•  |
  •  |

El sistema de protección especial hacia la niñez y adolescencia se ha constituido en un tema de primerisíma importancia para gobiernos municipales, instituciones públicas, líderes comunitarios y expresiones de la sociedad civil, al menos en el norte y occidente del país. Tanto así, que estos actores han llegado a la conclusión que si continúan trabajando de forma aislada la violencia continuará enraizada por mucho tiempo.

A su vez éstos representantes de instituciones públicas, comunidades y organizaciones de la sociedad civil durante en el primer Encuentro Intermunicipal, reconocieron que hasta ahora la aplicación de medidas de protección especial en algunas instituciones públicas ha sido esfuerzos “incipientes”, “aislados” y “duplicados”.

Una realidad que admite la jefa de Asuntos Juveniles de la Policía de Matagalpa, Liduvina Morales. A pesar de la importancia que cobra el tema de protección especial en esta institución, de los 14 municipios de este departamento únicamente 4 tienen Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia.

El déficit de Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia se ha convertido en un problema sensible para darle repuesta principalmente a las personas víctimas de violencia.

“En parte el problema se expresa por ejemplo en la falta de presupuesto en gasolina para movilización en las comunidades de adentro como los municipios de Paiwas y Rancho Grande”, señaló.

Sin embargo, aclaró que muestra de la voluntad institucional ha sido la creación de estas cuatro comisarías, las cuales cuentan con todos los medios logísticos y recursos humanos especializados como fiscales y psicólogos.

Políticas municipales  
El nivel de sensibilización que los gobiernos locales han mostrado en torno a la protección especial se puede constatar en la formulación de políticas municipales que van más allá de la restitución de derechos en el deporte, cultura y recreación para la niñez y adolescencia.

Los gobiernos municipales de Matagalpa, Rancho Grande, Totogalpa, El Tuma - La Dalia, Somoto, Ocotal y Corinto se han constituido en administraciones locales vanguardia en la aplicación de medidas de protección especial.

Además los alcaldes han venido asumiendo un rol más activo en el sistema de protección especial. A titulo de ejemplo, se puede citar la participación del edil de El Tuma- La Dalia Maryan Ruiz Rivera quien es presidente de la Red de Gobiernos Municipales Amigos de la Niñez y la Adolescencia.

En esta administración una de las principales medidas de protección especial ha sido la implementación del plan cosecha para evitar que las niñas, niños y adolescentes abandonen el período escolar como suele ocurrir durante la zafra cafetalera la cual inicia entre septiembre y octubre; y también para evitar que sean víctimas de abuso sexual

En materia de inversión presupuestaria y jurídica vinculado directamente al sistema de protección especial, la Alcaldía de Corinto ha tomado la delantera.
“Nuestro interés por este segmento poblacional ha hecho que el presupuesto se incremente cada año. Actualmente estamos invirtiendo el 16% y para 2012 esperamos se incremente en 18% esperando que se traduzca en más restitución de derechos”, mencionó William Martínez, edil del municipio porteño.

A diferencia de otros municipios esta administración se destaca por haber dado cuerpo jurídico al sistema de protección, “de modo que independiente de la administración que venga, los derechos de niñas y niños están garantizado” concluyó Martínez.

Equilibrar compromisos
A pesar del avance en protección municipal todavía hace falta equilibrar los compromisos de todos los actores sociales para obtener mayores resultados. Un diagnóstico sobre la situación de las condiciones existentes para la aplicación de medidas de protección especial en los municipios de El Tuma - La Dalia, Rancho Grande, Totogalpa, Somoto y Ocotal realizado por Dos Generaciones, indica que todavía el rol de las instituciones públicas resulta simbólico ante los grandes desafíos que plantea el tema de la violencia.

Esta breve radiografía señala que Somoto y Ocotal, municipios fronterizos, tienen en común la inhabilitación de las oficinas de la Comisaría de la Mujer, Niñez y la Adolescencia; en El Tuma – La Dalia, el centro de salud carece de atención psicológica a sobrevivientes de violencia intrafamiliar y sexual; también en este lugar se carece de estadísticas sobre violencia; y el personal de salud desconocen las normas y protocolos para identificar casos de violencia sexual e intrafamiliar.

