos ayer se presentó al Ministerio Público (MP) para introducir un recurso de impugnación dirigido a la Fiscal Departamental de Managua, Blanca Salgado, en contra de la resolución que desestima y manda a archivar la denuncia que interpusieron en contra del magistrado con período vencido Roberto Rivas, Presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, por el delito de enriquecimiento ilícito.   

La denuncia en contra de Rivas, su esposa, Ileana Delgado, la hija de ambos, Stephanie Rivas, y una de sus asistentes, Bertha De la Peña, fue interpuesta por los abogados el mes pasado, y fue desestimada por el fiscal auxiliar Manuel Reyes.

“Estamos impugnando porque esto es jugar con la inteligencia del pueblo y de los abogados nicaragüenses, porque jamás oímos preguntar a la Fiscalía, que en el informe que solicitó a la Dirección de Aduanas si los aviones y los yates introducidos a Nicaragua por Roberto Rivas pagaron o no impuestos; es más, el delito de enriquecimiento ilícito es un delito autónomo, y aquí la Fiscalía dice que desestima porque de previo tenía que haber un proceso administrativo por una autoridad competente, esa es la mayor falsedad”, criticó el abogado Gustavo García.

Juárez tiene la palabra
La impugnación fue interpuesta por los abogados Julio Marenco, Irvin Dávila y Gustavo García. Según ellos, la misma será atendida por la Fiscal Departamental de Managua, pero el Fiscal Electoral, Armando Juárez, aseguró que será él quién conocerá la queja y resolverá.

“Como autoridad estoy obligado a conocer de esa impugnación, entonces te pido que tengás paciencia, que yo voy a dictar una resolución dentro del término de ley, para poder dar una respuesta jurídica y acorde a los actos que el Ministerio Público ha investigado”, explicó Juárez.

De acuerdo con las leyes, los abogados exhortan al MP y a la Policía a realizar los actos investigativos correspondientes para confirmar el delito cometido por Rivas. Piden que les faciliten los resultados de investigación e información que dan la Dirección General de Ingresos, Dirección General de Aduanas y Contraloría General de la República, y exigen a la Procuraduría General de la República que por ser la institución que cuida los bienes del Estado, intervenga en defensa de Nicaragua, y no actúe como sujeto pasivo.