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El fiscal auxiliar del Ministerio Público, Manuel Reyes, explicó que desestimó la denuncia que hizo el Grupo de Ciudadanos y Abogados Democráticos en contra del magistrado con período vencido, Roberto Rivas, Presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, por el delito de enriquecimiento ilícito, debido a que las investigaciones realizadas no reflejaron que éste hubiera cometido acciones irregulares.

La denuncia en contra de Rivas, su esposa, Ileana Delgado, la hija de ambos, Stephanie Rivas, y una de sus asistentes, Bertha De la Peña, fue interpuesta por los abogados el mes pasado.

“Toditas las auditorías que la Contraloría (General de la República) hizo a los presupuestos del Consejo Supremo Electoral, desde 2000 hasta esta fecha, nos las enviaron, y refieren que no hay presunción de responsabilidad penal contra el doctor Roberto Rivas. Esa hubiera sido la prueba que nosotros podríamos usar, pero al no encontrarla, obviamente no existe el ilícito”, aseveró Reyes.

"Todo bien en DGI y DGA"
La desestimación de la denuncia por parte de Reyes provocó que los abogados interpusieran un recurso de impugnación ante al Ministerio Público, en el que exhortan a esta institución y a la Policía a realizar los actos investigativos correspondientes para confirmar el delito cometido por Rivas.

Piden que les faciliten los resultados de investigación e información que dan la Dirección General de Ingresos, DGI; la Dirección General de Aduanas, DGA, y la CGR, y exigen a la Procuraduría General de la República que por ser la institución que cuida los bienes del Estado, intervenga en defensa de Nicaragua, y no actúe como sujeto pasivo.

“Nosotros preguntamos en la DGA y la DGI si había cuestiones administrativas en contra de esta persona (Rivas), pero no encontramos nada”, aseguró Reyes.

Ahora, el turno de dictar una resolución sobre la impugnación de este caso le toca al fiscal electoral Armando Juárez.