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Las graves acusaciones sobre provocaciones y hostilidades de fuerzas policiales costarricenses a jóvenes nicaragüenses que realizan labores ambientales en Río San Juan, según denuncia del Ejército de Nicaragua esta semana, generaron una reacción de desafío de autoridades costarricenses que ayer anunciaron que continuarán realizando incursiones en la zona en litigio “con fines ambientales”.

El Gobierno de Costa Rica, que había guardado silencio desde la denuncia pública del tema en Managua, negó las acusaciones del Ejército de Nicaragua sobre un plan costarricense para capturar a jóvenes nicaragüenses que realizan labores ambientales en el Río San Juan.

“Cualquier afirmación referente a que el Gobierno de Costa Rica pretenda perjudicar por las vías de hecho a Nicaragua para obtener  provecho en el litigio internacional, que se ventila en la Corte Internacional de Justicia, es infundada,  ficticia y extravagante”, indicó un comunicado oficial de Cancillería de Costa Rica, que del mismo modo anunció que San José “continuará realizando de manera soberana acciones civiles” en la zona en disputa en La Haya.

Fuentes diplomáticas de alto nivel confiaron a EL NUEVO DIARIO que miembros de las fuerzas policiales de fronteras de Costa Rica, se desplazaban en la zona en litigio conocida como Harbour Head, en el nicaragüense Río San Juan, para realizar labores de exploración y de observación a grupos de jóvenes ambientalistas afines al gobierno, que realizan labores de reforestación y limpieza de caños y riberas del caudal fronterizo.

El informe confidencial, que igual detallaba la incursión aérea de medios costarricenses a territorio nacional, en al menos 48 ocasiones desde octubre de 2010 a la fecha, precisaba que al menos 12 efectivos policiales costarricenses habían rondado la zona en litigio el pasado 12 de octubre, y que jóvenes ambientalistas habían observado indicios de incursión terrestre a territorio nicaragüense.  

Parte de la información, referida a las incursiones y las hostilidades, fueron confirmadas en el trayecto de la semana por el Ejército de Nicaragua, institución que mediante su Comandante en Jefe, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, alertó sobre posibles provocaciones y capturas de los efectivos ticos para afectar al país en el litigio que se libra ante la Corte Internacional de Justicia.

“Costa Rica lamenta que funcionarios del Gobierno y del Ejército de Nicaragua continúen violando las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia, en marzo de 2011, en las que se ordenó, entre otras cosas, el despeje de la zona, y la potestad exclusiva a las autoridades ambientales de Costa Rica de ejercer la custodia de la misma”, dijo la Cancillería en el comunicado.

A criterio de San José, las declaraciones del jefe militar nicaragüense “constituyen un reconocimiento explícito de que el gobierno de Nicaragua patrocina la incursión y presencia de jóvenes en la Isla Portillos, y así será comunicado por Costa Rica a la CIJ”, añadió el comunicado en relación a la zona de Harbour Head, en el Río San Juan.  

Para las autoridades costarricenses, la propuesta del gobierno y del Ejército de Nicaragua, de brindar protección a los jóvenes ambientalistas en la zona donde se realiza el dragado y se ejecutan operaciones de lucha contra el narcotráfico y limpieza ambiental, “representará un agravamiento de la situación, lo cual deberá interpretarse como una maniobra del Gobierno y del Ejército para justificar la presencia directa de militares nicaragüenses en la zona”.

A juicio de Costa Rica, la grave denuncia contra sus fuerzas policiales son “maniobras político-electorales o militares del gobierno de Nicaragua, sobre todo al calor de un proceso electoral en curso”, pero no negó ni confirmó las denuncias de incursiones aéreas a territorio nicaragüense.

Costa Rica seguirá…
Pese a que en el comunicado el gobierno de Costa Rica insta a Nicaragua a asumir “una actitud” de respeto a la ordenanza de la CIJ, San José reiteró que continuará “realizando de manera soberana las acciones civiles que están a su alcance para procurar el desarrollo, en paz y democracia, en particular de los pobladores de la zona norte”.

Las denuncias de fuentes diplomáticas y militares sobre acciones de provocación e incursiones aéreas a territorio nicaragüense por fuerzas y medios costarricenses, deben ser reportadas y documentarlas rigurosamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda.

El experto en relaciones exteriores, Mauricio Herdocia, recomendó documentar rigurosamente la denuncia realizada por el Ejército de Nicaragua “para transformarla en planteamientos que se puedan elevar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya”.

Según Herdocia, se debe hacer una verificación exhaustiva, que contenga elementos probatorios, para que de esa manera se pueda presentar una protesta a Costa Rica, y al mismo tiempo presentar observaciones e informes ante la Corte.

“Lo más importante es que Nicaragua debe mantener la misma actitud de suma prudencia. Es necesario extremar las medidas preventivas a fin de no exponernos de ninguna forma a una situación distinta a la actual, caracterizada por el respeto a la orden de la CIJ”, añadió Herdocia, en referencia a medidas cautelares indicadas por el máximo tribunal a ambos países en marzo del corriente año.

La CIJ dictó una prohibición a los dos países de tener presencia civil o militar en la zona conocida como Harbour Head, una pequeña isla fluvial en la desembocadura del nicaragüense Río San Juan, que Costa Rica reclama como propia.
Herdocia expresó que el Ejército debe trabajar conjuntamente con la Cancillería, con el objetivo de que esta última instancia valore si es conveniente el envío de una nota de protesta a San José en base a la denuncia militar.

Coordinación interinstitucional
Además, dijo, se debe consultar a los abogados que representan a Nicaragua ante la CIJ como parte del derecho que tiene nuestro país de informar sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas por la CIJ.

“Esto implica una coordinación interinstitucional entre el Ejército y la Cancillería, que le permita evaluar toda esta información, con un enfoque jurídico, y planteando también la ordenanza emitida por la CIJ. Hay que recordar que ya hay un proceso en curso, lo importante es prevenir cualquier tipo de provocación de parte de Costa Rica que violente esta orden, y denunciarla en tiempo y forma”, consideró Herdocia.

“Estas denuncias lanzan un mensaje de alerta y de prevención para no caer en estas trampas, pero al mismo tiempo obligan a cumplir con el deber de documentarlas de manera rigurosa”, indicó el experto.