El estudio también señala que una de las fortalezas de estos municipios es la presencia de organizaciones no gubernamentales, que de cierto modo han venido a suplir las necesidades de las personas sobrevivientes de violencia.
Por ejemplo, El Tuma – La Dalia, cuenta con el Centro de Servicios Educativos en

Salud y Medio Ambiente (CESESMA); La Red de Mujeres Contra la Violencia “La Esperanza”, Acción Médica Cristiana, Red Arco Iris y Organización para el Desarrollo Local (ODESAR), organismos no gubernamentales que de cierto modo  han dado respuesta en materia de salud a la ciudadanía.

Desmitificar violencia
Otros de los desafíos para la aplicación de medidas de protección especial es desmitificar la violencia y erradicar la intolerancia social del delito en la comunidad.
Una de los principales desafíos que se propusieron los líderes comunitarios es mostrar cero tolerancia social del delito. Una práctica que ha dado como resultado que muchas veces la violencia se vea como una situación normal en la comunidad.
También reconocieron que muchas veces en la comunidad la violencia se continúa viendo como un asunto privado el cual debe resolverse en el seno de las familias, cuando en realidad se trata de un asunto de salud pública.

“Todavía hay mitos sobre la violencia como un problema privado, por eso es necesario hacer conciencia en la comunidad para que se involucre en la denuncia. Por ello también es importante que la comunidad conozca la ruta de denuncia”, señaló Mario Chamorro, Director Ejecutivo de Dos Generaciones.

Este tipo de preocupación también es compartida por la jefa de asuntos juveniles de la Policía de Matagalpa, quien asegura que hay temor en la comunidad de denunciar la trata de persona.

“Por eso la institución ha venido asumiendo el desafío de investigar de oficio más sobre esta problemática” apuntó Morales.
Actualmente uno de los vacíos en materia jurídica es que el maltrato físico y psicológico, así como la explotación sexual comercial no cobra la misma dimensión del problema que el abuso sexual.

Articular para erradicar violencia
Para desarrollar el sistema de protección especial a la víctima es fundamental articular acciones con una visión crítica, optimizar tiempo y recursos.

“Está demostrado que la duplicación de esfuerzos institucionales, desgata el recurso humano, y los recursos económicos se mal orientan. Por eso es importante el reconocimiento de roles de cada uno de los actores claves: alcaldías, comunidad, Estado, familias y organizaciones de la sociedad civil para trabajar articuladamente una efectiva protección especial” puntualizó Chamorro.      

Se espera que para los próximos tres años en estos 8 municipios las políticas de protección especial se traduzcan en comunidades más seguras libres de violencia que permita un verdadero y completo desarrollo humano para la niñez y adolescencia; que la violencia física, psicológica y sexual no continúe teniendo rostro de impunidad; que la comunidad y las instituciones públicas asuman mayor rol protagónico en el tema.

También se espera que la experiencia intermunicipal de protección especial se replique en el resto del país donde niñas, niños y adolescentes no están exentos de la violencia. Un dato que se puede corroborar en un estudio de Save the Children (2009) el cual señala que el 82% de niñas, niños y adolescentes encuestados dijo haber sufrido violencia física, psicológica y sexual.

 

Marco jurídico

La Constitución Política de Nicaragua establece la responsabilidad para todos los miembros de la sociedad y para las instituciones del Estado en particular, que se debe brindar protección a las y los ciudadanos y con mayor énfasis hacia la niñez.
Asimismo el artículo 76, enfatiza la responsabilidad de garantía por parte de las instituciones del Estado. El Código de Niñez y Adolescentes de la
República de Nicaragua. Establece medidas de protección y contiene principios para la atención integral a la niñez y la adolescencia.

Código Penal de la República de Nicaragua. Tipifica e incorpora nuevos delitos que atentan contra la libertad e integridad sexual de las personas (Título II, Capítulo II). Así como los actos de violencia intrafamiliar (artículo 155). También establece como faltas penales aquellas que no brindan protección hacia la niñez y adolescencia (artículo 526).