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Una década después, los recursos de amparo siguen siendo el principal escudo con el que los funcionarios públicos se protegen de auditorías e investigaciones a sus gestiones: desde 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene pendientes 611 recursos de amparo que presentaron funcionarios estatales investigados por la Contraloría General de la República, CGR.

Una década después, los recursos de amparo siguen siendo el principal escudo con el que los funcionarios públicos se protegen de auditorías e investigaciones a sus gestiones: desde el año 2000 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene pendientes 611 recursos de amparo que presentaron funcionarios estatales investigados por la Contraloría General de la República, CGR.

Dicha situación ha provocado retardación en el proceso de auditorías y a esto se le suma el congelamiento del pago de glosas en los casos donde la Sala Constitucional de la CSJ sí ha fallado hasta hoy, un total de 993 casos.

Según el sitio web de la Procuraduría General de la República,  PGR, desde el año 96 hasta agosto de 2011, los glosas que la Contraloría mandó a los exfuncionaros a regresar al Estado, y que fueron recurridas de amparo por los exservidores públicos, suman 571 millones 231 mil 801 córdobas en perjuicio económico al Estado.

¿Corrupción cero?
Algunos funcionarios que resultaron con presunciones de responsabilidad penal por parte de la CGR, se ampararon ante los tribunales para evitar el pago al Estado por 12 millones 356 mil córdobas y US$116 mil dólares.

De acuerdo a cifras de la CGR, en lo que va de este año se han presentado seis recursos de amparo contra las resoluciones del ente fiscalizador y ninguno de estos ha sido fallado.

Uno de ellos es el caso del funcionario de esta entidad, Humberto Avilés, quien según la auditoría practicada a la gestión de Juana Busching, su esposa, al frente del Instituto de Desarrollo Rural, IDR, le fue donado un revólver marca Taurus calibre 38, el dos de marzo de 2008, con fondos institucionales.

Avilés se amparó en julio, cuando supo que tres de los contralores, en cuenta el sandinista Luis Ángel Montenegro, iban a avalar la resolución que le establece una presunción de responsabilidad penal y administrativa en su contra.

Amparos “imparables”

“No podemos evitar el amparo porque es un derecho, pero es una verdadera retardación”, expresó el presidente del ente fiscalizador, Guillermo Argüello Poessy, quien está en ese cargo pese a que su periodo está vencido.

El recurso de amparo es un instrumento legal utilizado por los ciudadanos cuando consideran que sus derechos han sido violados por alguna autoridad del Estado.

Solo en 2005 se ampararon 685 funcionarios, pero de ese año aun hace falta por fallar 196 casos. La cifra del año 2005 en el acápite de “casos pendientes” es la más alta que tiene la Sala Constitucional de la CSJ, sin embargo, tiene 14 casos rezagados del año 2000; 9 de 2001; 17 de 2002; 39 de 2003; 118 de 2004; 71 de 2006; 66 de 2007; 31 de 2008; 14 de 2009 y 30 de 2010.

Eso concuerda con las estadísticas de años anteriores y refleja la inactividad de la Sala Constitucional.

Un informe anual del Poder Judicial en 2004, informó que la cantidad de recursos tramitados en la Sala Constitucional aumentó el 20.65 por ciento en relación al 2003. Pero las cifras hablan por sí solas: ese año fueron presentados 654 recursos de amparo y solo 148 fueron resueltos.

Impunidad criminal
El excontralor Juan Gutiérrez anotó que todos estos recursos de amparo “duermen el sueño de los justos”. “Nadie los está moviendo y ahora, si hay gente del gobierno pegada, hay mucho menos posibilidades de que las muevan”, agregó.

Para muestra un botón: en 2007 más de un centenar de funcionarios y exfuncionarios se ampararon. Dos años después el pago de glosas que fue congelado, fue calculado en aproximadamente 8 mil millones de córdobas, según datos de la Contraloría.

Uno de los casos más representativos, a criterio de Argüello Poessy, es el del exfuncionario Emilio Pereira, quien fungió como ministro de Finanzas en la administración de Violeta Barrios de Chamorro y a quien se le estableció responsabilidad civil por hasta 110 millones de córdobas por el caso de la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones, OCI, confirmada por la CGR en 2001.

Múltiples ejemplos
Cuando se investigó a la administración de Arnoldo Alemán durante el gobierno de Enrique Bolaños, los exfuncionarios presentaron más de 230 recursos de amparo. Entre ellos estaban los exdirectores generales de Aduanas, Marco Aurelio Sánchez y María Haydée Osuna y el exdirector ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, IDR, Eduardo Mena Cuadra.

Entre los casos emblemáticos está el recurso de amparo presentado en 2003 por el abogado del expresidente Alemán para declarar la incompetencia de la Contraloría General de la República en la investigación sobre el uso de tarjetas de crédito del Estado por parte del exmandatario.

Algunos de estos casos están graficados en el museo digital de la corrupción, que la Procuraduría General de la República colgó en sitio web oficial. En el Museo de la Corrupción están 103 casos que tuvieron enorme resonancia en las administraciones de los expresidentes Alemán y Bolaños.

Se destacan los checazos de Enitel, el desmantelamiento a la empresa Mayco, el fraude a Iniser de Orlando Chávez Gil, los camionetazos y checazos de Byron Jerez con Jorge Solís Farias, el IDR y las vaquillas de Eduardo Mena, el narcojet, las investigaciones por el caso de los Cenis de Eduardo Montealegre y compañía, los casos conocidos como Huacas 1 y 2, el saqueo al estatal Canal 6, la carretera de Hispánica y los carreterazos de Pedro Solórzano exministro de Transporte, las ventas irregulares de propiedad del Bavinic y Adolfo Chamorro César, entre muchos.

Sin embargo, otro elemento que vale la pena resaltar es que en el Museo Digital no están los casos correspondientes a la actual administración del presidente Ortega: los casos Kamusi, Gero Ici, Tecnosa, el uso de equipos del IDR en manos de Albanisa, la compra irregular de Laboratorios Ramos, el manejo de los bienes de Glencore que pasaron a manos de Albanisa, los anticipos a justificar por 407 millones de córdobas del CSE y otros de reciente data como el que provocó la caída del titular de la DGI, Walter Porras.