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La muerte de tres campesinos liberales de la comunidad El Carrizo, en Cusmapa, por parte de policías y de activistas del partido de gobierno, fue considerada como un acto de intolerancia peligroso que solo podía ocurrir en tiempos de guerra, según el análisis de diversos sectores.

El sociólogo Óscar René Vargas sostiene que pese a que por el momento estos hechos no han tenido “gran repercusión”, hay un descontento social generalizado que está formando un caldo de cultivo para una violencia política, que a muchos les recuerda el inicio de la guerra civil de los años 80.

“La trascendencia social y política no la veo aún. Creo que hay un descontento social mucho más generalizado. La falta de cédulas creó mucho descontento. Hay un caldo de cultivo: es el hecho de que no entregaron cédulas en 32 municipios del norte y centro del país”, dice Vargas.

El sociólogo, sin embargo, se enfoca en un hecho fundamental al momento de analizar las consecuencias de este descontento: “Esa zona es un corredor donde históricamente se movió la “Contra”, y también es un sector social que nunca ha sido pro sandinista. ¿Qué repercusión tendrá eso? Es difícil de evaluarlo ahora”, anotó.

La matanza de cuatro personas --tres en Cusmapa y una en Siuna-- por razones políticas, dejó una advertencia que trae recuerdos ingratos: intolerancia, autoritarismo y fanatismo, una mezcla que en el pasado dejó miles de muertos y una guerra civil, de acuerdo con los consultados.


Intolerancia y fanatismo
La visión de Gonzalo Carrión, activista del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, es que hubo una clara violación al derecho de la vida por motivos políticos, “con alevosía, saña, y con abuso de poder” por parte de autoridades policiales y de un representante de un Poder del Estado del país.

“Es un crimen del Estado contra sus ciudadanos, en el que la Policía dispara contra civiles opositores al gobierno, y no es un hecho aislado, sino una acción conjunta en que el secretario político de un partido, con vehículos de una alcaldía partidaria, con militantes oficialistas y funcionarios del CSE, van a buscar --armados con fusiles de guerra-- a un grupo de personas que habían protestado por las ilegalidades de las elecciones”, dijo Carrión.

“Lo que ocurrió fue una ejecución, mataron de varios disparos a una familia, con saña, porque una vez muertos o heridos los remataron en el piso, bailaron sobre ellos y les sacaron las vísceras a uno de los cuerpos. Eso no es homicidio, es asesinato atroz”, dijo el abogado del Cenidh.

 “Desde que un jefe policial entrega armas de guerra a sus subordinados, no piensa en reprimir una protesta. Eso fue una patrulla paramilitar a favor del partido de gobierno, contra ciudadanos civiles que protestaban contra el gobierno. Esto es algo que ocurre solo en tiempos de guerra, son barbaries que inician guerras”, denunció Carrión.

El pasado reciente

Maximino Rodríguez, diputado opositor ante la Asamblea Nacional, fue miembro de la “Contra” y combatió contra el primer gobierno de Daniel Ortega en los años 80. A su criterio, “lo que hubo en Cusmapa es una secuela del abuso de quienes se creen con la facultad de manipular los derechos de los ciudadanos”.

“Ventiún años después de la desmovilización, me da tristeza pensar que podíamos regresar a ese tipo de violencia. La gente en el campo es la que sufre con este tipo de situaciones. No sufre Daniel Ortega ni Roberto Rivas, porque ellos andan bien escoltados”, critica Rodríguez.

“El origen de la violencia no está en Cusmapa ni en Coperna, está en la violación a la institucionalidad”, analizó.

Jefe policial abusó de su autoridad

Roberto Orozco, especialista en temas de seguridad del no gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, expresó que aunque estos hechos parezcan aislados, todos tienen un elemento en común: los resultados electorales.

Orozco se enfoca en la actuación del subcomisionado de la Policía Nacional, Elvin de Jesús López Aguilera, en la muerte de los tres simpatizantes del Partido Liberal Independiente en Cusmapa: “Si hasta ahora había un sesgo en el actuar policial, lo ocurrido en El Carrizo, en Cusmapa, fue la gota que derramó el vaso. Ese policía no es un neófito, es alguien que sabe de la prohibición constitucional de inmiscuirse en asuntos partidarios”, dijo Orozco.

Policía asegura: “Es un caso aislado”
El vocero de la Policía Nacional, comisionado mayor Fernando Borge, aseguró que estos hechos no forman parte de la política institucional. “Es un hecho aislado que nosotros no aprobamos, y por eso es que la instrucción de manera seria, responsable, profesional, ha procedido” a corregirlo.

Borge recordó que tomaron ciertas medidas, entre ellas “las debidas diligencias de investigación, que fueron pasadas al Ministerio Público, además, la jefatura nacional designó a uno de sus miembros, comisionado general Ramón Avellán”, para hacerse cargo del caso.

“Además del arresto de los implicados, se sustituyó inmediatamente a todo el cuerpo de Policía y se le brindó acompañamiento a la familia, que consiste en brindarle el apoyo, la seguridad, y se le está informando del caso”, añadió Borge.

Doble rasero
Pero Orozco dice que “la Policía no puede decir que es un hecho aislado, porque todo el monitoreo que se le ha hecho a la labor de la institución, indica que hay una gestión para favorecer a los miembros y manifestantes del partido de gobierno. La institución policial está viendo que hay dos tipos de ciudadanos: los que pueden andar con protección policial y otra clase que no goza de esos privilegios”.

En resumen, con esta situación, según Orozco, la Policía Nacional es la gran perdedora en tres aspectos: por su papel de aliada política del partido de gobierno, que le resta credibilidad; por revertir la esencia de su papel institucional, que es proteger a la ciudadanía de la violencia y no matar a balazos por diferencias ideológicas, y, por último, por manipular las investigaciones y excluir de las diligencias investigativas a funcionarios del CSE que pobladores de Cusmapa involucran en los hechos violentos.