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Leonora Gámez, una nicaragüense de 35 años, es obligada a prostituirse por unos cuatro dólares en un bar de la frontera del sur de México, donde la explotación sexual de indocumentadas centroamericanas es un problema social en expansión.
Esta morena, bajita, y aparenta más edad, y cayó atrapada en las redes de prostitución que operan en la zona, cuando hace unos años dejó Nicaragua --el segundo país más pobre de América Latina después de Haití-- con la intención de llegar a Estados Unidos, buscar un trabajo y prosperar.

Pero hoy trabaja de mesera en una cantina de Ciudad Hidalgo, en el sureño estado mexicano de Chiapas, donde le pagan 50 pesos mexicanos por cliente, un “servicio” sexual que dice le impuso la dueña del negocio como “requisito” para no denunciar su condición de indocumentada ante las autoridades migratorias mexicanas.

“Después de cinco años ya me acostumbré. Al principio me daba asco, pero luego lo vi como un trabajo”, dice Gámez a la AFP, en una calle de Ciudad Hidalgo, mientras camina hacia la balsa que la llevará --ilegalmente-- a la vecina ciudad guatemalteca de Tecún Umán, a comprar provisiones y “a buscar algún cliente”.

Prostíbulos abundan
Los prostíbulos pululan en Ciudad Hidalgo, adonde los inmigrantes indocumentados de Centroamérica y de otros países llegan tras cruzar el río Suchiate en balsas construidas con tablas y neumáticos.

Según el fiscal de Migrantes de Chiapas, Enrique Méndez, la explotación sexual de inmigrantes en Ciudad Hidalgo y otras ciudades del estado, como Tapachula, es un problema que tratan de resolver, pero se dificulta, pues muchas víctimas no denuncian su caso ante las autoridades por temor a represalias.

La Fiscalía ha consignado desde 2009 a poco más de 10 tratantes de personas, lo cual es considerado mínimo por defensores de derechos humanos que hablan de una “expansión” del problema.

“Si no tenemos esas denuncias, poco se puede hacer; pero aun así se hacen los esfuerzos que las mismas leyes nos permiten para contrarrestar estos casos que están fuera de la ley. No se puede permitir ni la explotación ni la trata de personas”, dijo Méndez a la AFP.

Una salvadoreña que huyó

Maritza Montes, una salvadoreña de 25 años, logró salir de la prostitución, pero nunca denunció su situación. Era obligada a prostituirse --por unos 15 dólares-- con la clientela de camioneros o choferes de autobuses de un bar de Tapachula, donde trabajó dos meses.
“Un coyote (traficante de indocumentados) con mentiras me dijo que mientras nos llegaba el día de seguir el camino hasta la capital de México, me iba a conseguir un empleo temporal y que así podía ganar unos pesos, pero lo que hizo fue llevarme a un bar donde me obligaron a trabajar vendiendo mi cuerpo”, narró a la AFP.

Fue “horrible”, dos meses “tortuosos”, recuerda la joven, quien hace un año vive en Comitán de Domínguez (Chiapas), tras abandonar Tapachula junto a una hondureña que también era explotada en el mismo bar.

Muchas son menores de edad, humilladas, maltratadas, violadas. Algunas llegan desde sus comunidades de origen engañadas con una supuesta oferta de trabajo, deben laborar largas jornadas para pagarles a los ‘coyotes’ o a los dueños de los bares que apenas les dan de comer o un lugar donde vivir, según las denuncias.

El viernes, en Comitán de Domínguez, El Salvador y Guatemala inauguraron un consulado conjunto para ayudar a velar por los derechos humanos de los indocumentados de ambos países, que buscan llegar a Estados Unidos.

“Los hombres con que me acostaba a veces me regalaban unos pesos de más, eso lo fui guardando, y cuando tuve un poco de dinero me escapé, y me siguió la chica hondureña. Yo me vine para Comitán y no sé adónde se fue ella”, relató Montes.

En Comitán, primero consiguió trabajo en una taquería y luego en un negocio de venta de celulares, donde esta trigueña de larga cabellera negra trata de salir adelante.

Leonora Gámez no ve una salida cercana a su terrible situación: “Algún día, si no me he muerto, quizá me vaya a Estados Unidos”.