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El Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia destituyó a dos personas encargadas del pago a jurados en los Juzgados de Managua, por la sustracción de 22 mil córdobas para beneficio propio, según una auditoría que culminó este mes en dicha institución.

La magistrada Alba Luz Ramos, Presidenta la Corte Suprema de Justicia, CSJ, expresó que la decisión fue tomada por el Consejo el mes pasado, porque los resultados de la auditoría tardaron mucho, por tanto, aplicaron la Ley de Carrera Administrativa.

“El informe de auditoría manda que apliquemos sanciones de quitarles de tres a cinco salarios a las personas responsables. El problema es que nosotros a través del proceso disciplinario que establece la Ley de Carrera Administrativa, ya las habíamos destituido, porque el informe de auditoría tardó muchísimo, y nosotros teníamos que resolver ese caso”, dijo Ramos, sin detallar nombre de los funcionarios despedidos.

La investigación contable inició hace tres meses, después de detectar fuga de dinero en la cartera de pago a jurados de conciencia que participan en juicios en los Juzgados de Managua, confirmó el magistrado Gerardo Rodríguez, Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua.

Como resultado de la auditoría, se confirmó la sustracción de 22 mil córdobas de dicha cartera, equivalentes de unos 50 pagos de jurados, ya que cada uno recibe 438 córdobas por participar en un juicio oral y público.

Rellenaban espacios
El magistrado Rodríguez explicó que había un comprobante de pago con seis espacios para rellenar con nombre, cédula y firma de la persona que asume la función de jurado, pero cuando no llegaban, los ahora destituidos rellenaban con nombres de otras personas y sustraían el dinero del pago.

El magistrado aseguró que reforzarán la seguridad en el manejo de este dinero y la documentación, para evitar este tipo de robo. El año pasado, en esta misma cartera, hubo un faltante de 67 mil córdobas, según auditoría de la Corte.

Desde que las autoridades del Poder Judicial se dieron cuenta del faltante, también interpusieron la denuncia ante la Policía Nacional.

Aunque esta indagación empezó en septiembre, con las auditorias, el magistrado Rodríguez aseguró que, a la fecha, la Policía no ha pasado ningún informe al respecto.