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  • (PUBLICADO EN CONFIDENCIAL)

Han pasado dos semanas desde las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 6 de noviembre, y los nicaragüenses siguen sin saber a ciencia cierta qué pasó con sus votos y cuál fue el verdadero resultado de la elección.

Los observadores más experimentados sostienen que nunca se sabrá, porque además de que el partido de gobierno contó a solas los votos en un porcentaje significativo de Juntas Receptoras de Votos, JRV (30% aproximadamente), el proceso de escrutinio fue “opaco”, y la presentación de resultados “no permite ser verificada”, como admite la misión de Observadores de la Unión Europea.

Los despojos
Hasta ahora existen claros indicios de que en Jinotega y en Chontales, por ejemplo, el PLI obtuvo una mayoría de votos, pero el conteo oficial le da la ventaja al partido de gobierno, despojando a la oposición de un diputado en cada departamento.

Según las actas en poder del PLI en estos departamentos, el oficialismo “gana” la elección en aquellas JRV en las que el PLI no tuvo fiscales, porque tiene resultados que duplica o triplica a los del PLI. No obstante, hasta ahora el PLI no ha presentado todas las evidencias que permitan proyectar de qué forma este patrón se reprodujo a nivel nacional, y cómo impactó en otros departamentos.

Sergio Álvarez es el fiscal nacional de la Alianza PLI, y sobre sus hombros está el difícil trabajo de reunir la información que permita comprobar que el conteo de los votos depositados el 6 de noviembre fue amañado.

En las oficinas de la Alianza se acumulan actas de escrutinio que fueron “rescatadas” por los fiscales electorales, y a partir de este cúmulo de información, los analistas de esta organización opositora pretenden demostrar que en Nicaragua sí hubo fraude.

Álvarez sostiene que la Alianza PLI no pudo fiscalizar el conteo de votos en 40% de las JRV de todo el país, ya sea porque sus fiscales no fueron correctamente acreditados, se les impidió la entrada durante la conformación de las mesas electorales, o fueron expulsados a lo largo de la jornada.

La Alianza, sin embargo, pudo fiscalizar el proceso en el 60% de las JRV, por lo que la gran pregunta que muchos se hacen es si podrán demostrar, con estos datos, si hubo o no un conteo amañado tras la votación en el 40% de las JRV restantes.

“Nuestras estadísticas muestran que los resultados fueron totalmente invertidos: cuando la Alianza PLI le ganaba al Frente Sandinista, solo se le anteponía un número, y de forma automática se revertía el resultado electoral de esa Junta”, dijo.

“¿Cómo podés articular un proceso transparente cuando se dieron todas estas anomalías? En 2008 los datos se manipularon en los CED, ahora fue en las JRV donde se tergiversó la voluntad del pueblo”, agregó.

Las pruebas de Jinotega
En Jinotega,  según los líderes locales del PLI, las autoridades electorales les “robaron” un diputado. De acuerdo con los resultados oficiales publicados por el CSE, el oficialismo obtuvo en este departamento el 50.19% de los votos, mientras que la Alianza PLI logró el 44.67%.

Dados esos resultados, al oficialismo le corresponden dos diputados, en este caso los excandidatos Gloria Montenegro y Juan Ramón Obregón. La alianza que encabeza Fabio Gadea solo logra uno, José Augusto Rodríguez.

Además de Rodríguez, tendría que haber sido electo diputado el liberal Byron Chamorro. ¿Por qué lo afirman? Jinotega fue uno de los pocos departamentos donde los líderes de la Alianza PLI literalmente pelearon por mantener a sus fiscales dentro de las 732 JRV distribuidas por la región, y lo lograron en  690 de ellas, es decir, en un 94%.

Con las actas de escrutinio recuperadas, los líderes del PLI en Jinotega afirman que el resultado de la votación es inverso al presentado por las autoridades del CSE: el 48% de los votantes se inclina por la Alianza PLI, mientras que 46.8% lo hizo por el partido de gobierno.

Con la proyección de este resultado al 100% de las JRV, el PLI se quedaba con los dos diputados que históricamente han sacado los partidos no sandinistas en ese departamento. Pero estas proyecciones cambiaron drásticamente en los resultados oficiales.

El oficialismo aparece con 50% de los votos, el PLI, en segundo lugar, con 44.67%. Para llegar a ese sorprendente resultado, el partido de gobierno tuvo que obtener 7 de cada 10 votos disponibles en el 6% de las JRV donde a la oposición se le impidió acreditar a sus fiscales.

Pero resulta que en la mayoría de esas JRV donde el oficialismo contó a solas los votos, el partido oficial nunca había ganado en elecciones anteriores. Al PLI no le permitió tener fiscales, por ejemplo, en la JRV 0201. Ahí los resultados en las municipales de 2008, fueron 151 votos para la oposición y 73 para el partido de gobierno. Tampoco en la 0160, donde la oposición sacó 163 y el partido oficial 91.

Chontales: el mismo patrón
Juan Carlos Bravo es el jefe departamental de campaña de la Alianza PLI en el departamento de Chontales, y maneja en detalle los datos que, según él, son los correctos sobre la votación del 6 de noviembre.

