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Una caja de Pandora podría estar abriendo la Procuraduría General de la República, PGR, al recurrir de casación contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, que redujo de nueve a cuatro años la condena para Germán Palacios y Mario Cortez, exfuncionarios de la Alcaldía capitalina, condenados por un peculado de 3.5 millones de córdobas.

Esto, porque el abogado Hardlen Bladimir Huete, defensor de Germán Palacios Chavarría, al contestar el recurso de casación presentado por la PGR, solicita a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, le permitan a su representado declarar en la audiencia oral y  pública.

“Mi representado --Germán Palacios-- declarará de viva voz ante vosotros --magistrados de la Sala Penal de la CSJ-- todo cuanto sabe sobre este hecho”, propone en la defensa en su escrito contestatario.

Durante el juicio ante la jueza de primera instancia --Ingrid Lazo--,  Palacios y Cortez aseguraron la alimentación de los rezadores que permanecieron varios meses en las rotondas de Managua.

Los condenados también expresaron que la orden de apoyar el denominado “Plan Rotonda” fue dada por el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.

PGR: No más investigaciones
Paradójicamente, la PGR --que es el abogado del Estado-- se opone a que se amplíen las investigaciones en este millonario peculado.

Esto porque califica de “consideraciones fuera de lugar”, las hechas por la jueza Ingrid Lazo, y acogidas por los magistrados de Apelaciones, quienes dejaron a salvo el derecho del Ministerio Público de acusar a quienes resulten responsables, como resultados de las averiguaciones de ley.

Según el procurador auxiliar penal, José Páramo Espinoza, las consideraciones hechas por la judicial, y retomadas por el tribunal de segunda instancia, trascienden la esfera jurisdiccional e invaden la función persecutoria de la Fiscalía y de la PGR.

Este argumento del representante de la Procuraduría es retomado por el defensor Hardlen Bladimir Huete, para alegar que si fuera cierto lo dicho por la parte acusadora, se tendría que declarar nulo el proceso y ordenarse la libertad de sus procesados.

Cabe mencionar que en este caso, la Fiscalía no recurrió de casación contra la sentencia de los magistrados de la Sala Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua.