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El caso de una niña de 12 años, embarazada producto de una violación, enfrentó una vez más al gobierno con organizaciones de derechos humanos, médicas y feministas en torno al polémico tema del aborto terapéutico, mientras las autoridades del Ministerio de Salud manejan el caso con sigilo.

Ana Quirós, Codirectora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, Cisas, denunció que algunos de sus compañeros han intentado contactarse con los familiares de la niña y con las autoridades de salud, pero no han conseguido ninguna información ni acceso a la unidad médica.

Esta actitud de sigilo oficial ha generado protestas de organizaciones feministas y activistas de derechos humanos, mientras médicos independientes certifican los altos riesgos a los que se somete una niña en estado de embarazo.

“Acudimos cuando hay solicitud de la familia, en este caso no ha habido, pero vamos a estar pendientes de la situación de la niña y de su estado de salud físico y mental”, agregó.

En situación crítica
Precisó que a estas alturas del embarazo, la niña prácticamente se encuentra en la etapa final del ciclo, lo que complica la situación de querer efectuar cualquier intervención quirúrgica, pero enfatizó en la importancia de realizar monitoreos constantes de la situación de salud de la menor.

“No he escuchado de la primera dama (Rosario Murillo) que le vayan a dar tratamiento psicológico a la niña y acompañamiento, más allá  de obligarla a parir algo que no buscó; no debió haberse obligado a parir o seguir el embarazo cuando hablamos de una violación. Esa niña no está preparada”, resaltó Quirós.

Para Quirós, las declaraciones de que el gobierno defiende la vida de la niña y su derecho a la privacidad, “son de doble moral” y atentan contra la salud de la niñez víctima de abusos sexuales.

“La primera dama está buscando utilizar el caso con fines electoreros y no por fines de la niña ni del futuro de ese producto”, detalló la codirectora de Cisas, quien señaló que mantienen constante comunicación con organismos que defienden los derechos de las mujeres a nivel nacional e internacional.

Funcionario del Cenidh: “Inhumano y tortura”
Por su parte, Gonzalo Carrión, Director Jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, detalló que la posición de las autoridades de salud es la posición de la pareja presidencial, además, indicó que es inhumano y una tortura que a la niña, además de haber sido abusada, se le obligue a someterse a un parto de alto riesgo mediante una ley que a su criterio, se aprobó en 2006 para obtener réditos electorales de una alianza con un sector de la Iglesia Católica.

“El gobierno será el responsable de lo que le ocurra a la niña”, dijo Carrión.  En el hospital, las autoridades no permiten el ingreso a nadie que no tenga permiso y guardan silencio total en torno al tema.

Una fuente de dicho centro aseguró que la niña se encuentra aislada y fuertemente vigilada, su madre y los médicos son los únicos que pueden acceder hasta donde está, y a los parientes los mantienen alejados de medios, organizaciones civiles y activistas de derechos humanos.