•  |
  •  |

Es necesario realizar reformas electorales para lograr elecciones transparentes, eliminar la partidización de los poderes del Estado, y evitar que las instituciones Policía y Ejército se inclinen a favor de un grupo político, exhortó el monitoreo de violencia electoral realizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, y por la Fundación Nicaragua Nuestra, FNN, elaborado entre el primero y el 10 de noviembre.

Claudia Pineda, Directora Ejecutiva del Ieepp, consideró que “el Consejo Supremo Electoral, CSE, propició un clima de inestabilidad, tensión y violencia, antes, durante y después de las elecciones nacionales, ante la falta de garantías de un proceso transparente, al omitir las demandas ciudadanas y las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales para contar con la observación nacional”.

Pineda agregó que los resultados electorales tienen un gran signo de duda, que ha sido manifestado por organismos cívicos nacionales con amplia experiencia en observación de elecciones, como: Ética y Transparencia, Ipade y Hagamos Democracia.

Mientras, Claudia Paniagua, Directora Ejecutiva de la FNN, consideró que debe haber cambios en el trabajo relacionado con la administración de las cédulas, y crear un instituto que esté separado del CSE, con el fin de evitar los problemas actuales.

¡Peligro!, Policía partidaria  
Paniagua aseveró que “hay señales y hay miembros de la Policía que, definitivamente, están actuando de manera partidaria, pero nosotros por eso tenemos que exigir a sus altos mandos a mantenerse como una institución”.

Sectores de la “oposición” al Frente Sandinista han cuestionado la parcialidad con que ha actuado la Policía a favor de los simpatizantes del partido de gobierno.

Pineda recordó que la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, quien aceptó mantenerse en su cargo a pesar de que las leyes se lo prohibían, no se ha mostrado ante las cámaras, por lo que espera que ella demuestre en estos momentos las razones por las cuales quedó al frente de esta institución.

“Es lamentable y preocupante que la Policía Nacional pierda el respeto que la ciudadanía le ha conferido hasta ahora, al considerarse un cuerpo armado que no le garantiza su seguridad en los casos de protestas por derechos políticos, lo que la coloca en el peligroso camino de ser percibida por la ciudadanía como una institución partidaria y no nacional”, criticó Pineda.

Ejército coludido
El informe del Ieepp y la FNN indica que Río Blanco y Matiguás registran alta presencia militar, y aunque existe una base del Ejército en la zona, no se había experimentado que los militares se encontraran desde el pasado 6 de noviembre patrullando las calles de ambos municipios, obviamente, armados con fusiles de guerra.

Según los pobladores, los militares realizan revisiones vehiculares y de personas sin ninguna explicación, con el fin de evitar manifestaciones relacionadas con el repudio de los resultados electorales.

FSLN compró “turbas” juveniles
Paniagua dijo que del 5 al 8 de noviembre se monitoreó el comportamiento de 30 grupos juveniles en riesgo social, que son atendidos por la FNN en los distritos de Managua, y que estos demostraron civismo en las elecciones y dieron un no rotundo a la violencia.

“Un grupo del Distrito Cinco fue invitado por activistas del partido FSLN para ir al municipio de Ciudad Darío con el fin de actuar como fuerza de choque el 6 de noviembre. Le ofrecieron 200 córdobas a cada participante, apertrecharlos con morteros, y la promesa de sacarlos libres de la cárcel si la Policía los detenía”, denunció Paniagua.

Pineda recordó que, según publicaciones de los medios de comunicación, “el día de las elecciones llegaron a Ciudad Darío, municipio de Matagalpa, tres buses llenos de personas encapuchadas, provenientes de Managua, que se presentaron a amenazar a los votantes”.

Ambos organismos lamentaron las muertes y lesiones que han dejado los hechos de violencia post electoral, y exhortaron a que las manifestaciones se realicen de manera cívica y pacífica, y a la Policía a dar respuesta a los casos denunciados.