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Las niñas y mujeres en Nicaragua, se encuentran en riesgo e indefensión frente un Estado que no garantiza sus derechos y que permite la impunidad de los perpetradores de violencia sexual, dijeron organizaciones de la sociedad civil en presencia de representantes del Estado nicaragüense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 143 período de sesiones celebrado esta semana en Washington, EUA.

La coalición Ipas Centroamérica, Women’s Link Worlwide (WLW), Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentó datos sobre la situación actual de violencia sexual contra niñas y mujeres, las deficiencias en la implementación de los protocolos de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y las dificultades para obtener justicia en este tipo de casos.

Caso de Monkey Point
En la audiencia se expuso los supuestos actos de violencia sexual en contra de 13 niños y niñas entre las edades 9 y 16 años que fueron víctimas de abuso sexual por parte de militares en la comunidad de Monkey Point, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), la denuncia trascendió durante este año, pero los abusos presuntamente se venían cometiendo desde el 2003. Hasta la fecha no se ha sancionado a ningún militar por estos hechos.

El 22 de  noviembre del 2009, los líderes de la comunidad de Monkey Point  Allan Clair y Santiago Thomas remitieron una carta denuncia al entonces Capitán de fragata Ángel Fonseca Donaire, jefe de la fuerza naval en la Costa Caribe en la que en la que manifiesta que soldados de ese cuerpo militar asentados en la comunidad, realizaron una serie de violaciones contra 13 niñas y niños entre 9 y 16 años de edad, hechos que supuestamente ocurrieron después del año 2001.

A pesar que la fuerza naval ha dicho que el caso esta proscripto y que no se encontraron evidencias de soldados involucrados en actos de violación, los lideres comunitarios mencionan en la carta a 9 miembros de la Fuerza Naval acantonados en Monkey Point en el año 2001: Sargento Pedro Martínez, Sargento Taylor, Sargento Espino, Víctor, Harold, Lozano, Patricio, Salmerón, y un soldado conocido con el alias “el Abuelo”.  Pero la denuncia no trascendió y Clair fue acusado por injurias y calumnia contra el Ejército, quien dijo en su momento la falsedad en la acusación y los intereses “oscuros” del sector del narcotráfico interesado en promover en el retiro de la fuerza naval de esa comunidad.

También el caso de Fátima

El otro caso referido fue la sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, sobre la violación sexual que sufrió la joven Fátima Hernández. La Corte resolvió rebajar la pena del agresor y ordenó su libertad considerando que la víctima fue colaboradora y que el perpetrador actuó bajo los efectos de la cerveza. Para las organizaciones peticionarias, la impunidad en este caso y la humillación que sufrió la víctima se convierten en antecedentes disuasorios para que otras mujeres denuncien actos de violencia sexual.

Durante la audiencia, la Relatora para la Mujer de la CIDH, Luz Patricia Mejía, llamó la atención del Estado en relación con la sentencia en el caso de Fátima Hernández y señaló su preocupación por las consecuencias para la protección de las mujeres. Por su parte, el comisionado Felipe González, preguntó al Estado sobre los mecanismos disponibles en el país para acceder a información en el Estado. El comisionado Paulo Sergio Pinheiro pidió información sobre las cifras de denuncias y condenas por violencia sexual y enfatizó la importancia de garantizar justicia y luchar contra la impunidad.

Las solicitantes pidieron a la CIDH exhortar al Estado de Nicaragua para que despenalice el aborto terapéutico, garantizándolo como derecho a las víctimas de violencia sexual, de manera que se permita a las niñas y mujeres decidir sobre continuar o no con un embarazo producto de violación. Las organizaciones también solicitaron a la Comisión que impulse ante el Estado la aprobación expedita de la Ley integral contra la violencia hacia la mujer y la generación de mecanismos para su implementación. Asimismo, solicitaron a la CIDH que reitere a Nicaragua su pedido para hacer una visita y constatar la situación de los derechos de las mujeres.

Falta de información actualizada

Durante la audiencia se reveló la falta de información actualizada y estadísticas consolidadas sobre violencia sexual en Nicaragua; no obstante, las peticionarias citaron algunos de los pocos datos disponibles. Cifras del Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, revelan que en 2010 ocurrieron en promedio 13 casos al día, es decir una violación sexual cada dos horas en Nicaragua. El 84% de las mujeres agredidas eran menores de edad y una de cada tres eran menores de 10 años. Para el mismo año, los medios de comunicación escritos reportaron un total de 15 menores embarazadas, producto de una violación. Ello resulta preocupante en un país donde no existe opción para interrumpir el embarazo, ni siquiera por el riesgo a la salud y la vida de las niñas.