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Las niñas y mujeres en Nicaragua se encuentran en riesgo e indefensión frente a un Estado que no garantiza sus derechos y permite la impunidad de los perpetradores de violencia sexual, dijeron organizaciones de la sociedad civil en presencia de representantes del Estado nicaragüense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, durante su 143 periodo de sesiones, celebrado esta semana en Washington, EU.

La coalición Ipas Centroamérica, Women’s Link Worlwide, WLW, Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, presentaron datos sobre la situación actual de violencia sexual contra niñas y mujeres, las deficiencias en la implementación de protocolos de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y las dificultades para obtener justicia en estos casos.

Caso de Monkey Point
En la audiencia se expuso los actos de violencia sexual en contra de 13 niños entre las edades de 9 y 16 años, víctimas de abuso sexual por parte de militares en la comunidad de Monkey Point, Región Autónoma del Atlántico Sur.

La denuncia trascendió durante este año pero los abusos presuntamente se venían cometiendo desde 2003.

El 22 de  noviembre de 2009, los líderes de la comunidad de Monkey Point,  Allan Clair y Santiago Thomas, remitieron una carta denuncia al entonces Capitán de fragata Ángel Fonseca Donaire, jefe de la Fuerza Naval en la Costa Caribe.

La denuncia no trascendió y Clair fue acusado por injurias y calumnias contra el Ejército.
También caso Fátima

El otro caso se refirió a la sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la violación sexual que sufrió la joven Fátima Hernández.

Durante la audiencia, la Relatora para la Mujer de la CIDH, Luz Patricia Mejía, llamó la atención del Estado en relación con la sentencia en el caso de Fátima Hernández y señaló su preocupación por las consecuencias para la protección de las mujeres.

Por su parte, el Comisionado Felipe González preguntó al Estado sobre los mecanismos disponibles en el país para acceder a información en el Estado.