•  |
  •  |

Tras la presentación de la iniciativa de Ley sobre el Presupuesto General de la República 2012, la dirigencia sindical se encuentra preocupada por el monto que se asignará para el pago del pasivo laboral y prestaciones sociales de los trabajadores del sector público.

En el presupuesto de 2011, se asignó un monto de 20 millones de córdobas  que fue administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual aún no ha honrado el pago de las prestaciones sociales a pesar de las múltiples demandas de los trabajadores y huelgas ante entes como la Dirección General de Ingresos.

Según declaró Álvaro Leiva Sánchez, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Servicio Público, Fedetrasep, la deuda pública generada por sentencias judiciales y pago de prestaciones sociales --liquidaciones laborales-- que aún no han sido canceladas es de 673 millones de córdobas.

También señaló que esta deuda pública ha sido generada por los despidos ilegales de más de 21,000 trabajadores públicos del Estado, por discriminación y represalias por parte de las actuales administraciones que dirigen los ministerios públicos del actual gobierno del presidente Daniel Ortega.

“Debido a esto, estamos solicitando una reunión con la Comisión Económica de la Asamblea Nacional y la Comisión Laboral, para que la asignación del monto de este año se haga en consenso con las organizaciones sindicales, que son las que manejamos la problemática laboral”, indicó Leiva.

Exigen control de fondos
José Espinoza, secretario general de la Confederación de Unidad Sindical, CUS, declaró que ellos esperan que este año la asignación sea tres veces mayor a los 20 millones de córdobas del año pasado, y exigen la creación de un ente responsable que se encargue de su justa distribución.

“No basta con asignar un monto. Nosotros hemos propuesto chequeos cuatrimestrales realizados por la Asamblea Nacional, para garantizar que el dinero sea desembolsado paulatinamente. También exigimos una interpelación al ministro de Hacienda y Crédito Público para que explique qué pasó con los 20 millones de córdobas desembolsados el año pasado”, indicó Espinoza.

Por su parte, Antonio Jarquín, de la Central de Trabajadores de Nicaragua, CTN Autónoma, aseguró que ellos están exigiendo la aprobación de la partida presupuestaria pendiente para honrar la deuda con los trabajadores, pero sin margen a nuevos despidos.

“Para ello estamos exigiendo la elaboración de una planilla que especifique el nombre, el monto y la fecha de pago, de forma tal que no deje excedentes para actividades ajenas a las del pago de las liquidaciones laborales”, indicó Jarquín.