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El caso de la niña de 12 años embarazada tras una violación fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

En calidad de organizaciones de derechos humanos, una decena de estas instancias encabezadas por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, e IPAS Centroamérica, enviaron una comunicación al relator especial para derechos de la niñez, Paulo Sergio Pinheiro, de la CIDH, en la cual subrayan los riesgos médicos que corrió la niña originaria de una comunidad de Walpasiksa, municipio de Prinzapolka, y la falta actuación institucional para castigar al violador.

“Para las organizaciones que promovemos y defendemos los derechos de la niñez, resulta indignante la falta de persecución del gravísimo hecho de violación que fue admitida públicamente por la comisionada Glenda Zavala, de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, quien manifestó que no habían recibido denuncias y que no estaban investigando, cuando por ser una menor de 14 años de edad, el delito debe ser perseguido de oficio por las autoridades, por tratarse de un delito de orden público”, especifica la carta.

También consideraron incompatibles con los principios universales de protección de los derechos humanos, las publicaciones de imágenes del recién nacido.

Destacan que la falta de castigo al violador estimula la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, mostrándolo como una situación de orden privado, omitiendo la oficialidad y promoviendo la divinidad de las consecuencias del crimen, sin importar el dolor y el sufrimiento de la víctima.

Entre las peticiones que hacen a la CIDH está que el gobierno de Nicaragua tome acciones urgentes para proteger la integridad física y mental de la niña, además de brindarle tratamiento médico y psicológico.

Asimismo, que se haga una investigación exhaustiva sobre el delito cometido, que determine responsabilidad penal y el correspondiente castigo al autor o a los autores de la violación.

Por otra parte, reiteraron la falta de voluntad política del Estado de Nicaragua para tomar acciones que protejan de manera integral a las víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual.