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Un retardo de justicia del 48% en las causas contra adolescentes, es el promedio obtenido en ocho juzgados de Distrito Penal del Adolescente y el Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Siuna, según datos de un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH.
De acuerdo con el informe ejecutivo “Cumplimiento de los derechos humanos de adolescentes con medidas definitivas de privación de libertad”, comprendido en el período entre 2010 y primer semestre 2011, y que fiscalizó el trabajo de 10 municipios, se ventilaron 2,843 causas penales, de las cuales a 1,487 se les dictó sentencia.
Señala que esto representa una efectividad del 52%, algo que es muy bajo.
Además, la mayoría de las causas se recibieron en Managua (1,154), seguidas de Matagalpa (423) y de Chinandega (254), entre otros. La mayor efectividad se obtuvo en los Juzgados del Distrito Penal del Adolescente de Juigalpa, Matagalpa y Bluefields.
En ese período y en los nueve juzgados fiscalizados, las autoridades aplicaron un total de 123 medidas privativas de libertad a adolescentes investigados penalmente.
Seis centros penitenciarios y las dos jefaturas policiales con celdas preventivas --en Siuna y en Bilwi-- registraron una población penal de 7,223 personas, de las cuales solo 131 eran adolescentes varones, que representa el 1.8% de los privados de libertad, dejando en claro dos situaciones: que los jóvenes también cumplen sanciones penales, y que no son la mayoría de infractores de las leyes.

Derechos minados
Sobre la valoración realizada por los adolescentes sancionados penalmente y el cumplimiento de sus derechos humanos por parte de las autoridades judiciales y penales, solo una minoría dijo que cumplía su derecho a la salud, las medicinas, a tener horas de sol, recibir visitas, a un trato digno, a la educación y que las celdas eran de buenas a regulares.
El 74% dijo que no estaban separados de los adultos, sin embargo, esto no lo reconocieron como un derecho humano.
En lo que respecta a condiciones higiénicas sanitarias en las celdas, el 76% presentan mucha humedad; en casi la mitad había mal olor y presencia de desechos de aguas negras. Solo 59% tenía servicios higiénicos, y el 65% agua potable. Solo en el 24% había duchas.
En su informe, la PDDH señala que a pesar de los esfuerzos y de los avances alcanzados en el tratamiento de derechos humanos de los privados de libertad, se ha avanzado muy poco.
El organismo recomendó mayor y mejor comunicación del Ministerio de Gobernación y de los centros penitenciarios, con esta institución del Estado, y la necesidad de elaborar y desarrollar un plan de formación y de capacitación en derechos de la niñez y de la adolescencia para el personal que está destinado a atender a los privados de libertad adolescentes.
También señala la obligación que tiene la Asamblea Nacional de destinar mayor presupuesto al Ministerio de Gobernación para la creación de centros especializados para albergar a adolescentes, y para que se mejore el acondicionamiento físico e higiénico, entre otras medidas.