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Desprotección a la familia del militante sandinista Donaldo Martínez Herrera, asesinado por opositores al gobierno en Siuna, y la falta de acusación por la trágica muerte mencionada, son dos elementos que criticaron en su informe los miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, que exigen seguridad pública, ante el clima de tensión y polarización que se vive en la zona.

Denis Báez y María José Escobar, abogados del Cenidh, señalaron que la acusación interpuesta se limita a las lesiones de los agentes policiales por parte de los opositores al gobierno, por lo cual hay 25 acusados y solo ocho detenidos. Por el asesinato aún no se conoce acusación.

Destacan que las indagaciones del Cenidh fueron obstaculizadas por las autoridades, las que declinaron dar información.

Asimismo, ante la tensa situación, no prestaron acompañamiento al organismo de derechos humanos para viajar hasta Coperna.

Según Báez, la situación se registró el 8 de noviembre en Siuna, en la zona conocida como Coperna II, donde opositores al gobierno protestaban por las irregularidades en el proceso electoral, registrándose un violento choque entre los agentes y los protestantes, quedando siete policías lesionados.

Negligencia de autoridades
Los abogados del Cenidh comentaron que, según las testificales, hubo negligencia por parte de los mandos policiales de Siuna que coordinaban al grupo de oficiales, asegurando que las autoridades se encontraban en pláticas para evitar la confrontación, pero repentinamente se dio la orden de atacar, lanzando a los agentes antidisturbios contra gente armada y que los superaba en número.

Hubo un momento de intercambio de disparos, y con la retirada de los protestantes comenzó la persecución del grupo de civiles, que al transitar por la carretera a “Santa Juana”, reconocieron a Martínez Herrera, quien iba con su esposa a comprar cuajadas. En ese punto es que agarraron, golpearon y asesinaron al militante sandinista, a quien le propinaron al menos nueve balazos, para luego darse a la fuga.

Tras la situación, parte de la familia de Martínez Herrera ha tenido que abandonar la zona por su seguridad, y los que han quedado no tienen protección de las autoridades.

Por otra parte, en el caso de los detenidos, los familiares alegan que han sido torturados y que fueron sacados de sus casas y no capturados en la persecución.
Báez expresó que comprobaron que la acusación contra los detenidos está mal elaborada. No está circunstanciada y no personaliza los actos de los acusados, por lo que se desconoce cómo el Ministerio Público comprobará el nivel de culpabilidad de los acusados.

Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Cenidh, hizo un llamado a las autoridades a actuar en pro de la seguridad de la población, principalmente en el caso de la familia afectada.

Dijo que es justa la expresión de reclamo de la población, y al mismo tiempo pidió a la gente redirigir las protestas por la vía cívica y pacífica, para evitar que continúen ocurriendo derramamientos de sangre.