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A partir del próximo año, la Corte Suprema de Justicia realizará, de forma sistemática, evaluaciones al desempeño de jueces y de magistrados de todo el país, para valorar la calidad de las sentencias en materia de género.

Estas valoraciones son un esfuerzo más del Poder Judicial en su tarea de mejorar el acceso y el trato a las víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, una vez que entran al sistema jurídico, a través de procesos penales, explicó la magistrada Yadira Centeno, miembro del equipo de género de la CSJ.

La idea de las evaluaciones al desempeño en esta materia surgió a partir del estudio jurídico evaluativo de 525 sentencias a nivel nacional, a través de una consultoría aprobada por la Corte y por el Fondo de Población de Naciones Unidas, el año pasado, sobre estos tipos penales.

Uno de los objetivos del estudio era analizar jurídicamente la calidad de las sentencias que jueces y magistrados estaban emitiendo, y diseñar un método para evaluar constantemente el desempeño de los juristas.

Como resultado de ese estudio, el mes pasado se realizaron talleres de validación de los formatos de evaluación al desempeño de jueces y de magistrados, documento que servirá de base para el proceso de evaluación.

Valorarán calidad de sentencias
En dicho formato se valorará la calidad de las sentencias en función de la aplicación de las orientaciones que el pleno de la Corte instruye a las autoridades judiciales, entre las cuales está el Protocolo de Actuación en Delitos de Maltrato y Agresiones Sexuales, ya que según los resultados del Estudio, sólo en 10 de las 525 sentencias lo utilizaron, y de las 10, ocho veces fue usado por una misma autoridad judicial.

También se valorará la aplicación  de las normativas internacionales a favor de las mujeres, y otros argumentos jurídicos de las sentencias, tanto para otorgar medidas de protección como para desestimar una acusación.

“La fundamentación jurídica de las sentencias es un elemento fundamental para la evaluación de las autoridades judiciales, pues en ellas se refleja el esfuerzo intelectivo e ilustrativo por expresar a la sociedad las razones fácticas y jurídicas que sostienen su criterio en torno a determinado caso”, expresó Centeno.

Según la magistrada Centeno, estas valoraciones de sentencia son parte de las acciones concretas que realiza la Corte para lograr el empoderamiento, por los administradores de justicia, de una conciencia de género, comprometida con la defensa y con el respeto de los derechos elementales de las mujeres.

Hasta ahora, la política de género de la CSJ se puede ver en tres acciones: la promoción de un cambio en el Derecho Positivo (leyes); un cambio de mentalidad, partiendo de la capacitación del elemento humano, y el seguimiento estadístico en relación con la implementación de una cultura de respeto al género.

Urge Ley Integral contra la Violencia
La magistrada Centeno ejemplificó que uno de los cambios en el Derecho Positivo, y que ven con gran entusiasmo, es que la Asamblea Nacional --en septiembre pasado-- dictaminó favorablemente el Proyecto de Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, la cual se espera sea aprobada en noviembre próximo.

“Esta es una ley que acoge las nuevas figuras que el ordenamiento internacional propone para una efectiva protección de la mujer, y para garantizar colocarla dentro de un plano de igualdad material, que le permita desenvolverse plenamente en nuestra sociedad dentro de todos los ámbitos: personal, patrimonial y laboral, entre otros”, dijo la magistrada.

En relación con el elemento humano, el Poder Judicial, a través de la Escuela Judicial, ha desarrollado una serie de capacitaciones en materia de género, uno de estos es el posgrado en Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Trata de Personas, donde más de 100 funcionarios de distintas instituciones de la ruta de la justicia se han capacitado. Entre estos: jueces, fiscales, defensores públicos, policía y oficiales de la Auditoría Militar.

“Los cambios en la legislación no constituyen la solución completa a ninguna problemática; tienen que ir acompañados con cambios de actitud de quienes las aplican para garantizar su eficacia”, señaló Centeno.

Para cumplir con el tercer objetivo, se evaluará el desempeño de los jueces a través de sus sentencias, lo que dará resultados concretos y estadísticos del abordaje de la violencia intrafamiliar y sexual.

 

Lo que deben hacer agraviadas

En casos donde las usuarias de la justicia sientan que el juez o que la jueza  ha violado sus derechos a través de la sentencia, las agraviadas deben recurrir al superior jerárquico para su revisión.

“Si las partes agraviadas no interponen los recursos de ley para la revisión del fallo, difícilmente el superior jerárquico dentro de la estructura del Poder Judicial podrá corregir el yerro del Juez”, explicó la magistrada.

Centeno también apuntó que en caso de que las partes consideren que la aplicación indebida de la ley por el funcionario está motivada por intereses inapropiados, pueden iniciar un procedimiento disciplinario en contra de dicha autoridad judicial, lo que no necesariamente cambiará los términos de la resolución, pues lo único que puede revertir un fallo es un recurso procesal (apelación o casación en su caso), pero sí puede llevar a obtener una sanción disciplinaria para el juez que lo emitió, a sabiendas de que ha actuado al margen de la ley.