Bravo explica que pudieron reunir las actas de escrutinio del 96.8% de las 788 JRV del departamento, a pesar de que sus fiscales no tuvieron acceso al 30% de las JRV. Recuperaron las actas no solo con esfuerzo propio, sino con ayuda de fiscales del PLC. Los resultados de esas actas de escrutinio arrojan una victoria para el PLI, con el 44.57% de los votos, seguida por el oficialismo, con el 42.66%. Sin embargo, los datos publicados por el CSE dan la victoria al Frente con el 42% de los votos, y en segundo lugar el PLI con el 41.7%.

Hubo un 3.2% de las JRV en las que el PLI no pudo acceder a las actas de escrutinio. En esas mesas de votación el triunfo del Frente tuvo que ser arrollador, al menos con una diferencia de 3 a 1, para que el CSE adjudicara la ventaja al oficialismo, contradiciendo la tendencia histórica de las votaciones en Chontales, que ha sido un bastión opositor, afirma Bravo.

¿Se puede probar tendencia nacional?
El fiscal nacional del PLI, Sergio Álvarez, señala que a nivel nacional la situación fue peor, pues la presencia de fiscales fue incluso menor. Pero aún no cuentan con las actas para documentar la dimensión del fraude, y solo han reunido el 60% de ellas.
“La defensa del voto no es una defensa física ni una lucha a campo abierto entre los diferentes estratos políticos de la población. Tenemos la Ley como base fundamental de nuestros reclamos, y si la Ley está siendo violentada por instituciones del Estado y por partidos políticos, debemos tener recursos complementarios, que es la denuncia internacional”, afirma Álvarez, al referirse al avance del tiempo, sin que se tomen medidas que den por cerrado el capítulo de las elecciones.

 

¿Cómo documentar el fraude a nivel nacional?

Ustedes pudieron mantener a sus fiscales en el 60% de las JRV del país. ¿Qué pasó en ese 60%? ¿Qué dice su conteo paralelo?

Son resultados completamente parecidos al conteo paralelo que teníamos a las siete de la noche (del día de la elección). Teníamos contabilizadas 300 JRV, y los resultados nos favorecían con un 50%, y al FSLN con un 48%. ¿Cuál es el problema? Que para establecer un conteo paralelo se requiere una metodología estadística, y de alguna manera el fenómeno creado alrededor de las JRV impidió que los resultados fueran lo más fluido posible. Eso, obviamente, conllevó a que nuestro conteo se estancara en determinado momento.

El proceso de votación fue tan irregular, que los resultados fueron plasmados de manera antojadiza por la falta de fiscalización. El resultado de las JRV estuvo manipulado, debido a las dificultades en el ingreso de los fiscales, expulsando a los fiscales, y todo el proceso de atemorizarlos durante la jornada electoral. Eso, reforzado al tendido electoral que tuvo el FSLN en los centros de votación.

¿Cuántos votos consideran que le fueron robados o alterados?

Entre 450 mil y medio millón de votos.

¿Con el conteo que ustedes llevan, cuántos diputados le habrían correspondido a la Alianza PLI?

Con un escrutinio a conciencia, podríamos tener entre 48 y 50 diputados, que es lo que tradicionalmente sacan las fuerzas opositoras al orteguismo en procesos electorales normales.

¿En qué departamentos hubo más irregularidades con la designación de diputados para la Alianza?

En todos los departamentos. Tenemos el caso claro de Rivas, donde según la ley, el segundo diputado le corresponde a la Alianza PLI, pero de manera antojadiza los resultados benefician al Frente. Teniendo la Ley en la mano, interpretan de manera fría y calculada esa Ley. La Ley dice que cuando uno de los partidos asume el cociente electoral, el segundo le corresponde a la otra fuerza electoral, en el caso de dos diputaciones.

Simpatizantes del PLI en Jinotega están molestos con el liderazgo del partido. Dicen que no han sido capaces de sostener un reclamo permanente por los resultados de la elección.

Como Alianza PLI no podemos izar una bandera de anarquía sin antes tener las pruebas necesarias y decir ‘esto fue lo que pasó’. No es tan automático decir ‘Ok, vamos a la guerra’. Podemos decir que la Alianza PLI va a hacer todo lo necesario para que la voluntad del pueblo se respete tarde o temprano en este país.

En 2008 hubo fraude en 40 municipios, incluyendo Managua, ahora dicen que pudo haber sido con casi la mitad de los diputados electos, ¿cómo explican a sus bases que no han sido capaces de defender sus votos?

Esto no es un capítulo cerrado, no todo está consumado. Tenemos una fuerza beligerante y un pueblo que apoya a la democracia. Alianza PLI, más temprano que tarde, va a sacar alguna estrategia que defina la defensa de los intereses de los nicaragüenses y de las personas que fueron a votar.

¿Cuándo podrían presentar esas pruebas, decirle a sus electores ‘esto pasó en la elección según nuestra información’?
No podemos ser ligeros en agarrar pruebas y presentarlas de manera arbitraria, sin tomar consciencia de que esa prueba es valedera. Estamos en un proceso de recaudación y de validación de información para ser críticos y justos en nuestras valoraciones.

La fecha para tomar iniciativas legales ya pasó. ¿Qué harán a partir de ahora?
Vamos a un proceso de denuncias permanentes de todas estas arbitrariedades.

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