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Una deuda pública que supera los 673 millones de córdobas, más de 21 mil trabajadores estatales despedidos, 10 mil empleos perdidos en el sector de la construcción y 47 mil en el área magisterial, son las conclusiones presentadas por la Federación de Trabajadores del Servicio Público, Fedetrasep, en su informe anual sobre violaciones a los derechos laborales de la clase trabajadora nicaragüense.

El informe también señala a 239 mil niños que trabajan, en edades inferiores a los 14 años, inoperancia de la Corte Suprema de Justicia, obligación a los trabajadores públicos a ser parte de los Consejos de Liderazgo Sandinista, y omisión del Ministerio Público del deber de perseguir delitos contra la clase trabajadora.

El documento también hace hincapié en las miles de personas de la tercera edad que reciben pensiones que no están apegadas a la realidad de sus cotizaciones aportadas, y mala atención médica en las clínicas provisionales, que en su mayoría son propiedad de políticos ligados al gobierno actual.

El informe finaliza con una queja formal ante la negación del Ministerio del Trabajo, Mitrab, del derecho de huelga a los trabajadores del sector público, y la mención de varias instituciones públicas del Estado de Nicaragua, que son manejados por exmilitares y expolicías, en abierta violación al artículo 131 de la Constitución Política.

Enviado a organismos internacionales
El documento fue presentado ante la Confederación Sindical Internacional, CSI, la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en aras de que estos organismos ejerzan presión para subsanar la situación de la clase trabajadora nicaragüense.

Álvaro Leiva Sánchez, Secretario de Asuntos Laborales y Derechos Humanos de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Fedetrasep, hizo hincapié en la ausencia de voluntad política para enmendar esta situación, y lamentó la falta de compromiso de parte del gobierno con la clase trabajadora.

Violación a la libertad sindical
José Javier Siero, dirigente de la Unidad Sindical Magisterial, respaldó ampliamente el informe presentado por la Fedetrasep, y aseguró que los sindicatos que no son afines al gobierno no tienen representatividad en la negociación de los convenios colectivos.

Añadió que existen 475 maestros que han sido despedidos injustamente o que no han recibido el pago de sus prestaciones sociales. Estos tienen sus casos estancados en los juzgados laborales o se han visto obligados a aceptar cheques con un monto de liquidación inferior a sus años laborados.

Explicó que conocen de 17 casos donde los maestros tienen sentencias judiciales de reintegro, y que entre 3 mil y 4 mil de sus afiliados sufren persecución en sus centros de trabajo por parte de los Consejos de Liderazgo Sandinista, en coordinación con la Federación de Estudiantes de Nicaragua, FES, ambas organizaciones afines al gobierno de turno.

Mitrab se duerme en sus laureles
Nilo Salazar, Secretario General del Sindicato de Carpinteros, Albañiles, Soldadores y Similares, Scaass, hizo hincapié en la poca beligerancia del Mitrab a la hora de defender los derechos de los trabajadores.

“Creemos que uno de los puntos medulares del informe es la actitud pasiva del Mitrab en el caso de los trabajadores de la construcción, ya que las inspectorías no dan respuesta a sus denuncias referentes a la falta de pago de sus prestaciones sociales y violaciones al artículo 42 del convenio colectivo, el cual establece que todo despido debe anunciarse con 15 días de antelación”, señaló Salazar.

Roberto Moreno, Secretario General de la Confederación Unitaria de Trabajadores, señaló que la misma Fedetrasep ha sido víctima del irrespeto a los derechos sindicales, haciendo alusión a la falta de consentimiento del Mitrab para que realizara la inscripción del nuevo Comité Ejecutivo en el período 2011 y 2013, acto que debe ser tomado en cuenta por los organismos internacionales antes de emitir cualquier recomendación.