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A un año de aprobación de la ley de los Comités de Agua Potable y Saneamiento conocida como CAPS, el proceso de legalización de estos organismos todavía es lento, y esto les trae dificultades para la gestión de mini proyectos de agua potable para zonas rurales donde no hay servicio.

En conferencia de prensa, los representantes de los CAPS manifestaron que han realizado 250 gestiones para legalizar el servicio, pero que solamente han aprobado 100 solicitudes, por lo que hacen el llamado a las autoridades del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, INAA, para que administren este proceso que les permite a los CAPS, obtener beneficios como: descuento a la tarifa de energía eléctrica, y exoneración de impuestos en la compra de equipo de bombeos de agua.