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El Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, se quejó ayer ante los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por lo que consideran un sistema judicial “terrible y politizado”, al tomar en cuenta que de las víctimas de violencia intrafamiliar y abuso sexual, casi el 85% quedan engavetados.

El Instituto de Medicina Legal, IML, recientemente, dio a conocer que 14 mujeres denuncian ser víctimas de abuso diariamente, y, de ellas, un 30% son menores de 15 años. Esto significa que al mes llegan 420 féminas a dicha institución por el mismo problema.

Las denunciantes señalaron que por esa razón, consideran que el Ministerio Público brinda una casi nula representación de las víctimas de violencia intrafamiliar y de abuso sexual.

“Es un déficit de justicia terrible y tiene que ver con la capacidad humana del Ministerio Público de poder representar a todas las víctimas del delito, y no solo a las de violencia o de abuso sexual. Lo otro es lo que tiene que ver con la victimización de la problemática, y que pasa a un segundo plano cuando se le da prioridad a otro tipo de delito, particularmente, cuando se politiza el acceso a la justicia”, cuestionó Juana Jiménez, miembro del MAM.

Ante el organismo internacional, las integrantes del MAM expusieron el caso emblemático de la joven Fátima Hernández, quien denunció haber sido violada por su compañero de trabajo, Farinton Reyes, el que fue beneficiado en diferentes momentos por las instancias superiores de justicia, como el Tribunal de Apelaciones y la misma Corte Suprema de Justicia.  

Además, señalaron casos en los que hay niñas víctimas de abuso sexual por parte de militares en zonas rurales muy remotas.

“Apreciación injusta”
El Fiscal General de la República, Julio Centeno, consideró que las afirmaciones de los miembros del MAM no tienen sustento jurídico, y las calificó de injustas hacia la institución que representa, ya que no tienen toda la responsabilidad de los casos en sus manos.

“Los casos que no se promueven es porque no llevan la suficiente certeza probatoria para poder actuar.

El Ministerio Público es una institución integrada por un 94% de mujeres, y hay una devoción por el tema

de género. Lo que pasa es que las cosas las hacen  incompletas; o hay un informe débil de parte de la Policía o estas apreciadas damas de las ONG solo hacen el alarde, y ni siquiera llegan a aportar o a coadyuvar con elementos probatorios para que la acción sea eficaz”, ripostó Centeno.       

Partidos políticos afectan justicia
“Una vez que (los abusadores) son sancionados por jueces de primera instancia, o sea los jueces de Distrito, (las víctimas) enfrentan la dificultad de que en los tribunales de apelación (los acusados) son dejados libres, ya sea por tecnicismos o por prebendas de los partidos políticos que entran a vulnerar el sistema de justicia, porque los imputados recurren a los partidos políticos para evadir la justicia”, sostuvo Jiménez.

Bertha Inés Cabrales, coordinadora del Colectivo de Mujeres Itza, recordó que unas 18 organizaciones que trabajan el tema de la mujer han dado sus aportes al anteproyecto Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, “donde dejamos establecido la urgencia de reactivar esa comisión nacional de lucha contra la violencia, para que la sociedad civil y asociaciones de mujeres tengamos voz y voto”.

Jiménez mencionó que más del 65% de los abusadores son miembros cercanos de la víctima. Indicó que hay una intención del gobierno de ocultar la verdad que viven y enfrentan las mujeres del país, y que los programas que desarrolla el Estado no atacan el verdadero problema.